Así frenó una comunidad indígena los planes de la empresa española Ecoener-Hidralia en Guatemala

“Ganamos, ganamos”. La voz del defensor Rubén Herrera suena, al otro lado del teléfono, entre satisfecha y cansada. Este miembro de la comunidad de Santa Cruz de Barillas, al norte de Guatemala, es uno de los 21 líderes indígenas que han sido encarcelados en los últimos años por oponerse a un proyecto hidroeléctrico de la transnacional española Ecoener-Hidralia sobre el río Cambalam.

La historia de Rubén Herrera explica la historia del impacto de la gallega Ecoener-Hidralia sobre los pueblos mayas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’ de Santa Cruz de Barillas; las consecuencias de ocho años de resistencia y una particularidad que hace que este caso sea paradigmático: el proyecto nunca se ha llegado a ejecutar. La comunidad ganó, pero no está todo hecho.

La organizaciones Alianza por la Soidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala iniciaron hace ahora un año una campaña que culminó el pasado 3 de noviembre con la entrega de 23.000 firmas al embajador de Guatemala en España, Fernando Molina Girón, para exigir la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia del país.

Unos días antes, Arturo Pablo Juan, miembro del Movimiento Social en Defensa de la Vida y los Bienes Naturales —encarcelado durante un año y cinco meses por su oposición al proyecto—, expuso los costes de la presencia de la empresa española ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La reunión se enmarcaba en la segunda sesión del Grupo de Trabajo por un Tratado Vinculante sobre Transnacionales y Derechos Humanos. “Un tratado internacional e incluyente puede contribuir a la erradicación de estas injusticias”, dijo.

Ecoener-Hidralia se estableció en Guatemala en 2008, a través de su empresa subsidiaria Hidro Santa Cruz, encargada de ejecutar el proyecto Cambalam I. Este consistía en el aprovechamiento de un salto natural de agua del río Cambalam, una cascada de 272 metros de altura ubicada en Santa Cruz de Barillas.

Ignoraban que la población mantiene una conexión especial con este lugar. “Esas cataratas son un centro cultural, allí se llevan a cabo ceremonias, Cambalam significa Tigre Dorado”, explica Herrera. La empresa pretendía construir una pequeña central eléctrica con potencia de 4,96 megavatios, con una concesión de explotación para 50 años, señala un informe de Alianza por la Solidaridad.

Pese a que Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, y la Constitución guatemalteca establece la preeminencia de los instrumentos internacionales, el país no ha articulado los procedimientos para realizar esas consultas. Según denuncian desde entonces, la población de Santa Cruz de Barillas no recibió ninguna información ni fue consultada.

La criminalización como estrategia

A mediados de 2009, operarios de la empresa empezaron a hacer mediciones, se compraron y alquilaron tierras alrededor del río y comenzaron los problemas. “Lo que hicieron fue desembarcar allí teniendo los acuerdos o el beneplácito de las autoridades de Guatemala, y entendiendo que iban a hacer el bien porque iban a generar energía eléctrica y que nadie se iba a oponer”, relata Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Local Sostenible en Alianza por la Solidaridad. eldiario.es se ha puesto en contacto con Ecoener Hidralia para conocer su posición pero no ha recibido ninguna respuesta.

El director ejecutivo de Ecoener en Centroamérica y gerente de Hidro Santa Cruz, Fernando Rodríguez, reconoció el año pasado en un vídeo que no hicieron las cosas bien. “Es cierto que en un primer momento quizás no supimos entender bien cómo funcionan las cosas y nos equivocamos”, admitió entonces.

En aquella época, Rubén Herrera formaba parte de una asamblea en Huehuetenango responsable de llevar a cabo consultas comunitarias en defensa del territorio. En sus consultas propias, la comunidad rechazó la presencia de la empresa española, que ya había vallado las tierras e introducido maquinaria.

Fue el origen de enfrentamientos entre locales y trabajadores, y de las primeras órdenes de captura por denuncias como atentar contra la propiedad privada y detención ilegal. Una de estas órdenes fue contra Rubén Herrera. “Desde 2009 empezó una persecución en contra de mi persona y otros líderes, la criminalización es una estrategia para implantar como sea los proyectos, las empresas no quieren oposición”, constata.

