Las críticas contra el principal sello de aceite de palma sostenible enturbian su reunión anual

Redatus Musa se ha cansado de repetirlo: “Pedimos a la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible que se tome en serio de una vez nuestras quejas porque hace muchos años que protestamos. Es la última vez que lo decimos. Si no hay respuesta, la comunidad buscará sus propias soluciones”.

El líder indígena ha volado más de 4.000 kilómetros, los que separan Sanggau, la provincia de la que procede en el centro de la isla indonesia de Borneo, de Bangkok, para llevarle personalmente el mensaje a la Mesa Redonda para el Aceite Sostenible que celebra en la capital tailandesa su decimocuarta reunión anual.

Musa no es el único descontento con la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible (RSPO en sus siglas en inglés), la principal certificación justa de esta industria, que actualmente produce aproximadamente el 13 por ciento del total del aceite de palma mundial.

Fundada en 2004 a iniciativa de WWF y con un fuerte apoyo de la industria, el sello pretendía responder a las fuertes críticas, sobre todo medioambientales, en las que estaba inmersa esta industria que produce un tercio del total del aceite consumido mundialmente.

Para ello, la RSPO estableció los llamados Principios y Criterios, una serie de requisitos que las plantaciones y las refinerías que quieran obtener el sello deben cumplir. Entre ellos, se incluye el respeto a las leyes locales y a la propiedad de tierras indígenas, como las que, asegura Musa, han sido arrebatadas a su comunidad por Sime Darby, uno de los principales productores de aceite de palma en Indonesia y miembro de la RSPO.

El mecanismo de quejas que la RSPO contempla para asegurar que sus miembros cumplen con sus principios ha sido uno de los elementos más criticados del sello. “Hasta ahora, las decisiones se han alargado mucho en el tiempo y la realidad es que no se da nunca soluciones reales a las comunidades”, asegura Andi Muttaqien, investigador de Elsam, un grupo para la defensa de derechos humanos en Indonesia, el primer productor mundial de este aceite.

Los propios estándares también han sufrido muchas críticas. Aprobados en 2005, los Principios y Criterios empezaron realmente a funcionar en el año 2007, y se han mantenido casi intactos hasta hoy, a pesar de que sufrieron una pequeña revisión en 2013, explica Andrew Ng, antiguo secretario de la RSPO y responsable entonces de aprobar los primeros principios de certificación.

“Era un documento bastante completo en ese momento, pero había muchas cosas que no sabíamos”, asegura Ng, quien ahora dirige la consultora en negocios responsables Grassroots. La próxima revisión será aprobada en 2018 pero aún se está discutiendo qué principios serán reformados y qué nuevos criterios se incorporarán.

“Creo que el objetivo ahora es incluir a toda la industria. Pero siempre habrá productores a quienes no les importe la certificación porque venden a mercados locales. Así que es muy difícil hacer que todo el mundo se comprometa”, continúa Ng. “Cuando intentas acomodarte a todo el mundo, empiezas a desviarte de tu objetivo original”.

Principios poco exigentes y fuera de control

Una de las principales críticas se ha dirigido a los estándares medioambientales, supuestamente el punto fuerte del sello. “La RSPO aún deja abierta la posibilidad de deforestar bosque secundario”, asegura Annisa Rahmawati, investigadora sobre bosques de Greenpeace Indonesia, en referencia a bosques con una alta biodiversidad, pero que han sufrido algún tipo de intervención humana.

Su organización publicó en 2013 el informe titulado “Certificando destrucción” que denunciaba a la RSPO por permitir la “deforestación y la destrucción de tierras de turba”. “El análisis de mapas muestra una deforestación significativa en concesiones propiedad de miembros de la RSPO y que una parte importante de los fuegos que han cubierto el Sudeste Asiático de humo este junio [de 2013] se dieron en concesiones de miembros de la RSPO”. En 2015, los fuegos fueron aún más intensos y el gobierno indonesio calculó que al menos 1,7 millones de hectáreas sucumbieron pasto de las llamas.

Las críticas a la poca atención que se ha prestado a las condiciones laborales han tomado fuerza durante el último año, especialmente después de que el Wall Street Journal encontrara condiciones análogas a la esclavitud en una plantación de Felda, uno de los miembros más importantes del sello.

“La deforestación y las disputas por la tierra han sido predominantes [en las discusiones de la RSPO]”, asegura Rikke Netterstrom, directora de Helikonia, una consultoría de sostenibilidad. “Es increíble que en diez años no se haya prestado atención a los estándares laborales”, continúa. Para llenar ese hueco, varias ONG, sindicatos y grupos de inversores sostenibles publicaron el año pasado una guía de sobre los derechos laborales que deberían cumplirse en las plantaciones para que sean consideradas justas.

La eficacia de las auditorías que tienen que comprobar sobre el terreno que las normas son respetadas también ha sido puesta en cuestión. Así, la Environmental Investigation Agency (EIA) documentó varios casos en los que los auditores de la RSPO no habían sido capaces de identificar violaciones graves de sus principios.

“Los fallos demostrados por los auditores son sistemáticos. Estos revelan no solo una falta de competencia pero, de forma más generalizada, una falta de intención de identificar los defectos y de obligar a las empresas a atenerse a los estándares”, aseguraba el informe.

Uno de los últimos fallos en este sistema de control afecta directamente al grupo Pepsico, cuyo proveedor de aceite de palma Indofood ha violado de forma repetida los estándares laborales de la certificación, según la denuncia interpuesta por el grupo medioambiental Rainforest Action Network (RAN), la organización por los derechos laborales en Indonesia OPPUK, y el Foro Internacional por los Derechos (ILRF en sus siglas en inglés) ante la RSPO. La demanda se basa en una investigación realizada por RAN y OPPUK sobre dos de sus plantaciones donde se encontraron, entre otros, casos de trabajo infantil o salarios por debajo del mínimo legal.

Sin embargo, las represalias en forma de suspensión como las que RAN y el resto de demandantes esperan obtener por parte de la RSPO han sido una excepción a la norma. Uno de los casos más sonados fue el de IOI, uno de los mayores productores de aceite de palma, que en abril de este año fue suspendido por violaciones de los principios en varias de sus plantaciones subsidiarias.

Como respuesta, varias marcas, entre ellas Unilever, anularon sus pedidos a la empresa y IOI decidió denunciar a la RSPO por daños a su imagen. En agosto, la RSPO anuló la suspensión y devolvió la certificación a la empresa debido a los “buenos progresos alcanzados” por la firma.

Criterios más exigentes pero voluntarios

Las ONG no son las únicas que piensan que los criterios de la RSPO no son suficientes y la propia industria ha organizado un grupo dentro de la organización, bajo el nombre RSPO Next, para certificar criterios más exigentes que debería ser aprobado durante la asamblea general que se celebra el jueves.

Danone y Ferrero, entre otros, han impulsado además el Grupo de Innovación del Aceite de Palma, que también pretende mejorar los estándares de la certificación. El Manifiesto por la Palma Sostenible, por su parte, se centra sobre todo en la protección de bosques con altas reservas de carbono.

No todo son críticas a la certificación y muchos creen que la organización es el único camino para dar respuesta al incremento de la población y del consumo, especialmente porque el aceite de palma es la planta oleosa más productiva que existe. “El aceite de palma requiere nueve veces menos terreno que la misma cantidad de aceite de soja”, asegura Michelle Desilets, fundadora del Orangutan Land Trust, otra ONG que trabaja en la conservación de estos animales. “La única alternativa al aceite de palma es el aceite de palma sostenible”.