Las devoluciones en caliente defendidas por el Gobierno seguirán siendo ilegales tras la nueva ley

Hemos visto la imagen hasta la saciedad. Un ciudadano subsahariano, tras saltar la valla de Melilla, se choca en territorio español con los agentes de la Guardia Civil. Estos le atrapan, le engrilletan, no intercambian palabras con él, abren una pequeña puerta: vuelta a Marruecos. Esta actuación era ilegal antes de la Ley de Seguridad Ciudadana con la que el Gobierno pretendía ampararla, y continuará siéndolo tras su aprobación, según los expertos consultados.

La Ley de Seguridad Ciudadana incluye una nueva figura llamada “el rechazo en frontera” que, aunque pretendía regular las devoluciones ilegales que viene efectuando la Guardia Civil desde hace años, no lo ha conseguido. La clave, apuntan los expertos, reside en la retirada de la referencia a las expulsiones “en grupo” (claramente irregulares) y en una frase incluida a última hora en la normativa: “podrán ser rechazados (…) siempre que se realice respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte”. A su vez, la ambigüedad generada en la norma podría evitar probables sanciones de la UE o la posible inconstitucionalidad de la ley.

La Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos y la Directiva de Asilo son solo algunas de las normativas internacionales que impiden la devolución colectiva de inmigrantes sin identificación previa, tal y como se están llevando a cabo en Ceuta y Melilla desde hace más de 10 años. Aquellas que el Gobierno ha defendido, las mismas que han derivado en la imputación de varios guardias civiles.

“Las devoluciones en caliente o entrega sumaria de personas a las fuerzas marroquíes como se vienen practicando en Ceuta y Melilla son radicalmente ilegales de acuerdo con la nueva regulación”, espeta Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense. “El Gobierno ha defendido que su objetivo era aportar seguridad jurídica a la actuación de la Guardia Civil en las fronteras, pero esto no se ha producido”.

“La entrega sumaria de personas interceptadas es radicalmente ilegal a la luz de la nueva legislación y su incumplimiento podrá dar lugar a sanciones”, reitera a eldiario.es Martínez, autora de un informe que desgranó la ilegalidad de las devoluciones en caliente.

“Al día siguiente de su publicación en el BOE, la Guardia Civil no podrá actuar como lo viene haciendo”, sentencia la catedrática de Derecho Penal con contundencia. “Por tanto —añade—, los 'rechazos en frontera' tendrán que efectuarse cumpliendo una serie de garantías que hasta ahora no se han tenido en cuenta.

Para que cualquier entrega de ciudadanos extranjeros a fuerzas de otro país sea conforme con el ordenamiento jurídico es necesario, asegura, un procedimiento en que se respeten los derechos de audiencia del interesado y a la asistencia letrada y de un intérprete, que deberá ser gratuita en caso de carecer de medios económicos. “Debe garantizar su control judicial efectivo, lo que implica, al menos, la identificación de los interesados y el dictado de una resolución administrativa individualizada” con posibilidad de recurso, explica Martínez.

Acnur confía en el cumplimiento de los DDHH

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados mantuvo negociaciones con el Ministerio del Interior para, en un principio, retirar la enmienda que pretendía legalizar las expulsiones en caliente. Aunque desde el Gobierno se negaron en banda, la agencia de la ONU logró introducir la referencia a la legislación de derechos humanos. Aunque todo apunta a que en la práctica las devoluciones en caliente van a continuar en Ceuta y Melilla, esta frase coloca un clavo ardiendo al que se aferran.

“Esta nueva figura jurídica —el rechazo en frontera— debe realizarse conforme a la legislación internacional de derechos humanos”, asegura Marta García, responsable de Protección de Acnur España. García se muestra confiada en que “a partir de ahora se van a crear una serie de normas para desarrollarlo”.

“Nos hubiese gustado que fuese un reglamento, pero será un protocolo de actuación”, indica. En este sentido, considera que el Gobierno va a cumplir con su nueva legislación y aplicará el rechazo en frontera siguiendo unas garantías básicas.

