“En la guerra contra las drogas matan a mujeres porque pueden, no les pasa nada”

Una mujer acude a una comisaría de policía en México. Su hija salió de casa y no ha vuelto. La joven dijo que regresaría pero no sabe nada de ella. “Ya, mujer, seguramente se iría con el novio”. “A saber si estaría metida en el narco”. Son las respuestas que muchas mujeres escuchan de los agentes del orden cuando van a denunciar la desaparición de sus familiares, cuenta Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Center for International Policy, con sede en Ciudad de México.

En ocasiones, las fuerzas de seguridad incluso amenazan a las familias que insisten, lamenta la socióloga y activista colombiana Tania Correa. Las dos defensoras de los derechos de las mujeres denuncian la escalada de violencia que han provocado en sus países las políticas armadas contra las drogas y abogan por una apertura controlada hacia la legalización de estas sustancias.

“El prohibicionismo no ha funcionado”, dice tajante Laura Carlsen, con un acento entre mexicano y estadounidense. Carlsen y Correa vinieron a Madrid para participar en una mesa redonda organizada por la Asociación Mujeres de Guatemala (AMC) bajo el título “Feminicidio: crímenes (in)visibles en la 'guerra contra las drogas”. En una conversación con eldiario.es antes del acto, las activistas explicaron por qué las mujeres son víctimas directas del narcotráfico y, al mismo tiempo, pasan desapercibidas para gran parte de la población de América Latina, donde la cocaína da sus primeros pasos hasta las fiestas de cualquier punto del mundo.

“El feminicio es la muerte de una mujer por ser mujer. No solo tiene el componente de la violencia, sino también el de género”, indica Laura Carlsen. En su opinión, la propia guerra entre el Estado y los cárteles del narco no está reconocida como otros conflictos armados, aunque las consecuencias en vidas humanas son innegables. “Es cierto que hay más muertes de hombres que de mujeres, pero ellos son los combatientes” –precisa Carlsen– “con las mujeres, hay un significado especial, porque no están en el fuego cruzado”.

Los cuerpos de las mujeres actúan como territorios a conquistar. Se convierten en mensajes a un líder de un narco, a un policía o a un chivato a través de sus novias, hijas y hermanas. “Son banderines de guerra”, denuncia Tania Correa, coordinadora de la iniciativa colaborativa 'Mujeres, resistencias y poderes en la sombra', del Fondo de Acción Urgente de América Latina.

Entre las particularidades de los abusos contra las mujeres destaca también una línea difuminada entre buenos y malos. “Según las encuentas, más de la mitad de los ataques que sufren las mujeres vienen de agentes del Estado”, alerta Laura Carlsen. En este sentido habla también Correa: “Cuando las familias van a denunciar el 'levantón' (secuestro), a veces se encuentran con policías que están protegiendo a su grupo, a sus colegas, y es peligroso para ellas”.

Aumento de víctimas con la militarización

En su opinión, la responsabilidad de la escalada de violencia en el “corredor de la droga” de América Latina reposa en gran parte en las políticas prohibicionistas de los estados latinoamericanos y de Estados Unidos en su lucha contra las drogas. “En algunos países como Colombia, que además tiene el conflicto de las FARC, es más complejo demostrar ese resultado. Pero en México se aprecia una correlación muy clara a partir de la ofensiva armada estatal de diciembre de 2006”, argumenta Laura Carlsen.

Las estadísticas oficiales de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –criticadas por no reflejar la magnitud real del problema–, de 2012, contemplan ese aumento: “En cuatro años se volvieron a alcanzar los niveles de homicidio de hace 30 años: el 40% de las muertes por homicidio en mujeres durante la última década se presentó en los últimos tres años [entre 2007 y 2010]; dicho de otra forma, la tasa estandarizada de homicidios de mujeres en 2010 fue de más del doble (4,37 por 100.000 mujeres) que la registrada en 2007 (2,03 por 100.000 mujeres)”, recoge el informe estatal.

En el noreste del país (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas), el riesgo de muerte por homicidio en mujeres aumentó más del 400% en estos años.

