Un centenar de ONG piden al CGPJ que frene la legalización de las devoluciones 'en caliente'
Nuevo intento de las entidades sociales por frenar la legalización de las devoluciones 'en caliente' a pie de valla. En un escrito, 129 organizaciones han pedido este martes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que emita un informe preceptivo sobre la enmienda presentada por el PP a la Ley de Seguridad Ciudadana, que da cobertura legal a este tipo de expulsiones. Ahora la pelota está en el tejado del órgano de gobierno de los jueces. Si consideran que la reclamación tiene fundamento, podrían solicitar el acceso a la enmienda, paralizando así su tramitación parlamentaria.
Las organizaciones entienden que al ser una enmienda que lesiona derechos fundamentales, incompatible con la Constitución y el derecho internacional, debe contar con una valoración previa del CGPJ. Para cimentar su petición, las entidades firmantes recurren al artículo 561.1 de la LOPJ, que estipula que las leyes que afecten a la tutela judicial de derechos fundamentales deberán someterse al informe del órgano judicial. En el escrito, también solicitan una audiencia con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para tratar más a fondo el asunto.
“Se ha presentado una enmienda que no modifica la Ley de Seguridad. Se ha utilizado esta ley para modificar en verdad la de Extranjería por la puerta de atrás. Por tanto, la enmienda no debería haberse aprobado sin haber contado antes con informes preceptivos, que no son vinculantes, pero que son importantes”, asegura Cristina Manzanedo, portavoz de las entidades firmantes. En los próximos días, volverán a presentar un escrito de características similares, esta vez ante el Consejo de Estado y el Ministerio Fiscal, para “visibilizar el problema de procedimiento en el que ha incurrido el Gobierno”, dice Manzanedo.
Existe una doctrina jurisprudencial muy asentada en la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca del alcance de la omisión de los informes preceptivos no vinculantes durante el proceso de elaboración de las normas“, explican los participantes en el texto, para incidir en que ”el carácter constitucional y consultivo del CGPJ está fuera de duda“, por lo que le son de aplicación todos los argumentos que respaldan que se consulte forzosamente al Consejo de Estado.
No sería la primera vez que un texto sale del Congreso en plena tramitación para que los jueces puedan plasmar en un escrito si la nueva ley está acorde con lo fijado en el ordenamiento jurídico. Según el escrito, allá por 1996, se detuvo el recorrido parlamentario de la proposición de Ley Orgánica reguladora de la tutela cautelar penal presentada por el PNV para que el CGPJ presentara un informe sobre la iniciativa. De esta forma, se consiguió que no se abriera el plazo de enmiendas hasta que no fuera recibido en la Cámara el informe.
Existe un segundo precedente. Durante la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LO 4/2000, de 11 de enero de 2000, fue el propio Consejo General del Poder Judicial el que reclamó su competencia para emitir un informe. Esto generó que el Consejo de Ministros tuviera que aprobar una segunda vez el proyecto de ley tras incorporar al texto alguna de las aportaciones realizadas por el organismo de los jueces.
Qué dice la enmienda presentada por el Grupo Popular
En concreto, lo que dice esa enmienda presentada por el Grupo Popular a última hora, que modifica la Ley de Extranjería, es lo siguiente: “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. La redacción da a entender que la Guardia Civil podrá expulsar a los inmigrantes que salten la valla sin que exista un control judicial previo.
Las 129 entidades sociales no están solas en su lucha por demostrar la ilegalidad de la enmienda y la falta de informes consultivos previos. Organismos como la ONU, juristas, partidos políticos e incluso la mismísima Unión Europea ya han advertido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que la reforma no solo viola la Constitución Española, sino que también va en contra de tratados internacionales como la Convención de Ginebra o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Los organismos que este martes secundaron el texto ante el CGPJ fueron más o menos los mismos que ya presentaron un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir la retirada de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, y en concreto, la enmienda del PP, que permitiría que, sin identificar y sin asistencia jurídica, la Guardia Civil pueda entregar a los gendarmes marroquíes los inmigrantes que ya hayan pisado suelo español. Sus iniciativas no se han limitado exclusivamente a la redacción de estos dos escritos, también han optado por convocar varias concentraciones en protesta.
En el listado de las 129 organizaciones que firman la petición al CGPJ se encuentran entidades sociales procedentes de toda España. Entre ellas, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Confederación General del Trabajo (CGT), un círculo de Podemos, Médicos del Mundo o SOS Racismo.
Hace unos meses, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ya criticó duramente la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida coloquialmente como ley mordaza– al encontrarle tachas de inconstitucionalidad en relación con las retenciones en caso de que las personas se nieguen a identificarse ante la Policía, las instalaciones de controles en lugares públicos y la denegación del pasaporte en caso de declararse estados de alarma, excepción y sitio. Luego el Gobierno matizó algunas partes del texto, si bien esa consulta por parte del CGPJ fue antes de aprobar la controvertida enmienda.
El Gobierno ha defendido una y otra vez que las devoluciones 'en caliente' se ajustan a la legislación nacional e internacional. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió que “se ajustan a toda la legalidad” y justificó la futura reforma con un nuevo argumento: como la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (1986) –que recoge la obligación de controlar las fronteras– es anterior a la Ley de Extranjería (2000) –que incluye el derecho del inmigrante a una expulsión con garantías–, primaría la primera sobre la segunda. Las ONG, en cambio, consideran que es todo lo contrario.