Entre 2011 y 2014, apunta Almudena Moreno, se han emitido más de 50 órdenes de captura. “Todo el aparato del Estado se ha volcado en criminalizar a los líderes comunitarios que defendían su territorio y su río”, explica. “La empresa actuaba a través de sus trabajadores, que empiezan a interponer denuncias acusándoles de todo, de terrorismo, posesión ilícita de armas, secuestro, atentados contra la seguridad de la nación…”.

La investigación publicada con el apoyo de varias organizaciones sociales en junio de este año “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala” recoge de manera pormenorizada las irregularidades cometidas en los procesos judiciales contra estos líderes comunitarios. “Un dato curioso, el abogado de los trabajadores era casualmente el mismo abogado de Otto Pérez Molina [ex presidente de Guatemala, en prisión desde septiembre de 2015 por delitos de corrupción]. ¿Cómo podían pagarlo? La misma empresa reconoció que tenían que echarle un cable a sus empleados”, puntualiza Moreno.

“La vida se rompe”: el miedo y las secuelas del conflicto

La tensión fue en aumento, a medida que crecía también la división entre la propia comunidad. En 2011, con dos órdenes de captura sobre él, Rubén Herrera tuvo que salir del municipio. “Abandoné todo, mi trabajo, mi casa… hasta que me detuvieron”. Lo encarcelaron el 14 de marzo de 2013 y permaneció preso hasta el mes de agosto de ese año.

Su mujer, Cecilia Mérida, recuerda aquellos meses: “La vida se rompe. Y esta no es solo nuestra experiencia. Por cada uno de los compañeros que han estado presos, y son 21, hay 21 compañeras de vida que han tenido que pasar ese mismo calvario”. Los últimos siete líderes encarcelados fueron puestos en libertad el pasado agosto, después de que Hidro Santa Cruz renunciara como querellante en el proceso penal.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA), en 2015 hubo 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios y 13 personas fueron asesinadas.

“Nos toca luchar de otra manera, hacer que ellos recuperen su libertad, nosotras decimos que también nos volvimos presas políticas porque nos vimos obligadas a hacer cosas que ni siquiera imaginamos, dar esta lucha tan férrea frente al sistema de justicia”, añade Mérida.

El año 2012 marcó un punto de inflexión. “Ahí la vida sí que nos cambió”, reitera Cecilia. El 1 de mayo de ese año es asesinado Andrés Pedro Miguel, uno de los líderes comunitarios. El gobierno decretó el estado de sitio en Santa Cruz de Barillas durante 18 días. “Todo eso provocó un nivel de violencia muy alto, e implicó la remilitarización del municipio y que mucha gente huyera”, relata.

“Hay que entender que nosotros veníamos de un proceso de recuperación, de reconstruirnos de las secuelas del conflicto armado, entonces llega Hidro Santa Cruz y empieza a confrontar y dividir a las comunidades, a meter miedo otra vez, un miedo que estaba muy latente todavía y cercano en la vida de las personas. Eso generó mucha conflictividad y rompió el trabajo por el que estábamos luchando”, subraya Cecilia.

“El proyecto nunca funcionó, por muy violenta que fue la batalla que se dieron para implantarlo. Si nosotros logramos que no entrara la hidroeléctrica, otros pueden ver en esto una esperanza para ser respetados, aunque no quisiéramos que el coste fuera tan alto. Ha habido mucho sufrimiento”.

En el saldo de cuentas pendientes, una buena parte de las culpas recae sobre el gobierno de Guatemala. “Es el primer responsable de salvaguardar los derechos de su población y en este caso no lo ha hecho, es el primero que ha fallado”, señala Moreno.

Rubén Herrera reclama que se restituya a la población. “La empresa tiene ahora que entregar las tierras que compró, porque no se han devuelto aún”, exige. Y le pide a las empresas que quieran invertir en su país que lo hagan para satisfacer las necesidades que tienen allá. “No vamos a aceptar este tipo de proyectos energéticos que son para el mercado y el enriquecimiento de algunos a costa de nuestro territorio”, advierte.

Ahora, mientras se produce el pronunciamiento oficial de la retirada de Ecoener-Hidralia de Santa Cruz de Barillas, todavía por llegar, tienen que ocuparse de otra tarea, recuperar el maltrecho tejido social de las comunidades porque, como dice, puede que la empresa se vaya pero ellos “ahí van a seguir viviendo”.