“La intervención de Reino Unido en la guerra de Yemen es aún más sucia que la de Irak”

La embajada de Arabia Saudí en Londres es un lugar muy agradable. Un enorme palacio, en tonalidades crema. Se encuentra en un barrio privilegiado, a escasos metros del Hotel Ritz, rodeada de cafés y pequeñas librerías. Las embajadas siempre dicen mucho de las relaciones entre dos países y en este caso parece que hay un cierto aprecio. Es una de esas raras tardes soleadas. Dentro, en el jardín, dos personas cortan el césped y podan las plantas. Otras dos vigilan atentamente lo que ocurre tras la verja.

Fuera, una mujer sostiene un micrófono. Grita a pleno pulmón. “Nos estáis matando”. Su nombre es Kim Sharif. Esta abogada británica de origen yemení es fundadora de Human Rights for Yemen y directora de la Liga Internacional por los Crímenes de Guerra en Yemen. Habla de una masacre. Menciona la palabra genocidio.

Junto a ella, alrededor de treinta personas protestan, sosteniendo carteles que denuncian la venta de armas de Reino Unido a Arabia Saudí; el apoyo militar a un aliado en guerra también es un símbolo de estima. En 2015 el 30% de las armas que exportó Reino Unido fueron a parar al Reino de Arabia Saudita.

La magnitud de esta protesta puede resultar mínima si tenemos en cuenta que el conflicto entre las fuerzas huzíes, que controlan la capital y la coalición liderada por Arabia Saudí dura ya 19 meses, se ha cobrado 6.000 víctimas y suma más de tres millones de desplazados internos. Para algunos, Reino Unido es cómplice; para Shariff, partícipe.

Reino Unido ha ganado millones

Desde que la coalición entrara en escena en marzo de 2015 para devolver el poder al presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, el país británico, segundo exportador mundial de armamento aéreo, ha vendido a Arabia Saudí alrededor de 6.000 millones de libras (casi 8.000 millones de euros) en armamento, según cifras oficiales.

La exportación de misiles y bombas a Riad se incrementó en sólo tres meses un 11%. Una intervención que la letrada califica de “indirecta”. Reino Unido, junto con Estados Unidos, además de armas aporta apoyo logístico e inteligencia militar a la coalición. Según ha revelado recientemente el diario The Independent, el Gobierno Británico estaría también entrenando a las fuerzas aéreas saudíes.

Los otros miembros de la coalición: Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar y Sudán hacen el resto. Emiratos Árabes Unidos se ha retirado de la misma abogando por una solución política para poner fin al complejo conflicto.

No hay tropas británicas sobre el terreno. Pero los efectos son igual de devastadores. Ambos bandos han cometido violaciones de los derechos humanos, las fuerzas huzíes han sido acusadas por Naciones Unidas del reclutamiento de niños soldado. Sin embargo, los ataques de la coalición a civiles han llegado a su punto álgido, tras el bombardeo que acabó con la vida de 140 personas, hiriendo a 525 en un funeral en Saná, la capital, el pasado 8 de octubre.

Este hecho, que llega tras otros ataques a instalaciones civiles, como hospitales, colegios, mercados o mezquitas, ha precipitado los acontecimientos con una severa condena de la ONU. Y a su vez, con la incorporación activa de Irán al tablero. El oponente directo de Arabia Saudí en la región ha desplegado dos buques de guerra en el Golfo de Adén frente a la costa de Yemen.

Una guerra “silenciada”

“Como ciudadana británica estoy terriblemente avergonzada”, asegura Sharif. Como abogada no da crédito a la impunidad con la que los crímenes que están cometiendo. “Esta guerra es absolutamente ilegal, más sucia aún que la de Irak”. Según destaca la activista, “la diferencia es que la intervención de Reino Unido en Yemen ni siquiera se ha llevado al parlamento, ha estado completamente silenciada”. La otra diferencia es que no ha calado entre la opinión pública. Sharif no logra entender “por qué el mundo se sienta a mirar en vez de hacer algo”. Para ella “es simplemente escandaloso”.

Según la ley de exportación británica de armas, es ilegal vender armamento o munición a un estado que está en “claro riesgo” de cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario. Tras las crecientes presiones de los últimos días, Reino Unido ha llamado a un cese a las hostilidades aunque su actual Primera Ministra, Theresa May, se opone a llevar a cabo un embargo de armas a su aliado saudí, tal y como ha solicitado el partido laborista en el Parlamento. Boris Johnson, ministro de exteriores, ha negado la existencia de pruebas concluyentes que relacionen armamento británico con ataques a civiles.

Esto choca con las investigaciones de Human Rights Watch o Amnistía internacional, quiénes han registrado la presencia de bombas de racimo a medio explotar “made in Gran Bretaña” en aldeas y granjas al norte del país. Estas bombas son, además, ilegales.

“Normalmente cuando un país comete atrocidades de este tipo, es sancionado de forma unánime por la comunidad internacional, sin embargo, con nuestro aliado Arabia Saudí, está ocurriendo todo lo contrario, preferimos apoyarlo”. Algo que a la activista le resulta paradójico, dado que según sus palabras “estamos, además, frente al primer exportador de terrorismo del mundo”.

Para Sharif, se trata de una “estrategia política imprudente por parte de Reino Unido, un error de juicio muy grave”. Y cree que “David Cameron y su gabinete deben asumir su responsabilidad en el conflicto”. El que fuera primer ministro cuando empezaron los bombardeos nunca ha admitido una presencia directa, pero tampoco ha negado el apoyo. Están son sus palabras cuando le han pedido explicaciones: “Voy a ser muy claro: no somos miembros de la coalición y tampoco formamos parte de la toma de decisiones; pero, sí, es cierto que entrenamos, ayudamos y aconsejamos a los países para que respeten la ley internacional”.

Para Sharif y el equipo de abogados y ONG internacionales con el que trabaja la única forma de conseguir que se respete la ley internacional es “crear un tribunal internacional independiente que juzgue lo crímenes cometidos -directa e indirectamente- por parte de todos los actores involucrados en el conflicto”.

Desde la Liga Internacional por los Crímenes de Guerra en Yemen, organización que lidera, tienen como objetivo presentar un informe independiente de los abusos cometidos. Algo que saben puede llevar tiempo. Ese tiempo que a los yemeníes se les agota.

“El bloqueo condena a la población a morir de hambre”

Los bombardeos no son el único problema al que se enfrenta la población. La hambruna se agrava cada día que pasa. “Esta coalición está condenando a su población a morir de hambre, dado que existe un feroz bloqueo a un país que depende en un 90% de las importaciones”, señala Sharif.

El país más pobre de la Península Arábiga ya luchaba por sobrevivir antes de que los huzíes se alzaran con el poder, con más de la mitad de la población viviendo por debajo de los dos dólares al día. Ahora, las cifras de extrema pobreza se disparan.

Al menos el 83% de la población yemení depende de la ayuda humanitaria, según datos de Amnistía Internacional. Para impedir la llegada de suministros a las fuerzas huzíes, la coalición ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial que ha limitado gravemente la importación y aprovisionamiento de combustible y otros productos básicos, obstaculizado el acceso a agua-un bien ya muy escaso antes de la guerra-, alimentos, asistencia humanitaria y medicinas.

Esto ha provocado un fuerte aumento de los precios de los alimentos. Alrededor de 375.000 niños en Yemen afrontan una situación de malnutrición severa. “Nada entra, nada sale, la economía del país está completamente destruida”, concluye Sharif. Nada parece indicar que la venta masiva de armas a la coalición vaya a ayudar a reactivarla.