España pierde el rastro sistemáticamente de menores migrantes

“Cuando llegué quería estudiar, pero las cosas no me fueron como tenía pensado. Después solo podía pensar dónde conseguir comida”. Mikel, natural de Nigeria, alcanzó España con 16 años como polizón en un barco en 2009. Había dejado a su madre, “que no tenía nada”, en Níger, donde trabajó largas horas en el campo para poder pagar su viaje a Europa. “Quería estudiar y jugar al fútbol en Barcelona porque soy fan del Barça desde pequeño”, cuenta. Pero al llegar a España se dio de bruces con un sistema de protección excluyente con los menores extranjeros que los deja en la calle: “Presenté mi partida de nacimiento y me dijeron que no valía, me hicieron unas radiografías que dijeron que era mayor de edad y me echaron del centro de menores”.

El chico de 21 años, cuya identidad protege el nombre de Mikel (que él ha elegido porque le recuerda a un amigo), cuenta su historia, que es también “la de muchos chicos negros como yo”. Cuando un menor llega solo al país –lo que se conoce como un “menor extranjero no acompañado”–, la Administración tiene que proceder a su atención inmediata y a su inclusión en el sistema de protección de menores. Así lo marca la legislación nacional e internacional, como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU. En el caso de España, la competencia la tienen asignada las comunidades autónomas.

Pero cuando el que está en desamparo es un adolescente migrante, no siempre obtiene la protección a la que tiene derecho. En muchos casos, aunque los jóvenes aporten documentos de identidad que indiquen que son menores, la Fiscalía de Menores no da fiabilidad a estos papeles y los somete a unas pruebas médicas de determinación de la edad. Unos exámenes, que se están sugiriendo ahora en Suecia para identificar a posibles “falsos menores” entre los refugiados que llegan al país y a los que, por el momento, se opone la comunidad médica del país.

En España, estas pruebas son ejecutadas desde hace años pese a las críticas del Defensor del Pueblo y de instituciones similares (como el Defensor del Pueblo catalán). Las radiografías tienen un elevado margen de error (“de 1,7 años”, recoge el Síndic de Greuges), excesivo a su juicio para una decisión tan trascendente para la vida de los jóvenes. Si dan como resultado la mayoría de edad, se quedan en la calle, sin ningún adulto que vele por ellos, y sin acceso a la educación ni a otros derechos de los niños. “Y expuestos a los peligros de la calle, además en lugares desconocidos para ellos”, indica Susana Ferran, mediadora cultural que trabaja con menores vulnerables en la asociación catalana Noves Vies.

“Son niños antes que migrantes”

En su experiencia, ha constatado “el miedo que les da a los chicos cuando van a los albergues, porque en general están con personas con una situación de calle bastante cronificada”. De su vida al raso, Susana Ferran tiene constancia de “robos, de personas que acosaban a los chicos y que les intercambian drogas por sexo, muchos casos de enfermedad mental por esta situación extrema a la que se enfrentan, que les lleva mucho al límite”.

LLos menores con los que ha trabajado en Noves Vies son, sobre todo, chicos. “Lo más visible son los chicos, las chicas tienen una situación a menudo más compleja, más relacionada con el tema de la trata”, lo que les dificulta pedir ayuda.

Ferran entiende la conmoción social surgida tras la cifra de Europol de 10.000 menores refugiados a los que la UE ha perdido el rastro, pero no debería ser menor la que tenemos aquí con los menores migrantes, considera. “Ahora se está haciendo mucho caso al tema de Siria, por la emergencia que hay. Pero se está haciendo mucha división entre los migrantes por motivos económicos y los refugiados. Y, cuando hablamos de menores, es que hay una Convención de los Derechos del Niño que protege a este colectivo y donde no habría que poner diferencias”.

“El tema de los menores aquí está bastante oculto, tal vez es más doloroso que tu propio país sea el que vulnera los derechos de los niños”, continúa Ferran, que cree que el discurso migratorio contra los inmigrantes ha calado muy hondo y logra eclipsar ante la opinión pública estas vulneraciones sistemáticas de derechos.

