Un informe constata que las deportaciones exprés vulneran garantías jurídicas mínimas

“Llevaba siete años separada de mi hijo. Ahora se lo han vuelto a llevar”. Miriam se derrumba mientras relata la historia de su hijo durante la presentación del informe de Pueblos Unidos 'CIE y Expulsiones exprés 2014'. Hace apenas dos meses la policía le detuvo y en menos de 72 horas estaba de vuelta en su país. En España se han quedado Miriam y su hija, la primera con once años de estancia legal en España, trabajo y una nacionalidad a punto de ser tramitada. “La impotencia es enorme, ahora ya no puedo traerle de vuelta”.

Historias como la de Miriam han aumentado de forma considerable en el último año. Se trata de las llamadas “devoluciones exprés”, cursadas a través de comisarías y sin necesidad de que el inmigrante pase por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). “Son invisibles, se tramitan en apenas 72 horas y sin intervención jurídica”, protesta Cristina Manzanedo, portavoz de de Pueblos Unidos.

“Caminamos a un modelo dual en el que las expulsiones se producen bien a través de un CIE y o bien a través una comisaría en menos de tres días”, ha vaticinado hoy en la presentación del informe Miguel González, coordinador del Servicio Jesuíta de Migrantes, que atribuye esta nueva vía a criterios de eficacia administrativa y económica.

El caso de Miriam es representativo porque reúne la mayoría de irregularidades que se comenten con frecuencia en este tipo de repatriaciones. No atravesó un proceso judicial mínimo ni se contemplaron las alegaciones que interpuso a través de un abogado y que probaban el arraigo de su hijo y la situación de inserción laboral y social en España del resto de la familia, alicientes que pueden ser suficientes para impedir una expulsión. “No es una práctica ilegal, lo ilegal es que se vulneren todas las garantías jurídicas en el proceso”, precisa Manzanedo.

El informe de Pueblos Unidos indica además que, en ocasiones, la detención de los inmigrantes que luego son expulsados se produce tras reclamos y engaños. Además, reiteran que la detención que precede a la expulsión exprés no está autorizada por los jueces, cada vez más reacios, denuncian, a internar a inmigrantes en CIE por mera estancia irregular, con arraigo o en situaciones vulnerables.

Según los datos del Gobierno que recoge el documento, en 2013, 6.462 personas fueron expulsadas a través de una comisaría por las 4.726 repatriadas a través de un CIE. “El aumento de esta práctica está relacionada con los macrovuelos de deportación -reza el texto-. Cuando se programa un macrovuelo a uno o varios países de origen se activa una persecución discriminatoria de los ciudadanos del país de destino para llenar los vuelos”.

No obstante, desde Pueblos Unidos insisten en que los centros de internamiento y las devoluciones exprés son “modelos paralelos”. “Los CIE no van a desaparecer”, precisa Manzanedo, quien intuye que las expulsiones en menos de 72 horas han sido una solución que ha puesto en marcha el Gobierno tras las críticas que han recibido los centros de internamiento por parte de las organizaciones y de la sociedad civil. No obstante, afirma, “es una herramienta que tampoco vale”. En este sentido, los datos hablan por sí solos: las personas que fueron finalmente expulsadas tras pasar por un CIE apenas representan un 54 % del total. Para Pueblos Unidos, este dato implica un abuso del internamiento como “medida cautelar” y una prueba de que otra herramienta de repatriación como las devoluciones exprés es también ineficaz.

Otro de los miembros del equipo jurídico de la organización, José María Trillo-Figueroa, ha destacado hoy durante la presentación del informe que el Ministerio Fiscal se opone cada vez con más frecuencia al internamiento de inmigrantes en los CIE aunque, sin embargo, el número expulsados con antecedentes se ha reducido en favor del de inmigrantes irregulares. “Esto contradice las campañas que nos están vendiendo”, ha destacado Trillo-Figueroa en referencia a los argumentos del Ejecutivo para perseguir a los inmigrantes como parte de la lucha contra el terrorismo yihadista. En Madrid, por ejemplo, el 28 % de las personas visitadas por Pueblos Unidos estaba en el CIE por mera estancia irregular sin tener ningún proceso penal pendiente.

Un año del reglamento de los CIE

La otra pata de este informe es la denuncia sobre la situación en la que permanecen los inmigrantes internos en los centros al cabo de un año de que se aprobase el reglamento regulatorio. Ángel Campos, coordinador del grupo de visitas a los CIE de la organización considera que casi nada ha cambiado con la aprobación del reglamento ni en las condiciones del internamiento ni en calidad de las instalaciones. “Son recintos en general muy anticuados, inseguros y que no se ajustan a los mínimos”, subraya Campos.

El principal problema radica en las condiciones sanitarias. “Estamos hablando de piojos en Barcelona, chinches en Valencia, brotes de Sarna en Madrid”, añade el coordinador al tiempo que reclama que se hagan efectivos los puntos del reglamento en los que se exige un reconocimiento médico previo y un seguimiento del historial de quienes pasan por el centro. Por otro lado, Campos insiste en la necesidad de que se haga entrega de partes de lesiones previos durante su estancia y denuncia que no se ha cumplido el punto del reglamento en el que se exige la existencia de una enfermería en cada uno de los centros. Tampoco se han establecido, añade, “protocolos serios y dignos para atender situaciones de gravedad”. “No informamos de esto de forma teórica, son problemas reales que hemos constatado en nuestras numerosas visitas a los centros”, puntualiza.

Pueblos Unidos denuncia a través del informe que los CIE siguen siendo espacios opacos y pide un publicación periódica con información sobre los CIE y la política migratoria española. “Los CIEs no pueden tener una situación de seguridad peor que las cárceles”, reclama González. 

En esta línea, Campos ha hecho especial hincapié en el tipo de personas  que llegan a los CIE. “Muchos son potenciales refugiados, padres de hijos que se quedan en España, personas que viven en extema pobreza... deberían disfrutar de un trato mucho mas especial y protector que el que recibem actualmente”, prosigue. Según sus palabras, tampoco se han hecho esfuerzos por mejorar el conocimiento sobre derechos humanos y extranjería del personal y el acceso de las ONG a las instalaciones sigue siendo problemático. “El acceso de los trabajadores sociales y la ONG a los centros no puede ser arbitrario”, denuncia.

El balance del informe al cabo de un año es que el reglamento ha quedado en “papel mojado”. No sólo no se ha cumplido sino que la intención del Gobierno es la creación de más centros como el que se está construyendo en Madrid. “No tiene sentido el argumento de que no hay dinero para mejorar las condiciones de los centros si hay recursos para construir nuevos”, apunta Trillo-Figueroa, quien recuerda además que el CIE con más ocupación no llega al 70 % y hay algunos con apenas un 20%.