Las empresas no han indemnizado a las víctimas tras dos años del derrumbe de Bangladesh

Asala rehuye mirar a la cámara mientras relata el peor día de su vida. Señala el brazo con la piel quemada y unos surcos que van desde la muñeca hasta más allá del antebrazo. “Nunca más podré volver a trabajar. No me pude costear el tratamiento después del accidente, intenté curarme las heridas pero no cerraron bien”, lamenta.

El próximo 24 de mayo se cumplen dos años del derrumbamiento más mortífero de un edificio después del 11-S. 1.132 personas perdieron la vida, según contabiliza la organización Labor Rights, y más del doble resultaron heridas en el derrumbamiento de la fábrica textil de Rana Plaza en Bangladesh. Heridos como Asala, cuyo testimonio fue recogido en un reportaje de la BBC, que nunca más podrán volver a trabajar en un país donde la seguridad social o las pensiones por invalidez están dentro de los límites de la utopía.

Dos años después, más de la mitad de las empresas multinacionales envueltas en aquel derrumbamiento todavía no han reunido el dinero acordado para compensar a las víctimas, una suma de 30 millones de dólares. La cifra se fijó tras el accidente en el acuerdo Rana Plaza, impulsado por Labor Rights y la campaña internacional Ropa Limpia.

Eva Kreisler, portavoz en España de Ropa Limpia, lamenta que a un día del segundo aniversario de la tragedia, todavía faltan 6 millones de dólares para completar ese fondo de compensación acordado. “Es vergonzoso que se esté tardando tanto en compensar a las víctimas si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que facturan al año las multinacionales implicadas”.

Entre las empresas que se comprometieron a compensar a las víctimas destacan multinacionales tan importantes como Mango, Inditex, Wal Mart, El Corte Inglés o Primark, no obstante, sólo algunas indican si han aportado ya el dinero y la cantidad a la que se han comprometido. La irlandesa Primark, por ejemplo, hizo pública en su momento la donación de un millón de dólares, una cantidad similar a la que aportó C&A y Benetton (1,5 millones de dólares). Kreisler considera que uno de los principales problemas es que la mayoría de montos aportados son “rácanos”.

Desde El Corte Inglés, una de las compañías cuyas fábricas subcontratadas producían en Rana Plaza, afirman que el hecho de no hacer públicas las donaciones se debe a un criterio acordado entre todas las empresas para no competir por ver quién aporta más. “Es una estrategia equivocada –sostiene Kreisler– en vez de asumir la responsabilidad legal de la tragedia, intentan evitarla”. Inditex –que no ha ofrecido declaraciones a este medio– es otra de las transnacionales que, aunque figuran en la lista de donantes, no han publicado cuánta cantidad han aportado. Tampoco si han colaborado o no.

En otro extremo aparte están las marcas americanas como Walmart y GAP, que rehuyen cualquier responsabilidad y todavía no se han comprometido a compensar a las víctimas de ninguna manera.

Uno de los organismos involucrados en la mediación entre empresas y sindicatos a través de este tipo de acuerdos es la Organización Internacional del Trabajo. Su presidente en España, Joaquín Nieto, considera, desde una perspectiva algo optimista, que aunque no se ha hecho lo suficiente, se han conseguido bastantes cosas. “La diferencia con respecto a otras ocasiones es que esta vez ha habido acción”, comenta en declaraciones a este medio al tiempo que reconoce que el fondo de compensación se debería haber completado hace tiempo.

Un mayor compromiso en la seguridad

Tanto Kreisler como Nieto coinciden en que, más allá de las indemnizaciones, se han logrado mejoras en ciertos aspectos de la seguridad laboral dentro de las fábricas. El responsable de la OIT recuerda que 192 marcas internacionales han firmado ya el acuerdo Accor, en el que participan la patronal, los sindicatos y el Gobierno de Bangladesh, y en el que aparecen una serie de compromisos en materia de seguridad.

De hecho, en el último año se han efectuado unas 125 inspecciones y se pretende abarcar un total de 600 fábricas. El objetivo, según Ropa Limpia, es reforzar los pilares de los edificios, mejorar el tendido eléctrico para evitar más incendios e iniciar una última fase en la que se creen comités de Salud y Seguridad elegidos por los trabajadores en los que se incluya la posibilidad de transmitir quejas sobre el estado de los edificios. La responsable de la campaña recuerda que muchos trabajadores se negaron a trabajar el día del derrumbamiento de Rana Plaza porque observaban grietas en el edificio.

Las inspecciones parecen ser efectivas: hasta 19 fábricas han sido desalojadas desde que comenzaron las revisiones por incumplir requisitos básicos. Para Kreisler, este hecho es una muestra de que el derrumbamiento le podría haber ocurrido a cualquier empresa en Bangladesh.

Otra de las mejoras que han logrado las negociaciones, también gracias a las protestas de los trabajadores, es “un aumento del salario mínimo en el país en un 70%”, afirma Eva Kreisler. No obstante, “aunque parece un aumento significativo, sigue sin llegar para vivir dignamente, ni siquiera con el complemento de muchas horas extras”, precisa la portavoz.

Un modelo de producción injusto

Tanto Rana Plaza como todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en las fábricas de ropa son producto, según reivindica la campaña Ropa Limpia, de un modelo de producción injusto y desigual en el que las empresas tienen un blindaje legal desproporcionado en relación al de los trabajadores. “No es sólo una cuestión moral, deberían tener una exigencia legal, pero hay una gran impunidad”, indica Kreisler en relación a la compensación de las víctimas del accidente.

La portavoz explica que aunque las empresas líderes del sector empiezan a asumir que tienen responsabilidad, “todavía estamos muy lejos porque los intereses y los lobbies son muy fuertes, tienen sus propios organismos y hacen que no interese legislar en este sentido”.

Joaquín Nieto (OIT) entiende que, al igual que con el fondo de compensación, las negociaciones en materia de derechos humanos “van mucho más lentas de lo que demanda la realidad” ya que más de 2,3 millones de personas en el mundo mueren a causa de accidentes laborales o enfermedades. Destaca, no obstante, que en el G-20, después de Rana Plaza, se planteó una declaración a nivel mundial sobre salud y trabajo que puede marcar “un antes y un después” en el modelo productivo de la industria.

Más allá de la aprobación de un marco legislativo internacional que garantice la protección de los derechos, Eva Kreisler propone una serie de medidas más sencillas en el medio plazo como son los compromisos de transparencia por parte de las empresas, garantías para que exista negociación colectiva entre patronal y sindicatos y una rendición real de cuentas ante todo lo que ocurre en las subcontratas.