Las estadísticas de un informe de ONU Mujeres de 2012 reflejan la misma tendencia al alza, para los dos sexos, en las muertes por homicidio. En opinión de las activistas, “los altísimos índices de impunidad” son una de las causas de que el goteo de víctimas no cese. “Los delitos no son investigados, hay más de un 90% de impunidad en los crímenes de mujeres en México. Las matan porque pueden, saben que no les pasa nada”, denuncia Laura Carlsen.

Además, las ofensivas contra el narcotráfico también han disfrazado “políticas de represión de opositores políticos, de defensoras de derechos humanos, de disidencias y grupos armados, como ha ocurrido con las FARC en Colombia”, denuncia Tania Correa.

A favor de la legalización

La activista colombiana recuerda otro problema fruto de las políticas prohibicionistas en los países emisores de cocaína. “La cifra de mujeres encarceladas por delitos de tráfico de drogas es enorme”, cuenta. A veces las 'mulas', que cargan pequeñas cantidades de droga, son interceptadas por las fuerzas de seguridad “y pagan largas condenas; muchas están en prisión preventiva por delitos que no son tan graves”, opina.

Las defensoras de derechos humanos creen que ya ha llegado la hora de admitir que las políticas de militarización contra las drogas no han funcionado y dar paso a un debate sobre cómo y a qué ritmo legalizarlas. “Como están haciendo algunas regiones en Estados Unidos con la marihuana”, dice Carlsen.

Constanza Sánchez, investigadora sobre la economía política de las drogas ilícitas y la criminalidad transnacional organizada, coincide en que las estrategias hasta el momento han sido ineficaces. “La problemática es que existen sustancias altamente demandadas (sobre todo por países de altos ingresos, pero ya no es exclusivo de ellos) que están prohibidas”, argumenta Sánchez, también coordinadora del Área de Leyes, Políticas y Derechos Humanos en la Fundación ICEERS. “Estas dos circunstancias hacen del comercio clandestino un negocio muy lucrativo, que está en manos de muchos actores en un contexto de inseguridad”.

En su opinión, la violencia en estos países no solo “se deriva de los mercados de droga”, aunque están relacionados con ellos. Constanza Sánchez recuerda que la violencia contra las mujeres ya tenía raíces profundas en los hogares mexicanos.

Laura Carlsen admite que la tolerancia y normalización de la violencia contra las mujeres es una cuestión cultural. Ante las manifestaciones de miles de mexicanos por los 43 estudiantes desaparecidos, la activista se pregunta por qué los miles de feminicidios no mueven la misma indignación en la sociedad mexicana. Según los datos recogidos en el informe de ONU Mujeres antes mencionado, se registraron 2.335 defunciones femeninas con presunción de homicidio ocurridas en 2010 en México: 6,4 al día.

Constanza Sánchez explica que todos estos años de lucha contra las drogas han constatado que “el mercado no desaparece, se transforma”. Cuando las ofensivas se concentraron más sobre los cultivos de Bolivia y Perú, aumentaron las plantaciones de hoja de coca en Colombia. Cuando los traficantes tuvieron más difícil su actuación en este país, aumentó el tránsito por las rutas mexicanas. Pero la droga sigue llegando a los consumidores.

Sánchez admite que el debate de la legalización de las drogas está sobre la mesa. Las causas: el aumento de la violencia y también, “aunque se mencione de manera más velada”, el alto coste de las políticas prohibicionistas. Y todo para que nada cambie demasiado. Por ello, “ahora muchos gobiernos adoptan el discurso de controlar los efectos de las drogas desde el terreno de la salud, sin prohibir su consumo”.

Las consecuencias de la legalización no están claras. “Existe la duda de hasta qué punto dejarán de existir los cárteles si se legalizaran las drogas. Si podrían dedicarse a otros negocios, como la extorsión o el tráfico de personas”. Sin embargo, Sánchez considera que hay que probar: “No se me ocurre una política que genere más violencia que la prohibicionista”.