Embarazadas, menores y urgencias: los incumplimientos de una ley sanitaria discriminatoria

Desde el 1 de septiembre de 2012, los extranjeros sin papeles quedaban excluidos del acceso a la sanidad pública. Eso sí, la ley establecía una serie de excepciones por las cuales estas personas tendrían derecho a ser atendidas sin acabar con una factura pendiente: de urgencia por “enfermedad grave o accidente, hasta el alta médica”; asistencia al embarazo, parto y postparto, y atención a menores. Estas eran las “situaciones especiales” determinadas por el Gobierno en el Artículo 3 de la norma, del que diferentes ONG y colectivos sociales certifican su incumplimiento.

“Cuando se aprobó luchábamos por que se mantuviese la sanidad universal, pero su desastrosa aplicación nos obliga a luchar también por que, al menos, se cumpla el propio Real Decreto”, denuncia Verónica García, miembro de Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que ha creado grupos de acompañamiento para conseguir que ninguna persona se quede sin atención sanitaria. Por el momento, han logrado la asistencia de todos los casos a los que han ayudado.

Incumplimiento 1: mujeres embarazadas

Acuden a su centro de salud pensando que la sanidad pública española, por lo menos, permitirá acceder a una consulta ginecológica que asista su embarazo. Van a la ventanilla, piden cita, solicitan su tarjeta, ya no la tienen... Del mismo modo deberían ser atendidas pero, según el seguimiento efectuado por Médicos del Mundo y Yo Sí, en este primer año se ha comprobado que muchas mujeres embarazadas sin tarjeta sanitaria son remitidas directamente a urgencias.

Es el caso de Rosa (nombre ficticio). Una mujer de 30 años, en paro de larga duración. Es fotógrafa freelance. De vez en cuando consigue algún trabajo temporal, pero sin cotización. Cuando se quedó embarazada, acudió a su centro de salud. Fue en ese momento cuando se enteró de que su cobertura sanitaria había expirado. Según explican desde Yo Sí, le dijeron que debía tramitar una tarjeta como beneficiaria. “La atendí en urgencias por un problema menor y le expliqué que por estar embarazada tiene garantizada la asistencia, por lo que la animé a volver a su centro de salud a reclamar”, indicó una sanitaria del Hospital Infanta Leonor, según recoge el informe del colectivo “Un año sin asistencia sanitaria, un año de desobediencia”.

El grupo de acompañamiento de un barrio de Madrid también tuvo que defender el derecho a la sanidad de un caso similar: una mujer joven rumana, embarazada de cinco meses cuyos fuertes dolores en la zona abdominal le obligaron a asistir a su centro de atención primaria, donde se le denegó la atención hasta que consiguiese una tarjeta, según cuentan. Los activistas tuvieron que acompañarla en dos ocasiones al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para verificar la documentación que poseía. “Constatamos que tenía un certificado de inscripción comunitaria que le autoriza a residir pero no a trabajar, lo que le permite acceder a la tarjeta sanitaria como persona 'sin recursos'”. Otra batalla ganada contra la enmarañada burocracia que rodea y potencia los efectos del Real Decreto 16/2012.

Además de la derivación a urgencias, el miedo generado por la desconfianza, caos y desinformación que circula alrededor de la aplicación de la reforma sanitaria, está provocando que algunas inmigrantes vivan sus embarazos sin seguimiento médico. Temen volver a casa con una factura que no pueden pagar. “Muchas mujeres llegan a los centros de salud con embarazos muy avanzados y, en consecuencia, hay determinadas pruebas que no se les puede hacer”, aseguran las matronas consultadas por Yo Sí Sanidad Universal, según traslada el colectivo. “Cuando vienen es porque se sienten mal o tienen algún problema, pero no están teniendo un seguimiento adecuado del embarazo”.

Esta situación también ha derivado en embarazos de alto riesgo para algunas madres. “Llegó una mujer marroquí, con un desgarro en el periné tras dar a luz en su casa. El niño estaba bien pero su marido trajo a urgencias a la joven a la desesperada cuando vieron que no paraba de sangrar”, asegura el testimonio de una médica del Hospital de Segovia incorporado en el informe. “Su marido explicó a los médicos que sabía que con la nueva ley, como no eran españoles, tendrían que pagar el precio del parto”. En su caso, no podrían hacerlo, por eso no acudieron al hospital con anterioridad. La sospecha del marido de la joven no iba mal encaminada: el grupo de activistas ha documentado casos en Castilla la Mancha en los que mujeres embarazadas han llegado a pagar más de 3.300 euros por un parto con complicaciones.

