¿Por qué el Gobierno siempre que habla de la crisis de refugiados menciona a las mafias?
Uno de los conceptos analíticos más interesantes para comprender las dinámicas sociales contemporáneas que ha aportado la teoría de las relaciones internacionales en los últimos años es el concepto de securitización. En síntesis, la securitización sería el proceso mediante el cual un determinado problema social comienza a considerarse un problema de seguridad, es decir, un problema de vida o muerte que pone en riesgo a un determinado grupo (un país, una nación, una clase social).
Para los primeros autores que construyeron esta teoría (Barry Buzan, Ole Waever) la securitización es siempre un acto discursivo. Básicamente, alguien con capacidad para construir discursivamente los problemas sociales (normalmente un gobierno) empieza a hablar de él como un problema de seguridad, es decir, algo que amenaza con poner en riesgo nuestra estabilidad, el orden legal, el sistema económico o cualquier otro absoluto mitológico que mantiene nuestra vida como colectivo.
La pasada semana, en la entrevista a la vicepresidenta del Gobierno en el programa de radio Hoy por Hoy asistimos a un “momento securitizador” en toda regla. Soraya Sáenz de Santamaría, entrevistada por Pepa Bueno, respondió a preguntas sobre la llegada de refugiados a Europa. Una de sus respuestas fue, literalmente:
En esta respuesta el movimiento securitizador consiste en construir un marco para hablar de los refugiados que lo convierte en un problema cuasi criminal, es decir, de seguridad. No se trata de que mezclen dos asuntos, sino de que el Gobierno español decide mezclar dos asuntos “absolutamente distintos”. Para la vicepresidenta, los refugiados ponen en riesgo nuestro sistema legal. No lo dice explicítamente sino que es lo que hay detrás del problema del tráfico de personas.
¿Y cuál es el problema de que se traten problemas sociales desde una perspectiva de seguridad? Fundamentalmente que, cuando hablamos de vida o muerte, la política desaparece y deja su paso a la policía. Cuando hablamos de tráfico ilegal de personas hablamos de crimen y por lo tanto la respuesta no es política, sino policial. Una respuesta policial está cerrada a la discusión democrática porque, claro, lo que pone en riesgo es nuestra seguridad y frente a eso no puede haber medias tintas.
La securitización es problemática para hablar de los refugiados porque impide que haya una respuesta política: por un lado, impide que la respuesta se base en principios políticos (o incluso morales) como la solidaridad o la simple humanidad y por el otro, cierra la discusión en torno a las “opciones” políticas para tratar con los refugiados. Sólo queda una opción: la guerra, o sea, la policía. Y cierra también otros diagnósticos más complejos que tienen en cuenta el papel de los países occidentales en las crisis recurrentes que provocan refugiados recurrentemente. O para afinar un poco más todavía: el diagnóstico sobre dónde lavan el dinero los que tráficon con personas en el Mediterráneo.
Como todo proceso político, el movimiento securitizador se enfrenta a resistencias por parte de otros actores sociales. En la mencionada entrevista hemos visto clara la opción del Gobierno. Su manera de afrontar la crisis de refugiados es un problema de seguridad y por lo tanto, la respuesta ha de ser policial. La solidaridad, la humanidad, el estado de guerra global permanente o cualquier otro factor queda fuera del diagnóstico porque Sáenz de Santamaría ha optado por elegir el problema del tráfico de personas como el que se junta a la llegada de refugiados. La batalla está, también, en el terreno de la desecuritización: resistir a esta lectura del problema y construir otras alternativas es clave no sólo para resolver el problema (porque ningún problema es solo policial) sino para hacerlo con algo de dignidad.
