La presión de ONG frena 'in extremis' la deportación de nueve malienses que pidieron asilo

Soy del norte de Mali, de la región de Tombuctu. Yo no puedo volver, mi situación es grave porque porque lo perdí todo ha causa de la guerra, he perdido hermanos. Temo volver y sufrir agresiones.

Son las palabras de un joven de 21 años plasmadas en una carta dirigida al director del Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid. Son las palabras que han permitido que hoy Salif -nombre ficticio- esté en España y no en Bamako (Mali), junto a otros de sus compatriotas que, según la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE, han sido deportados en un vuelo fletado por el Ministerio del Interior. Gracias a la movilización de esta plataforma de ONG, nueve malienses solicitantes de protección internacional han logrado la suspensión de su expulsión in extremis.

Según aseguran, durante la pasada noche el vuelo de deportación ha despegado del aeropuerto de Madrid con dirección a Mali, un país que, aunque ha dado pasos hacia la estabilidad, continúa siendo escenario de constantes ataques terroristas y vulneraciones de derechos humanos principalmente en el sur del estado. Según denuncia la Campaña, ese vuelo podría haber expulsado a demandantes de asilo, ya que, aseguran, no fueron informados de su derecho a solicitarlo con el tiempo suficiente.

Tanto el Ministerio de Interior como la Policía Nacional rechaza confirmar o desmentir esta información argumentando únicamente que no dan “información sobre los vuelos de deportación”.

“Al menos hemos conseguido que se tuviese en cuenta la petición de asilo que habían registrado nueve personas en el CIE de Madrid pero tememos que hubiese más malienses que necesitasen solicitarlo y no conociesen su derecho”, explica Ioane Belarra, activista de SOS Racismo, que junto con otras organizaciones, se reunió con seis inmigrantes para informarles de esta posibilidad. Fue entonces cuando, aseguran, nueve de ellos escribieron una carta al director del centro.

Según denuncian, en un principio, desde la dirección del CIE no prestaron atención a los escritos entregados. La plataforma activó el dispositivo de aviso a los diferentes agentes que podrían, al menos, frenar de emergencia la deportación de estas personas. Contactaron con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la Oficina de Asilo y Refugio (dependiente del Ministerio de Empleo) y con la Defensora del Pueblo.

Documentos en mano, demostraron que al menos nueve de las personas que iban a subir en ese vuelo serían deportadas de forma ilegal pues habían iniciado el procedimiento de asilo en el interior del CIE. “Además de no ser informados, los internos se encuentran con otro obstáculo ya que para formalizar la solicitud tienen que pedírselo antes por escrito al director del CIE, que es un policía”, recuerda Belarra. Finalmente lograron la paralización de la devolución de los nueve demandantes de asilo.

“La situación es incontrolable todavía hoy. Hay muchos terroristas, algunos rebeldes Tovareg. Ellos están en contra de la población de Tumbuctú”, continúa Sefti en su carta. No solo lo dice él. La última posición emitida sobre Mali por Acnur determina que la zona norte del país, particularmente la provincia de Tumbuctú y Gao, “sigue siendo inestable” y alertan del “riesgo de represalias sobre las personas que regresan del extranjero”. Por este motivo, la Agencia de la ONU para los Refugiados se declara contraria al retorno forzoso de malienses procedentes del norte del país.

¿Qué hubiese pasado si no hubiesen intervenido? “Nos enteramos de la programación de un vuelo de deportación a Mali por el traslado de 12 personas del CIE de Valencia al de Madrid. Los internos nos han dicho que nadie les había informado de la posibilidad de pedir asilo, ni en Melilla ni en el centro de internamiento”, explican desde SOS Racismo.

No es el primer vuelo de deportación colectiva a Mali de este año. El pasado 7 de marzo salió un avión fletado de Barajas con destino Bamako, en el que, según denuncia la Campaña estatal contra los CIE, “había personas que querían demandar asilo y menores”. Además, instan a “boicotear” a las empresas privadas beneficiarias de estas opacas expulsiones del Gobierno: Air Europa y el Grupo Globalia.