El incumplimiento del decreto 'apartheid sanitario' no solo se comprueba en la práctica, a través del testimonio trasladado por diferentes ONG sanitarias, también las instrucciones emitidas por algunas comunidades autónomas contradicen la propia ley que en teoría deben desarrollar.

Incumplimiento 2: menores

“Los extranjeros menores de 18 años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”, reza el Artículo 3 del Real Decreto 16/2012. No obstante, según denuncian desde estas organizaciones sociales, no cuentan con una tarjeta sanitaria, como si la tienen los niños de origen español. “Tampoco se han emitido instrucciones claras en los centros de atención primaria ni en los hospitales para que sepan cómo proceder en estos casos”, alerta la voluntaria de Yo Sí. “Esta situación aumenta el estigma de estos niños y su situación de vulnerabilidad”.

“Generalmente la sanidad de los menores extranjeros está cubierta, pero son innumerables las experiencias de familias que, al llegar al centro de salud, se les deniega la atención del menor por no poseer la tarjeta sanitaria, remitiéndoles a alguna oficina del Instituto Nacional de Seguidad Social, desde donde nuevamente se les envía al centro porque es allí donde deben ser atendidos”, señalan desde el colectivo. Según el INSS, a estos niños en situación irregular “no se les reconoce el derecho, ni como asegurados ni como beneficiarios'” por lo que no pueden optar a una tarjeta sanitaria.

Desde los primeros meses de 2013, algunas oficinas del Instituto han entregado el siguiente documento explicativo, como han podido comprobar los voluntarios:

Incumplimiento 3: urgencias

Mario padece una enfermedad diagnosticada y con tratamiento previo a la entrada en vigor de la reforma sanitaria. Antes debía acudir a una revisión en dermatología cada 3 meses. En Agosto de 2012 se le caducó la tarjeta sanitaria. La revisión del pasado diciembre pudo realizarla porque la cita estaba generada antes de la baja de su tarjeta, pero después dejaron de poder atenderle en su centro de salud. En mayo acude a urgencias por empeoramiento y se le niega la asistencia. Su situación de desesperación propició que contactase con el grupo de acompañamiento de Yo Sí. Tras varios acompañamientos y diversas gestiones, consiguen que se reconozca su derecho a ser atendido, y reanude las citas con el servicio de dermatología del hospital.

A esta persona se le ha negado el derecho a una atención reconocida en dos supuestos: atención por urgencias y atención por proceso diagnosticado antes del 31 de agosto de 2012. “Sólo para que se cumpla la ley tenemos que pelearla”, denuncia Verónica García.

También están teniendo lugar muchos casos en los que, tras la atención de urgencia, las personas extranjeras regresan a sus casas con un compromiso de pago en mano.

Además, el propio lenguaje utilizado en el Real Decreto para desarrollar la excepción de atención de urgencia podría llevar a confusión debido a su ambigüedad: “por enfermedad grave o accidente”. ¿Cuándo es 'grave'? “La Organización Mundial de la Salud establece que la gravedad de una urgencia médica la determina el enfermo”, sentencia García.

La situación de las mujeres víctimas de violencia de género

Tanto la Ley de Extranjería española, como la legislación contra la Violencia de Género, protegen a las mujeres inmigrantes en situación irregular víctimas de violencia de género en igualdad de condiciones respecto a las españolas. Sin embargo, estas personas no están contempladas como excepción en el Real Decreto Ley. Es decir, no tienen acceso a la atención primaria. “Esta situación es muy grave puesto que en los centros de salud es donde se detecta la mayoría de los casos de violencia machista”, lamentan desde Médicos del Mundo a preguntas de eldiario.es.

“En Castilla La Mancha detectamos un caso en febrero de una mujer víctima de violencia de género en una casa de acogida perteneciente al Instituto de la Mujer. Nos dijeron en Gerencia de Tarjeta Sanitaria que como la violencia de género no está incluida en la ley, no había nada que pudieran hacer desde allí para que pueda ser atendida en el centro de salud”, explican las mismas fuentes.

“La palabra que mejor define este decreto es 'violencia'. Primero, la violencia impregnada en el papel comenzó a excluir a la gente. Pero su aplicación, la forma con la que las comunidades autónomas están poniendo en práctica esta ley, está multiplicando la violencia que ya de por sí tiene la reforma sanitaria”, remata la activista de uno de los grupos de acompañamiento que día a día trata de mitigar esa agresividad normativa.