Una empresa del grupo ACS, acusada de ser “cómplice de un desastre medioambiental” en Guatemala
En Alta Verapaz, el departamento más pobre de Guatemala, un complejo hidroeléctrico que construye la española Cobra, filial del Grupo ACS, que preside Florentino Pérez, mantiene “secuestrados” alrededor de 30 kilómetros del río Cahabón, un elemento esencial en la vida y cultura de las comunidades maya quekchí que viven en la región. Así lo vienen denunciando desde hace tiempo habitantes de la zona y organizaciones ambientales del país.
Ahora, una investigación de Alianza por la Solidaridad evidencia los impactos ambientales y sobre los derechos humanos de Renace, un proyecto que levantará la hidroeléctrica más grande del país y que consta de cinco fases, de las cuales ya han finalizado tres. Les prometieron el desarrollo pero la mayor parte de esas comunidades indígenas sigue viviendo sin energía eléctrica ni agua potable. Alianza calcula que hay unas 29.000 personas afectadas de forma directa. Quienes denuncian, son criminalizados.
“Llegaron sin más, se instalaron sin ningún conocimiento de las comunidades afectadas. Nosotros vivimos frente a la primera hidroeléctrica [Renace I], el río ya no está”. Ervin Cac Chun es un joven estudiante de 28 años que vive en la aldea de Changkay, en el municipio de San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, donde se desarrolla desde finales de los noventa el mayor proyecto hidroeléctrico del país, Renace, sobre el río Cahabón, cuya ejecución está ahora en manos de la empresa española Cobra, del grupo ACS.
“Antes yo llegaba al río con mi mamá, ella lavaba ropa, íbamos a pescar, a nadar en verano. Había mucha gente pero ahora ya no se ve nada. Nadie visita la cuenca, hay poca agua. Ya no hay vida”, cuenta Ervin por teléfono a eldiario.es.
Alianza por la Solidaridad ha publicado recientemente el informe “Caso Renace-Cobra (ACS): La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala”, una extensa investigación sobre los impactos e irregularidades de este megaproyecto, propiedad de la empresa guatemalteca Corporación Multi-Inversiones (CMI) quien, a su vez, y bajo un acuerdo de estricta confidencialidad, contrató a la española Cobra para su ejecución a partir de la segunda fase, Renace II.
“Antes de las leyes que permitieron el cambio de modelo económico en nuestro país, esta empresa ya tenía puestos los ojos en el río”, explica Julio González, de Madre Selva, una organización de defensa del medio ambiente que proporciona acompañamiento y asesoramiento técnico y legal a las comunidades afectadas por estos megaproyectos.
Detrás de CMI está la familia Gutiérrez Bosch, una de las más poderosas e influyentes del país, con intereses en múltiples sectores, particularmente en la industria avícola. Monopolizan la producción de pollo y derivados, son los propietarios de la cadena de restaurantes Campero, en expansión por todo el mundo, y de Telepizza para Centroamérica, entre otros. En el caso de Renace, poseen una concesión para explotar el río Cahabón durante 50 años.
“El negocio de la electricidad es uno de los más lucrativos porque la generación de energía no paga impuestos, no lo hacen para dar luz al país, no hay tales beneficios ni modelo de desarrollo. En los últimos 12 años lo que ha aumentado es la pobreza”, denuncia González.
En San Pedro Carchá, donde se ubica Renace, el índice de pobreza es de un 88% y el de pobreza extrema, del 53,6%. En Guatemala, el crecimiento del PIB (un 4% en 2015 respecto al año anterior) viene acompañado de un aumento de la desigualdad: el 10% más rico acumula casi la mitad del total de ingresos, según un informe del Procurador de Derechos Humanos.
“Ellos dicen que traen el desarrollo, pero el desarrollo es solo para dos o tres personas porque donde nosotros estamos no hay energía eléctrica. De las 50 comunidades afectadas por Renace solo dos tenemos agua potable, y la ha gestionado nuestra comunidad, no tenemos instalaciones educativas, no vemos el desarrollo, por eso defendemos nuestro territorio”, subraya Ervin. Según datos del Banco Mundial, el 21,5% de la población guatemalteca no tiene acceso a la luz eléctrica, unos dos millones de personas, en particular, en las áreas rurales.
Impacto ambiental sin consulta previa
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala, obliga a la consulta previa e informada de las comunidades. Sin embargo, el procedimiento para realizar estas consultas no ha sido reglamentado en el país. Esto da pie a procesos muy cuestionables que, como en el caso de Renace, no pueden ser considerados acordes a la norma internacional. Para obtener las licencias, las empresas están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental, que incluyen consultas a la población y que raras veces suelen ser rechazados.
