¿Cita para un inmigrante sin papeles? Ni idea, llame a este número

Una persona -hipotética- llega a un centro de salud y cuenta su situación. La señora de la recepción, se disculpa y, algo confusa, con poca seguridad en sus palabras, le comunica que tras la consulta recibirá la correspondiente factura. O que únicamente puede acudir a la sanidad privada. O que si va a Urgencias quizá le atiendan... pero quizá no, no sabe bien. “Aquí no se nos informa de nada, sale una ley y los últimos en enterarnos somos nosotros”, lamenta una mujer encargada de dar cita a los pacientes del centro de salud madrileño en el que trabaja. El que escuchaba, sin enterarse del todo, se va. Y no vuelve.

“Los casos que más nos preocupan son aquellos que no conocemos, los invisibles. Y muchos 'desaparecen' debido a la desinformación y caos existente alrededor de la aplicación del Real Decreto Ley que restringe los servicios sanitarios a los inmigrantes en situación irregular”, denuncia Ignacio Jovtis, investigador de Amnistía Internacional. “Al principio pensábamos que este descontrol sería algo transitorio, propio del inicio de una nueva normativa. Pero no. Alcanza tales extremos que se ha convertido en una preocupación autónoma de nuestra organización”, explica a eldiario.es el autor del informe 'El laberinto de la exclusión sanitaria'.

Falta de información en los centros de salud

Nos centramos en una región: la Comunidad de Madrid. Llamamos a diez centros de salud, sin identificarnos como periodistas, y preguntamos por las posibilidades de un inmigrante sin papeles para recibir asistencia sanitaria en cada uno de estos ambulatorios. Nos coge el teléfono el personal de la recepción encargado de dar cita a los pacientes. El resultado: contradicciones y desconocimiento de la propia normativa y, por tanto, de su aplicación. Dudan antes de contestar e incluso nos hacen esperar unos minutos para preguntarse entre ellos. La mayoría trata de ayudarnos, se muestra preocupada por el hipotético caso que presentamos, pero no conoce la respuesta.

“No nos han informado de qué es lo que hay que hacer”, dice una de las trabajadoras. En todos los casos nos derivan al Instituto Nacional de Seguridad Social, al que sólo se puede acceder de forma presencial y donde solicitan el número del DNI o el de identificación para extranjeros para pedir una cita vía teléfonica a la máquina que responde las llamadas. Estas son algunas de las respuestas que ilustran el azar que en ocasiones rige la atención sanitaria gratuita del inmigrante sin papeles.

El caos de la aplicación de la Ley salpica, según asegura, prácticamente todas las combinaciones posibles: existe una disparidad entre comunidades autónomas pero también dentro de las propias regiones; entre centros de salud y, al mismo tiempo, dentro de los propios ambulatorios. Los hay incluso que aplican la ley pero, a su vez, la incumplen. Un ejemplo: la normativa garantiza el acceso sanitario de los inmigrantes sin papeles a urgencias, sin embargo en algunas regiones como Baleares, se emitieron compromisos de pago en estos casos:

Agotada pero con la energía que trasmite su acento cubano, A. relata su situación. “El 11 de septiembre me rompieron el resguardo del médico -el papel que le permitía acceder a la sanidad universal- en mi cara”, asegura en una conversación telefónica con Desalambre.

Tiene diabetes, epilepsia, hipertensión y tiroides. A sus 65 años, necesita revisión como mínimo cada seis meses. Aunque no la tiene. Teme pagar otra vez, ya tuvo que hacerlo cuando no le correspondía. El Gobierno balear admitió en mayo que la emisión de estas facturas en urgencias era un error. Pero A. desconfía y continúa en casa.

¿Por qué esta desorganización?

La ley incluye tres casos en los que se asegura la asistencia médica: urgencia por enfermedad grave o accidente, mujeres embarazadas y menores. Este es el marco fijado a nivel nacional que aún espera la correspondiente orden ministerial que fije la cuota de los denominados “convenios especiales”, los que establecen la cantidad anual que deben pagar las personas no aseguradas. “Este es el origen del caos, aunque desde Amnistía nos oponemos rotundamente a la totalidad de la ley pues vulnera la legislación internacional sobre Derechos Humanos”, argumenta Jovtis.

Entonces, las diferentes comunidades autónomas anunciaron su posición al respecto. Por un lado se encuentran aquellas que se niegan a la aplicación del Real Decreto Ley y garantizan la asistencia sanitaria universal: Euskadi y Navarra, con una respuesta más contundente, y Asturias, Cataluña, Andalucía donde “la situación es más confusa, aseguran que no lo pondrán en práctica pero se dan casos con problemas de acceso”, según el investigador.

En el otro extremo se sitúan aquellas regiones donde sí se aplica la norma. Dentro de estas, algunas han emitido instrucciones o circulares administrativas para regular su aplicación, como la Comunidad de Madrid donde “añaden dos excepciones más: los imigrantes en situación irregular con problemas de salud mental o enfermedades infectocontagiosas sí tendrán acceso sanitario gratuito”. Otras autonomías, como Castilla y León, aún no han emitido regulación alguna sobre la ley. “Al menos no tenemos constancia, en ocasiones es difícil de comprobar porque las efectuan a través de un simple correo electrónico”, reconoce.

“Esta improvisación, esta falta de información, deriva en la resolución de este problema caso por caso, en vez de a través de medidas estructurales. Depende de la suerte del inmigrante, de la comunidad donde resida, del centro al que vaya o incluso del médico o el personal sanitario al que pregunte”, critica Jovtis. Gracias al movimiento surgido contra esta reforma, -formado por ONG, con Médicos del Mundo a la cabeza y por los propios médicos a nivel individual-, muchas de las personas excluídas acaban por ser atendidas por la puerta de atrás. Su principal miedo: el efecto disuasorio generado por el pánico a una factura o a la expulsión.

Ana -nombre ficticio-, enfermera del Summa, ha experimentado varios casos en los que, una vez prestada la atención básica en la calle, el enfermo se niega a acudir al hospital. “El otro día atendimos a un paciente diabético descompensado y decidimos enviarlo al hospital de urgencia. El señor se negó a ir por no tener papeles y temer el pago. Le di la medicación, de otra manera no podría cumplir el tratamiento”, confiesa. Este hombre, de origen latinoamericano, no acudió a urgencias, como le habían recomendado, a pesar de que la nueva ley contempla su caso como excepción. Una victima más de la desinformación.