Los investigadores independientes del caso Ayotzinapa dan un ultimátum al gobierno mexicano
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo este jueves en una rueda de prensa que la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de dar a conocer los resultados del tercer peritaje hecho en el basurero de Cocula “fue tomada de forma unilateral” por el organismo federal. Los investigadores denuncian que se vulneró un acuerdo de confidencialidad y que no se informó a los familiares. Así, advirtieron de que no seguirán colaborando en el caso Iguala si no hay condiciones que se ajusten a estándares internacionales.
Una fuente del GIEI consultada dijo a SinEmbargo que “se suspende la colaboración en el tema del fuego (incendio) aunque sigue en todo lo demás”.
El basurero de Cocula ha sido un punto de desencuentro entre los expertos independientes de la CIDH y el Ejecutivo de Peña Nieto. El Gobierno mexicano apuntó en su versión oficial, denominada “verdad histórica”, que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos fueron quemados en este punto. Un informe posterior del GIEI desautorizó esta investigación: “No existe ninguna evidencia” de que los jóvenes mexicanos fueran incinerados en el basurero, indicaron.
El 6 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) también concluyó que ni el gobierno mexicano ni los expertos en fuego tenían evidencias de los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en Cocula.
Ricardo Damián Torres, el portavoz de los seis Expertos en Materia de Fuego que participaron en un nuevo peritaje de Cocula encargado por las autoridades mexicanas, dijo el pasado 1 de abril en una conferencia de prensa que podía establecerse que al menos 17 jóvenes fueron quemados en el basurero de Cocula en septiembre de 2014. Para determinar si el total de los 43 estudiantes sufrieron el mismo final sería necesaria “una prueba a gran escala”, apuntó en el encuentro ante los medios, en el que le acompañó Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de la PGR.
El GIEI afirma que la información difundida sobre el nuevo estudio no les fue explicada previamente ni tampoco se les informó sobre el “consenso de los expertos de fuego”. En cambio, la PGR respondió que sí respetó el acuerdo de confidencialidad e indicó que los resultados del tercer peritaje fueron abiertos en presencia del experto Carlos Martín Beristáin, miembro del GIEI.
Los expertos niegan la explicación de las autoridades mexicanas: según declararon este jueves, es falso que no estuvieran en la presentación de este peritaje por decisión propia, e insistieron que ni siquiera fueron notificados. Indicaron que con anterioridad advirtieron a la PGR de que “no se podía hacer una comunicación pública de algo que es provisional”.
No se informó a las familias
La experta Ángela Buitrago lamentó que el peritaje se haya dado a conocer sin antes haber informado a las familias sobre su contenido. Dijo que después de la conferencia de prensa en la que Ricardo Damián Torres, el portavoz de los seis Expertos en Materia de Fuego, pidieron conocer el grado de consenso de los especialistas en torno al peritaje. La respuesta oficial fue que hay un contrato de confidencialidad que les impide informar sobre ello, por lo que desconocen el grado de consenso.
Por información filtrada a los medios de comunicación se supo de discrepancias entre los seis peritos que realizaron el tercer peritaje en el basurero de Cocula.
“Nosotros no vamos a dar información sobre el informe preliminar. Porque nosotros sí lo respetamos, si la reunión de este viernes no escuchamos dar las explicaciones pertinentes de parte de los peritajes. Ahí terminamos esta colaboración [en cuanto al basurero]”, zanjó Buitrago.
“Este estudio fue una iniciativa de la PGR, para ello firmamos en febrero un nuevo acuerdo, donde se determinaban elementos fundamentales: que se iba a trabajar en consenso y que cualquier resultado se iba a informar a las víctimas. Eso se rompió por parte de la Procuraduría”, explicó la experta Claudia Paz y Paz.
Los expertos indicaron que de ahora en adelante se centrarán en afinar su informe final, que será presentado al final de este mes, cuando termina su mandato en el país. Y lamentaron que las acciones de la PGR, de dar a conocer resultados preliminares sin consenso, hayan “revictimizado a las víctimas” del caso de los 43.
Cuando los expertos intentaron obtener información sobre estas discrepancias, recibieron por respuesta la existencia de un acuerdo de confidencialidad con la PGR, lo cual viola el acuerdo de coadyuvancia que faculta al GIEI, indicaron.
Campaña de desprestigio
Los expertos también afirmaron que han sido objeto de una campaña de difamación. Buitrago, detalló que los señalamientos de José Antonio Ortega Sánchez de la organización civil Paz y Justica quedarán documentados dentro del informe final.
“Nuestra prórroga se vence el 30 de abril, hoy 6 de abril podríamos decir que los objetivos siguen vigentes, en pie, no los hemos cumplido a la cabalidad, pero la posibilidad de la prórroga está en manos de la CIDH, el Estado y los familiares”, dijo Alejandro Valencia, también miembro del GIEI.
Los expertos reiteraron que su motivación para estar en México no ha sido más que la búsqueda de la verdad. Los objetivos por los cuales vinieron aún persisten, y lamentaron que a su trabajo se sumen obstáculos como las denuncias en contra de ellos.
“Esa denuncia se presentó en contra de Álvarez Icaza, pero también se nos incorporó dentro de los involucrados, aunque tenemos inmunidad”, dijo Claudia Paz y Paz. “Es importante mirar cómo todo lo descontextualizan para generar una campaña de desprestigio en contra de unas víctimas que han sufrido”, dijo Buitrago.
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