Así vulnera los derechos de los refugiados y de su población el nuevo socio estrella de la UE
“Turquía es un país seguro para refugiados”. La Unión Europea se ha aferrado a esta consideración para defender el acuerdo con el que pretende zanjar la llegada de refugiados a Grecia. Pero las documentadas vulneraciones de derechos humanos del Gobierno de Erdogan y las claras deficiencias del sistema de asilo turco cuestionan aún más la ya discutida base legal del plan de expulsar a todos los solicitantes de protección que alcancen las islas griegas.
La Convención de Ginebra, que regula el derecho de asilo a nivel internacional, prohíbe las expulsiones sumarias. Lo que sí permite es la devolución a otro país de potenciales refugiados siempre que cumplan una serie de requisitos. Esta es la premisa a la que se agarra la Unión Europea para aplicar su acuerdo con Turquía: los solicitantes, dice, no tienen por qué ir donde quieran, sino que podrían buscar protección en el primer Estado donde la encuentren. Es el llamado “tercer país seguro” o “país de asilo seguro”.
Pero esto no significa que deban pedir asilo en el primer país que pisen que no sufra un conflicto armado, recuerda el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Existen dos condiciones básicas para considerar a un Estado como seguro. Debe ofrecer “una protección efectiva y no debe existir ningún riesgo de devolución a su país de origen u a otro donde corra peligro su vida o su libertad”, apunta la ONG Human Rights Watch.
Devoluciones a 'zonas de guerra'
Turquía no lo cumple. Las autoridades turcas han llevado a cabo devoluciones de refugiados sirios a “zonas de guerra”, según ha documentado Amnistía Internacional. Las investigaciones de la ONG revelaron detenciones de personas procedentes de Siria en las provincias occidentales de Turquía, punto de partida habitual para intentar alcanzar las islas griegas. Estas personas fueron trasladadas a centros de internamiento, aislados del exterior, sin permiso de comunicarse con sus familiares ni con sus abogados.
Cuando esto ocurre, algunos obtienen la libertad. Otros han sido forzados a firmar una declaración de regreso “voluntario” a Siria, según la ONG. Los casos que Amnistía ha podido confirmar fueron trasladados al paso fronterizo en la provincia de Hatay, cuyo lado sirio está bajo dominio de grupos islamistas. Si los solicitantes de asilo son devueltos a Turquía, tienen riesgo a su vez de ser expulsados a zonas en conflicto, concluye la organización.
No es la única condición establecida en la legislación para poder devolver a un refugiado a otro país, como Turquía. Según recuerda Acnur, el solicitante de asilo debe poder pedir protección y disfrutar de todas las medidas previstas en la Convención de Ginebra. Por tanto, según detalla HRW, “deben cumplir en la práctica los derechos enumerados en la normativa, respetar los derechos humanos fundamentales, y tomar las medidas necesarias para garantizar un nivel adecuado en relación a sus perspectivas de vida”.
Protección plena solo a europeos
¿Y esto lo cumple Turquía? Según HRW, tampoco. Turquía ratificó la Convención sobre los Refugiados de 1951, que hablaba únicamente de refugiados europeos. Sin embargo, no firmó el protocolo de 1967. El resultado: el país mantiene una limitación geográfica que, en principio, excluye de la protección cualquier ciudadano no comunitario.
“Eso significa que las personas que huyen de la violencia o la persecución de cualquier país no europeo no pueden ser plenamente reconocidos como refugiados o solicitantes”, sostiene un comunicado de HRW. Desde Acnur, confirman esta conclusión aunque recuerdan una serie de normas con las que el Gobierno de Erdogan trata de aportar algunas garantías a los solicitantes de asilo sirios.
“En abril de 2014 entró en vigor en Turquía una nueva ley sobre Extranjería. Aunque mantiene la limitación geográfica a europeos, esta norma sí tiene prevista la protección a solicitantes de asilo y refugiados, independientemente de su origen”, explica María Jesús Vega, portavoz de Acnur España. En octubre de ese año, se creó un régimen especial de protección temporal para sirios. “En cualquier caso, las condiciones de vida en Turquía son muy duras. Como el 85% vive en zonas urbanas, muchos viven hacinados porque les piden cantidades desorbitadas por obtener un techo”, añade.
