Tú ganas votos, ellas se juegan la vida
Lo que para el ministro de Justicia supone ganar un puñado de votos, para miles de mujeres es la diferencia entre vivir o morir. Y es que los datos son los que son: 47.000 mujeres mueren anualmente en todo el mundo debido a abortos inseguros y cinco millones sufren lesiones graves como consecuencia de los mismos.
En España, al igual que en varios países europeos como Hungría, Polonia o Rusia, este derecho está siendo cuestionado, no sólo desde los fundamentalismos religiosos y políticos o los sectores conservadores de la sociedad, sino desde los propios gobiernos. Tradicionalmente los avances políticos en materia de derechos, en el marco de la Unión Europea, han tenido un cierto “efecto espejo” en otros países. En el caso de España, era especialmente América Latina quien miraba hacia nosotros reconociendo los avances en materia de derechos. Parece que la tendencia se invierte y si queremos saber hacia dónde vamos, no tenemos más que volver la vista hacia El Salvador.
El Salvador, donde el aborto está totalmente prohibido y penado con hasta 8 años de cárcel, una joven de 22 años se enfrenta no sólo a una posible muerte, sino a dejar solo a su hijo de 13 meses. Beatriz (nombre ficticio), que padece un lupus que le ha generado hipertensión arterial, artritis, anemia e insuficiencia renal, está embaraza de 19 semanas un feto anencefálico, es decir, sin cerebro y sin posibilidades de vivir fuera del vientre materno. Ante las evidentes complicaciones de salud, un parto supondría enfrentarse a perder la vida o a sufrir serias complicaciones que podrían causarle secuelas físicas para el resto de su vida. Y sin embargo, la única solución que le ofrece el estado es arriesgarse a la muerte o a la cárcel.
Mientras, esta semana se celebra en Nueva York la 46 sesión sobre la Conferencia de Población y Desarrollo para debatir sobre tendencias demográficas; y donde países como Alemania u organizaciones como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe o Católicas por el derecho a decidir, han alertado del peligro que supone que los países no garanticen los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres tal como se comprometieron con Plan de Acción de esta conferencia desde 1994, entre ellos España.
Ignorando este compromiso, Gallardón ha anunciado la semana pasada los términos de la reforma de la ley del aborto, demandada por la Conferencia Episcopal, que reclama su derecho a poder opinar sobre este asunto. Un derecho que sin embargo, se niega a movimientos y organizaciones de mujeres, e incluso a la Federación de Planificación familiar.
Porque la reforma de la ley del aborto, no sólo es un retroceso de más 25 años en los derechos de las mujeres; sino que supone volver a un tiempo donde las mujeres -las que podían permitírselo- viajaban al extranjero para abortar o lo hacían clandestinamente en España. Sumaríamos a España a la lista de países donde el aborto está restringido o penalizado por la legislación, y dónde se producen la gran mayoría de los abortos inseguros, obligando especialmente a mujeres pobres y jóvenes a interrumpir el embarazo de una forma insegura.
Está demostrado que, las leyes restrictivas influyen poco o nada en el número de abortos que se realizan; pero sí determinan si éstos se llevan a cabo en condiciones de riesgo o no. En otras palabras: la penalización del aborto no implica que las mujeres dejen de abortar, sólo que lo harán en condiciones menos seguras y con consecuencias más graves. La despenalización del aborto es clave para evitar muertes por abortos inseguros; por ejemplo en Sudáfrica, donde se liberalizó la ley en 1997, el número de muertes ocasionadas por abortos se redujeron con un 91%.
Contrariamente a España en otros países, especialmente latinoamericanos, como Uruguay, Argentina, Bolivia o Ciudad de México, gracias a la reivindicación y la lucha de las mujeres, se ha abierto un debate sobre el tema y se están dando algunos tímidos avances legales que, a pesar de ser parciales, implican una importante conquista de derechos para millones de mujeres. De hecho, las organizaciones y movimientos de mujeres latinoamericanas reunidas en la Campaña 28 de Septiembre mandaron una carta a las embajadas españolas mostrando su preocupación por la reforma de la ley.
Defendamos el derecho a decidir de las mujeres y exijamos a los gobiernos que cumplan con su responsabilidad de garantizar el aborto legal, seguro y accesible tal como se comprometieron en los acuerdos internacionales. ¡La despenalización del aborto es una cuestión de derechos!