¿Cómo se podría aplicar el “rechazo en frontera” sin incumplir la legislación internacional de derechos humanos? “Las personas que intenten acceder deben ser identificadas, darles la posibilidad de pedir asilo en un proceso individualizado”, responden desde Acnur. “Es posible dentro de un procedimiento administrativo similar al que se lleva a cabo en los aeropuertos, un rechazo que no necesariamente es inmediato. Sí un tiempo breve, en el que se pueda identificar a la persona, especificar cuáles son sus derechos y asegurarse de que esa persona no se encuentra en necesidad de protección internacional antes de ser expulsada”, señala.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), sin embargo, desconfía del Gobierno y considera que la nueva ley no provocará un cambio en la forma de ejecutar las devoluciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. “Intentar legalizar lo que es ilegal constituye en sí mismo una violacion de los derechos humanos. Es anticonstitucional y se podría recurrir” en el Alto Tribunal, afirma Paloma Favieres, responsable del departamento jurídico de la organización.

“¿Cómo se van a respetar los derechos humanos si lo que se está regulando está prohibido?”, se pregunta Favieres. “Se han inventado la figura del 'rechazo en frontera' para llevar a cabo devoluciones sin garantías”, concluye.

Cristina Manzanedo, abogada de la ONG especializada en migraciones Pueblos Unidos, habla de vacío legal. “No hacia falta la figura de rechazo en frontera. Si están dispuestos a cumplir la legislación de derechos humanos en la frontera, podrían haberse limitado a aplicar la Ley de Extranjería, que incluye las garantías mínimas”, defiende. “Tendremos que ver si efectivamente se respeta la legislación internacional. No sabemos qué quiere decir esa frase porque no existe un desarrollo sobre cómo pretenden hacerlo”, reconoce-

“Vamos a estar pendientes de cómo se aplica. Si algo está claro es que la nueva ley no da cobertura a las devoluciones que se estan haciendo sin ningún procedimiento en las fronteras de Ceuta y Melilla. No ampara las actuaciones pasadas defendidas por el Ministerio del Interior”, reitera Manzanedo.

Fernández Díaz defiende las actuaciones pasadas

El ministro del Interior afirmó en el debate en el Congreso, en respuesta a las críticas de la oposión sobre la norma, volvió a amparar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las vallas fronterizas en las expulsiones sumarias, que “se llevan haciendo así desde el año 2005, lo único es que no se les había dado la cobertura que ahora le damos nosotros”. No menciona, por tanto, intención alguna de incluir un nuevo procedimiento para cumplir con la legislación internacional, como sostiene su nueva ley.

Las devoluciones que, como dice Fernández Díaz, se han realizado en Ceuta y Melilla desde hace años vulneran la normativa internacional mencionada en la reforma utilizada por el Gobierno para amparar las expulsiones en caliente. Estas actuaciones han derivado en la imputación de varios agentes en diferentes procesos judiciales.

“Tenemos 25 guardias civiles imputados en Ceuta y Melilla y es obligación del Gobierno dotarles de la adecuada seguridad jurídica”, añadió Fernández Díaz.

El titular de Interior hace referencia a los miembros del Instituto Armado llamados a declarar por su supuesta relación con la muerte de 15 inmigrantes, a los que participaron en la devolución de un inmigrante después de haber sido golpeado y haber quedado aparentemente inconsciente; y al coronel que firmó una orden interna sobre expulsiones en caliente.

Además, Fernández Díaz ha recurrido en diferentes ocasiones a las nuevas salas de asilo de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla para resaltar cómo los potenciales refugiados tendrían otros metodos de pedir asilo, deslizando que aquellas personas que saltan la valla no buscarían protección internacional.

“A sensu contrario' quedará muy claro que los que intenten entrar ilegalmente a España, a la UE y al espacio Schengen a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla no son personas que en principio tengan derecho a esa petición de asilo y de protección internacional, porque lo podrán ejercer a través de esas oficinas en los pasos fronterizos”, aseguró el ministro del Interior en febrero. Sin embargo, los ciudadanos de origen subsahariano no tienen acceso a estas oficinas, según los datos de Acnur.