Más personas sin hogar
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De las personas que no tienen hogar en España, cerca de 23.000 utilizan albergues y servicios públicos de protección social, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras dejan fuera al resto de personas sin hogar o en exclusión residencial que contempla la clasificación de la FEANTSA (federación europea que lucha contra el sinhogarismo): personas que rechazan los albergues, que no pueden acceder a ellos y a otros servicios por cuestiones jurídicas o administrativas o que viven en asentamientos, en viviendas ocupadas y en otro tipo de alojamientos.
Desde hace unos años, distintas organizaciones sociales de Madrid implicamos a profesionales y voluntarios en un recuento del Ayuntamiento para dar visibilidad y voz a esas personas excluidas también de las estadísticas oficiales. Se calcula que, sólo en Madrid, más de 2.000 personas duermen en las calles cada noche.
Esos datos complementan los recién publicados por el INE para aportar una radiografía de la exclusión social en España. Destacan la pérdida de trabajo, la imposibilidad de hacer frente al pago de la vivienda y las separaciones sentimentales como los principales motivos que precipitan la caída de estas personas.
Aunque la creación de puestos de trabajo no sólo depende de decisiones políticas, se pueden habilitar viviendas vacías para alquileres sociales de bajo coste para proteger a muchas personas en riesgo de exclusión social. El gobierno de Andalucía ha habilitado viviendas vacías en propiedad de bancos para familias desahuciadas por entidades que, muchas veces, han sido rescatadas con dinero público. En esas familias hay ancianos, niños y personas con discapacidad, lo que ha movilizado a entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En Andalucía también se ha adaptado los precios de los alquileres a la situación económica de los inquilinos. Se busca que nadie pague una cuota mensual de alquiler que supere el 25% de sus ingresos.
La falta de recursos y el desempleo se suman al desarraigo, la soledad, falta de redes, a problemas con las drogas y el alcohol, a enfermedades mentales, a las agresiones que sufren y a la extensión de tópicos y prejuicios.
Muchos salen al encuentro de estas personas por medio de programas de voluntariado social o por iniciativa propia. Algunos plantean las actividades culturales, creativas y de tiempo libre como instrumento para que estas personas recuperen su dignidad y su autoestima.
Este fomento de las capacidades humanas sirve para salir de la situación de calle y poder encontrar trabajo y vivienda. Pero sólo se consigue una presión coordinada a las instituciones públicas por medio de redes y alianzas de distintas organizaciones de la sociedad civil, como la FEANTSA o la European Anti-Poverty network (EAPN).
En Estados Unidos, la National Alliance to End Homelessness (NAEH) ha abordado el sinhogarismo. Además de políticas de vivienda, los gobiernos juegan un papel importante en prevenir la exclusión social por medio de servicios para personas que han salido de largas estancias en los hospitales, de las cárceles e instituciones para personas con enfermedad mental.
“Hace casi 20 años, una compañera se llevó de mi mesa un café caliente. Era para un hombre aterido en aquella helada noche madrileña. Ahí comenzó todo. Nunca pude imaginar que, en el atardecer de mi vida, llegaría a ver semejante situación en una sociedad culta y con tradición de solidaridad, y de acogida”. Habla José Carlos García Fajardo, fundador de Solidarios para el Desarrollo, sobre los inicios del programa de voluntariado con personas sin hogar, que no ha dejado de funcionar por el creciente fenómeno del sinhogarismo.
Por medio de programas de sensibilización y de información, es posible fomentar la confianza de las personas sin hogar para que se acerquen a los recursos facilitados. Distintas organizaciones coincidimos en la necesidad de limitar el tiempo de permanencia en albergues para evitar que las personas se institucionalicen. Esto se complementa con un sistema de búsqueda de viviendas y facilidades para acceder a servicios sanitarios y psicológicos. Con nuestros socios y voluntarios, las organizaciones sociales tenemos legitimidad democrática para promover y exigir este tipo de medidas. La crisis no puede servir de excusa para dejar de poner medios necesarios para la prevención y para la reintegración de personas que han perdido su hogar.