Según la investigación de Alianza por la Solidaridad, no hay constancia de estudios de impacto ambiental para la primera fase del proyecto, Renace I. Para Renace II y III se contrató a una consultora que elaboró una encuesta. Solo se preguntó a 57 personas, mayoritariamente hombres. “Tratan de orientar e influir en la gente con preguntas sesgadas como: ¿usted quisiera tener televisión en su casa, un equipo de sonido? Entonces, ¿le interesa que haya luz eléctrica? ¿Usted no se opondría a un proyecto hidroeléctrico? ¿Y estaría dispuesto a trabajar para ese proyecto? Cinco preguntas a las que la gente, en un mar de necesidades, responde que sí. Eso no es una consulta”, precisa Julio González. “Es como si estas comunidades no existieran, no son tomadas en cuenta, se vulnera su derecho a la información”.
Una de las características de Renace es que las sucesivas licencias para las cinco fases del proyecto se han ido concediendo en virtud de estudios de impacto ambiental concretos de cada una de ellas, en los que no se tiene en cuenta el conjunto de la obra. Estos estudios no están disponibles ni pueden consultarse en la web de la empresa, donde apenas hay información.
“Presentan estudios por partes en los que no se ve la integralidad y acumulación del daño, no se menciona que el río está secuestrado durante 30 kilómetros, los efectos que eso va a tener sobre el medio ambiente y la biodiversidad. La zona está prácticamente condenada a la extinción”, vaticina el responsable de Madre Selva. Por este motivo, entre las peticiones de las organizaciones está la realización de un estudio de impacto ambiental global del proyecto, más acorde a la realidad.
Los efectos ya son notorios. Las comunidades aseguran que hay zonas en las que el río prácticamente desaparece. “La falta de agua es un problema. La disminución del caudal del río va a traer problemas de salud, el agua queda encharcada y es fuente potencial para vectores de malaria, dengue o zika, virus que están ahora en auge en Centroamérica. El cambio climático ha aumentado el calor y ahora los mosquitos están llegando a regiones más altas”, apunta González.
La escasez de agua afecta a las comunidades que se ven obligadas a ingeniárselas. “El agua ya no tiene corriente, da pena tomarla, es como un charco. Solo en tiempo de lluvia tiene un poco pero en época de verano, cuando más se necesita, no hay. En las comunidades donde no hay agua potable unos han hecho tanques, han comprado aljibes para recolectar, y cuando se termina tienen que viajar, van a otros ríos o a otros municipios”, explica Ervin.
¿Beneficios a las comunidades?
En su web, CMI hace gala de su “modelo de sostenibilidad” basado, entre otros, en el “relacionamiento comunitario” y el “desarrollo sostenible”. Algunos de sus programas sociales se articulan a través de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, el brazo social de CMI, como “Mejores Familias” o “Mi salud, mi responsabilidad”. Básicamente, consisten en acciones puntuales y limitadas, como planes de trabajo temporal o cursos de formación, entrega de mochilas, reparto de útiles para la agricultura, becas, patrocinio de eventos deportivos o hinchables en fiestas infantiles, según recoge el informe de Alianza y puede verse profusamente anunciado en su página de Facebook, donde reciben un buen número de críticas en los comentarios.
Bajo los lemas “Con orgullo, somos parte de tu comunidad” o “Renace, energía con sentido social”, se adjudican como mejoras la construcción de carreteras que, sin embargo, son imprescindibles para el desarrollo de sus proyectos. El volumen, inversiones e impacto real de estas acciones es difícil de valorar pues tampoco hay informes de responsabilidad social corporativa (RSC) ni en la web de CMI ni en la de su fundación.
Alianza por la Solidaridad advierte de la facilidad de “comprar” voluntades en un contexto de necesidad y temor. La realidad, sostienen desde la organización, es que la presencia de Renace ha aumentado la conflictividad social dentro de las comunidades y entre ellas. “Ellos son muy selectivos cuando eligen a quién dan privilegios, lo hacen con la intención de tener aliados y frenar el descontento. No es una buena práctica de RSC confrontar familias e inclusive municipios”, sostiene González.
Muchos vendieron sus tierras a cambio de la promesa de un trabajo, pero éste ha llegado de forma precaria. Según el informe de Alianza, el empleo se da solo en la fase de construcción y son contratos por turnos de 15 días para cada persona que acaban generando sistemas de microcorrupción en la asignación de los mismos.
“Una vez que concluye la construcción, la empresa se va y se acaba el trabajo, es entonces cuando la gente se da cuenta de que se ha quedado sin empleo, sin tierras, porque las ha vendido y sin río. La conflictividad está creciendo especialmente allí donde las obras de Renace ya han finalizado”, matiza Rosa Martín Tristán, de Alianza por la Solidaridad, quien visitó la zona en abril.
“Que se conozca esto y haya presión”
La constructora Cobra también hace alarde en su web de buscar “un crecimiento sostenible”, “prevenir la contaminación” y “fomentar en empleados, proveedores y subcontratistas actuaciones respetuosas con el medio ambiente”. En el caso de Renace, sobre el que apenas hay información, Cobra elude cualquier responsabilidad al considerarse únicamente como empresa contratada. Así se manifiesta en el informe de Alianza: “Somos la mano de obra de los promotores, sin ninguna responsabilidad social. Si hay algún factor de riesgo en una zona, paramos la obra, nos retiramos y que quien lo tenga que afrontar que lo haga”.
