Las claves de dos años de exclusión sanitaria
Casi tres años años después de que el Gobierno publicara en el BOE el decreto que dio forma a su reforma sanitaria, y que más tarde quitaría sus tarjetas a cerca de 870.000 personas, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso ha afirmado que devolverán a los inmigrantes en situación irregular la asistencia en Atención Primaria. La población sin permiso de residencia ha sido de las más afectadas por la exclusión sanitaria, según han denunciado las ONG. Por el camino quedan las denuncias de irregularidades en la atención obligatoria, como las urgencias, y la muerte de tres personas: Alpha Pam, Soledad Torrico y Janeth Beltrán.
En abril de 2012, el decreto 16/2012 hacía público el recorte de derechos de atención médica que iban a sufrir, entre otros, los inmigrantes en situación irregular y que entraría en vigor en septiembre. Estas personas perdían el acceso normalizado al sistema de salud público y sólo serían atendidas en caso de urgencias y, en todo caso, cuando se tratase de embarazadas y menores de edad.
En agosto, un nuevo decreto que regulaba la condición de “asegurado y beneficiario” ampliaba la atención a las víctimas de trata y los solicitantes de protección internacional mientras su estancia esté autorizada en España. Después, el Gobierno apuntaba que en los casos de salud pública, como las enfermedades infecciosas, los pacientes también tendrían acceso a seguimiento médico.
Aunque el decreto 16/2012 nacía con el título “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” y, según el Ejecutivo, pretendía homogeneizar la atención entre las comunidades autónomas, las diferencias en la aplicación de la norma entre las diferentes regiones ha sido una de las principales características.
Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Andalucía y Canarias rechazaron la norma y han regulado, dentro de sus competencias, para que estas personas pudieran acceder al sistema sanitario público. Además, varias regiones y el Gobierno presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional por diferentes motivos, como por la invasión de competencias y restricción de derechos fundamentales.
Algunas regiones gobernadas por el Partido Popular, como la Comunidad Valenciana y Galicia, aprobaron “programas de protección”, que dan acceso al médico de cabecera a los inmigrantes que superan un cierto periodo empadronados en estas regiones y cuentan con recursos limitados.
La solución que propuso la exministra de Sanidad, Ana Mato, para las personas sin tarjeta sanitaria pasaron por unos seguros públicos de atención sanitaria, con un coste de entre 60 y 157 euros al mes, que a principios de año solo contaba con 489 personas suscritas. Los convenios públicos no incluyen la prescripción farmacéutica.
Las organizaciones en contra de la exclusión sanitaria, como Médicos del Mundo y Yo Sí, Sanidad Universal, han denunciado en estos más de dos años la confusión imperante en los centros sanitarios a raíz de la norma, donde se ha llegado a excluir a personas en supuestos contemplados en la nueva legislación, y las enormes diferencias de los derechos de los ciudadanos dependiendo de la región donde vivan.
Los nombres de Alpha Pam, Soledad Torrico y Janeth Beltrán, que no contaban con tarjeta sanitaria debido a su situación administrativa y murieron sin la atención adecuada según sus familiares, están presentes en todas las denuncias de las ONG. El decreto ha costado vidas, aseguran, y exigen su derogación. Este medio publicó, entre otras, la historia de Milagros, que tuvo un aborto después de haber sido rechazada en urgencias; la de Óscar, al que exigieron un compromiso de pago de 390 euros para verle en urgencias en un hospital público madrileño; la de los ancianos extranjeros residentes legales en España, gracias a la reagrupación familiar, a los que la Seguridad Social niega la tarjeta sanitaria porque no han cotizado antes en España.
Este marzo, la mayoría de los partidos de la oposión ha acordado incluir en sus programas electorales la “restitución efectiva” del derecho universal a la salud para todos los ciudadanos que viven en España. Entre ellos no se encuentra Ciudadanos, cuyo líder Albert Rivera ha defendido un sistema con “cobertura básica” para los inmigrantes en situación irregular, como el que aprobó el Partido Popular.
La Defensora del Pueblo y el Constitucional no ven probado el ahorro
La norma de exclusión sanitaria ha sido defendida como una medida de ahorro económico, como el copago farmacéutico. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no ha probado este impacto beneficioso en las arcas del Estado. Así ha quedado reflejado en los informes de la Defensora del Pueblo —que aboga por devolver el acceso a la sanidad normalizada a todos los ciudadanos— y también en un auto de abril del Tribunal Constitucional que restauró la validez de la Ley Navarra de Asistencia Sanitaria (recurrida por el Gobierno), que garantiza la atención a inmmigrantes en situación irregular.
En esta ocasión, el alto tribunal apuntó que el Ejecutivo no había demostrado suficientemente “el impacto económico” de la aplicación de la norma navarra, que según el Gobienro implicaba un “perjuicio económico”. El auto iba más allá y apuntaba que el derecho a la salud “no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico”. Las ONG recibieron con satisfacción la decisión del tribunal, que también se manifestó en el mismo sentido con la ley sanitaria vasca en diciembre de 2012.
La semana pasada, la Audiencia de Palma ordenó reabrir la investigación judicial de la muerte de Alpha Pam, el joven senegalés sin tarjeta sanitaria que falleció de tuberculosis en 2013, una enfermedad para la que existe tratamiento en España. El tribunal —que investiga la posible responsabilidad de una médica y un enfermero que lo atendieron en el hospital en urgencias (pero no le sometieron a la radiografía que había solicitado un médico de atención primaria)— apuntaba además que “no hay dudas de que se produjeron fallos en el Sistema Sanitario en su conjunto y en cadena”.
El auto reconoce también una de las principales denuncias de las organizaciones sociales: esta norma y la conducta de algunos hospitales (que exigen compromisos de pago en urgencias, una “ilegalidad” según recoge el juzgado) han ahuyentado de las consultas a algunas personas que requerían asistencia médica por miedo a que no les atendieran.
