La Policía tiene encerrada en el CIE de Madrid a una mujer embarazada de “alto riesgo”

Vanesa (nombre ficticio), una joven brasileña, llevaba menos de una semana encerrada en el CIE de Aluche (Madrid) cuando solicitó atención médica: “Fui a la consulta del centro porque me estaba dando un cólico y no me venía el periodo. Tenía unos dolores horrorosos en la barriga y en los pechos”.

“La doctora del CIE me facilitó un test de embarazo y al ver que daba positivo le pregunté si había posibilidad de abortar. Me animó a tener el hijo y me dijo que si continuaba con la gestación tenía más opciones de salir del centro”, relata. Finalmente decidió seguir adelante con el embarazo. “No tomé la decisión por la sugerencia de la médico, sino porque quiero ser la madre de mi bebé”.

Tras ser atendida en la consulta del centro, el 21 de septiembre acudió escoltada por la policía y esposada a las urgencias del hospital Doce de Octubre. Allí emitieron un informe, al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que certifican que su gestación es de “alto riesgo” y que en ese momento estaba embarazada de ocho semanas. “Me llevaron al hospital como si fuese una delincuente. Casi me hacen los análisis con grilletes”, recuerda.

Según el Gobierno, en casos en los que una embarazada tenga conocimiento de su estado de gestación “una vez que la mujer ha sido internada, se procede a la puesta en libertad de la misma”. Esta es la respuesta que emitieron en marzo del 2014 después de que la diputada socialista Ángeles Álvarez les preguntase por el número de embarazadas encerradas en centros de internamiento.

23 días encerrada en el CIE embarazada de alto riesgo

Sin embargo, Vanesa no ha sido puesta en libertad aunque exista un informe médico que certifica su estado de gestación. “Que estoy embarazada lo sabe todo el mundo en el centro: policías, la doctora, mis compañeras de habitación...”, argumenta, “aquí lo paso muy mal, tengo muchos dolores. Cuando estoy fatal pido que me lleven a las urgencias de un hospital y no lo hacen”.

Tres días después de que se emitiese ese certificado, la Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior le remitieron una notificación de deportación. En ese documento le informaban que el 29 de septiembre se procedería a “materializar su expulsión” en un vuelo.

A punto de ser deportada

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid asegura que emitieron esa orden porque el “procedimiento administrativo de expulsión ya estaba en marcha” y admite que los agentes del CIE conocen su estado de gestación, pero no aclara si en el momento en el que se emitió la notificación ya estaban al tanto del embarazo de Vanesa.

“No entendí nada, estaba sucediendo justamente lo contrario que me dijo la doctora”, asegura la joven brasileña. Finalmente un juez paralizó la deportación doce horas antes de que despegase el vuelo. “Presenté una medida conocida como 'cautelarísima' ante el juzgado de guardia y a última hora del lunes me confirmaron que se paralizaba la expulsión. Alegué su estado de salud y que tiene arraigo en el país ya que lleva desde el 2006 viviendo aquí”, explica su letrado, Antonio Jesús Simón.

Después de que se paralizase la expulsión, fuentes policiales consultadas por eldiario.es aseguran que no se volverá a emitir una orden de deportación contra la joven brasileña. “Estamos esperando que el juez que dictó su internamiento ordene su puesta en libertad”, explica un portavoz.

“Desde que me notificaron la deportación hasta que me enteré de que se paralizaba pasaron cinco días. Fueron jornadas de muchos nervios, angustias, lo he pasado muy mal. El padre de mi futuro niño está en Murcia, tampoco tiene papeles y me moría de pena pensando que me deportaban. Esto no es bueno para mi bebé”, recuerda esta joven brasileña por teléfono desde el CIE de Aluche, en el que lleva retenida desde el 15 de septiembre.

Según relata fue detenida en un tren mientras viajaba de Alicante a Murcia, ciudad en la que reside: “Varios policías me pidieron la documentación y no tengo. Perdí el derecho a tener permiso de residencia al divorciarme de mi marido. Me daba muy mala vida, me obligaba a prostituirme”. Su abogado explica que hay casos, como el que cuenta Vanesa, en los que al romperse el matrimonio se pierde la autorización de estancia regular. “En estas situaciones el hecho determinante para tener residencia es el matrimonio con un ciudadano español”, señala el letrado.

Tras ser detenida pasó dos noches en Murcia durmiendo en calabozos, hasta que un juez dictó su internamiento en el CIE de Aluche “por el tiempo mínimo imprescindible” hasta que se ejecutase la medida de expulsión.

Atención médica insuficiente

Desde que el magistrado emitió ese auto, Vanesa está interna en el CIE. Lleva 23 días encerrada, denuncia que en el centro no tiene acceso a un seguimiento médico específico a pesar de que una doctora del hospital Doce de Octubre certificó que su embarazo tiene que ser controlado “en consulta de Ginecología de alto riesgo”. “Este no es un sitio para estar tranquila y en reposo. Hay mucho alboroto y peleas que hacen que me ponga nerviosa. La alimentación es muy mala y yo tengo que vigilar qué como”, cuenta.

Este caso no es el único en el que se han incumplido las aseveraciones del Gobierno. Adriana, otra mujer brasileña embarazada de seis meses pasó 18 días encerrada en el CIE de Aluche, el mismo centro en el que se encuentra Vanesa, a pesar de que el el Ejecutivo aseguró -en la respuesta emitida a la diputada del PSOE- que “cuando se tiene constancia de que una mujer está embarazada se opta por otra de las medidas cautelares previstas por la Ley Orgánica 4/2000, diferente a la de su internamiento en el CIE”.

Adriana también denunció en declaraciones a eldiario.es la falta de atención médica que recibió durante su internamiento: “Un día me estaba duchando y vi que estaba sangrando. Fui al médico. Conté que había sangre y empecé a llorar. Nadie me creía. Me examinó y me decía que no, que no había sangre, que me calmase y que debía conformarme, por mí y por el bebé”.