Eldiario.es se ha puesto en contacto con ACS pero la empresa no ha realizado ninguna declaración. Su posición en este tema, apuntan, es la de la promotora, CMI.
Fuentes de CMI confirman a eldiario.es que han revisado el informe de Alianza por la Solidaridad. “Tenemos contacto con 33 comunidades, tenemos programas de desarrollo y cuidado ambiental, estudios de impacto ambiental... Entramos en contacto con las comunidades por donde va pasando nuestra operación, hemos tenido conversaciones y diálogos, llegamos a acuerdos. A esto le llamamos nuestra relación de 'buen vecino'”, sostienen.
Estas fuentes recalcan que la conflictividad social es algo que se ha “utilizado mediáticamente” en su contra, producto de la “desinformación” y destacan que el impacto ambiental solo se produce en la fase de construcción, “después de que la hidroeléctrica entra en funcionamiento, el impacto disminuye”. Dicen que, en virtud de la ley guatemalteca, ellos son generadores de energía y no les corresponde vender la electricidad a las comunidades pero que, en cambio, sí que las han ayudado a gestionar las peticiones para tener suministro.
Veinte años después de su presencia en el departamento, la mayoría sigue sin luz y viviendo en condiciones de pobreza. CMI no habla en nombre de Cobra o ACS y, ante las acusaciones de falta de transparencia, asegura que están trabajando en una web que contenga toda la información sobre este proyecto que iniciaron a mediados de los noventa.
Desde Madre Selva, no tienen tan claro que Cobra no tenga ninguna responsabilidad. “ACS está siendo cómplice solidario de un desastre ambiental, no podemos catalogarlo de otra forma, ellos saben el daño que están causando pero se escudan en que son subcontratados. Llegan, obtienen su dinero y tranquilamente se pueden ir del país y dejar allá un gran riesgo para las generaciones que vienen”, lamenta Julio González, quien hace unas semanas visitó España “con el deseo de que se conozca esto y haya presión desde fuera, porque allá en mi país los medios no lo van a divulgar”.
Precisamente con este fin, y tras el éxito obtenido con otras denuncias de acaparamiento de recursos naturales, como con Coca-Cola en El Salvador, Alianza por la Solidaridad ha lanzado una campaña de firmas. “Queremos que Cobra/ACS se comprometa a suspender su participación hasta que no se haga una evaluación exhaustiva del daño medioambiental y social del complejo hidroeléctrico, que no sea cómplice de una violación de los derechos humanos y que utilice su influencia para que el promotor respete los derechos y los recursos naturales de la población de Alta Verapaz”, especifica la responsable de la campaña TieRRRa, Almudena Moreno.
493 agresiones y 13 asesinatos en 2015
Oponerse a este tipo proyectos en el terreno se paga caro. “Estamos criminalizados”, reconoce Julio González. Hace tan solo un mes, el 8 de junio, fue asesinado en Alta Verapaz, Daniel Choc Pop. Este líder indígena de la comunidad de San Juan Tres Ríos, en el municipio de Cobán, trabajaba en la defensa del derecho al agua y la tierra y por la mejora de las condiciones de vida de las comunidades.
Dos meses antes, también fue asesinado Walter Manfredo Méndez Barrios, miembro del Frente Petenero contra las Represas, un movimiento nacional sobre los efectos negativos de estas infraestructuras.
Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos (UDEFEGUA), en 2015 se produjeron 493 agresiones a líderes ambientales y comunitarios en Guatemala, 13 asesinatos y 8 intentos de homicidio. La propia Cámara de Comercio española en Guatemala reconocía a Alianza por la Solidaridad que “los líderes de derechos humanos no tienen buena imagen entre las empresas y la sociedad, ni las ONG internacionales; solo se piensa de ellas que son problemáticas para los negocios y defienden a grupos de delincuentes y mafiosos”.
Julio González señala también la responsabilidad del Estado guatemalteco. “El Gobierno pasado fue cómplice abierto para imponer proyectos a la fuerza. El Estado ha estado cooptado por los intereses de los empresarios y corporaciones. Hubo muertos, se persigue a los defensores, hay 18 compañeros capturados sin ningún cargo, desde hace tres años han sido asesinados varios periodistas por llevar este tipo de mensajes. Ya estamos hartos de la impunidad”.
Desde Alta Verapaz, en Guatemala, Ervin, sin nombrarlo, habla de neocolonialismo: “Ya los tiempos cambiaron, queremos que ya dejen de extraer nuestros recursos, queremos decidir sobre nuestro propio desarrollo y que si nuestra riqueza es explotada, que lo sea para el bienestar de nuestros ciudadanos”.