Un ejemplo de las dificultades con las que chocan son las trabas impuestas al acceso al trabajo. Sin empleo, los refugiados difícilmente pueden salir adelante en un país donde las ayudas se reservan generalmente a casos muy vulnerables, más allá de los campos destinados a solicitantes de asilo, explica Acnur. “Aunque existen campos, la mayoría de refugiados están en zonas urbanas y, si no tienen un trabajo, están empujados a la mendicidad y al trabajo infantil”, señala María Jesús Vega, quien recuerda que hace tan solo unas semanas Turquía ha empezado a expedir permisos de trabajo a algunos sirios.
El acceso a la escuela de los niños refugiados es otro de los problemas. Aunque es una obligación establecida en la legislación internacional de asilo, en Turquía solo un tercio de estos menores está escolarizado. “Los que sí acuden a la escuela reciben clases en colegios turcos o en otros centros de educación temporal establecidos para sirios en campamentos y en zonas urbanas. Las causas se deben al trabajo infantil, las largas distancias que deben recorrer para ir al colegio”.
No obstante, tanto HRW como Acnur enfatizan el gran esfuerzo realizado por el Estado turco a la hora de acoger a refugiados. Se estima que 2,5 millones se encuentran en el país. “Le estamos pidiendo a Turquía que asuma la acogida de los solicitantes de asilo que no está asumiendo Grecia ni el resto de los países europeos”, sentencia la portavoz de la Agencia de la ONU.
Falta de libertad de expresión
A las vulneraciones de derechos fundamentales a las que se enfrentan los refugiados en Turquía, se suman las que sufre su población. Aquellas que no encajan con los supuestos valores democráticos europeos, pero que no evitan que el país gobernado por Erdogan se convierta en uno de los nuevos principales socios de la Unión Europea.
La falta de libertad de prensa quedó evidenciada escasos días antes del anuncio del nuevo plan europeo para expulsar a los refugiados. La policía turca asaltó el 5 de marzo la redacción del diario Zaman, el más leído del país. Era la forma elegida por el Gobierno para tomar el control de un periódico crítico con el Gobierno, tras la emisión de una orden judicial solicitada por el Ejecutivo. Una vez que los responsables del periódico fueron expulsados, la línea informativa de Zaman cambió y pasó a ser favorable a los intereses de Erdogan.
“Poco a poco la situación de la prensa en Turquía ha ido empeorándose. Según la organización Freedom Hause, la prensa turca no es libre desde 2013. En 2010, les dieron una nota de 54 en una escala del 0 al 100, donde 100 sería la peor calificación. En 2015, la nota alcanzó el 65. El deterioro es notable”, apunta William Chislett, investigador independiente adscrito al Real Instituto Elcano. “El ranking de Reporteros sin Fronteras les sitúa en el número 149 de 180 países”, señala. El experto discrepa con que el trato a los refugiados por parte de Turquía sea malo y considera que los abusos se centran en su propia población, sobre todo en lo referente a la libertad de prensa y expresión.
Según Amnistía Internacional, el respeto a la libertad de expresión se ha debilitado aún más a lo largo del año pasado. “Se han abierto innumerables causas penales injustas en virtud a supuestas leyes antiterroristas y sobre difamación criminal contra activistas políticos, periodistas y otras personas que criticaban a las autoridades o a la política del Gobierno”, denuncia el último informe anual de la ONG. “Ciudadanos corrientes han comparecido en los tribunales por comentarios en redes sociales”.
“Erdogan es un tipo muy proclive a perseguir a la gente que le insulta. Muchas personas que le critican acaban siendo perseguidas. Este tipo de detenciones se han disparado con Erdogan, en base a una ley que hasta ahora prácticamente no se aplicaba”, desarrolla Chislett. “En sus primeros 18 meses como presidente había 1.845 acusaciones por haber insultado Erdogan. La mayoría de ellas lanzadas desde Twitter”, indica el investigador.