La orden de los fiscales de someter a estas pruebas médicas de edad de manera sistemática a los menores migrantes con documentación provocó que, tras varias denuncias en los juzgados, el Tribunal Supremo dictase jurisprudencia en 2014 y prohibiera estos exámenes cuando los menores tienen documentación válida de sus países (como pasaportes y partidas de nacimiento) que avalan su minoría de edad.

Mikel tenía una partida de nacimiento de su país, que decía que había nacido en octubre de 1994, y consiguió en la embajada de su país un pasaporte que así lo recogía. Tenía 16 años en 2010 pero la Fiscalía hizo que lo sometieran a las pruebas, que le dieron un resultado de mayoría de edad y acabó en la calle. Gracias a la ayuda de Susana Ferran, pasó los meses de un albergue para personas sin hogar a otro.

Denuncias de continuas vulneraciones de derechos

La asociación Noves Vies –galardonada con el premio Solidaridad 2015, del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña–, con la defensa de su presidente, el abogado Albert Parés, luchó en los tribunales el caso de Mikel. Y ganó. La sentencia, de marzo de 2015 y a la que ha tenido acceso eldiario.es, de la Audiencia Provincial de Barcelona falló que “debemos revocar y revocamos la expresada resolución, y declaramos que cuando se dictó la resolución administrativa ahora impugnada de fecha 28 de febrero 2011 el recurrente era menor de edad, lo que le otorgaba derecho a quedar bajo la protección que la ley dispensa a los menores no acompañados”. Era 2015 y Mikel ya era mayor de edad.

Mikel debería haber estado dos años protegido por la Administración. “En estos años lo he pasado muy mal. Recuerdo a un hombre que a veces me llevaba pan y que me decía que no debería estar en la calle. Un día me robaron toda la ropa que tenía, menos mal que Susana tenía mis papeles. Yo solo pensaba en dónde comer. Solía conseguir una comida al día”, explica Mikel. Hoy tiene trabajo en una empresa cárnica, donde hizo las prácticas de unos cursos de formación. “Ahora tengo un piso que comparto y un trabajo”, dice con alegría en su voz.

La historia de Mikel se repite a diario, según denuncian varias organizaciones sociales dedicadas a la infancia. Albert Parés afirma que la sentencia del Supremo “no ha cambiado nada, se sigue sometiendo sistemáticamente a las pruebas de edad aunque los menores tengan documentación legal. La Fiscalía y la Generalitat violan los derechos de los niños de manera sistemática”, continúa el abogado. El Defensor del Pueblo catalán también llegó a esa conclusión en esa reciente resolución, en la que indicaba que los protocolos de la Dirección de Infancia de la Generalitat vulneraban el interés superior de los menores.

Del mismo modo se pronuncian Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces en Madrid, y José Palazón, director de la ONG Prodein en Melilla. “Lo de los menores no acompañados es un desastre, están en centros sobresaturados, como ellos mismos reconocen ahora en la Consejería de Bienestar Social. Dicen que hay demasiados niños que llegan desde Marruecos, pero esto es una realidad que lleva así 20 años. ¿No será que falta capacidad en los centros, en lugar de que sobran niños?”, critica Palazón.

La falta de oportunidades en Melilla dentro del propio sistema de protección, reconocida en un escrito de este enero por la Defensora del Pueblo, “provoca que muchos chavales se arriesguen a saltar al puerto y colarse en algún barco. Hace poco se han muerto dos chicos así”, añade Palazón.

“España los obliga a irse”

Detrás de sus denuncias están los menores, recuerda Reyzábal, “que España, la Fiscalía, los está dejando en la calle. Abandonando y obligando a que muchos cojan un billete y se marchen a otros países de Europa. Parece que es lo que buscan”. eldiario.es ha recogido los casos de varios menores en la misma situación: como el de Toumani, que tenía 15 años el pasado octubre; y el de Adika, que tenía 17 en marzo del pasado año, cuyos casos sigue luchando Albert Parés ante la justicia.

La Fundación Raíces ha denunciando el Protocolo Marco de Menores Extranjeros no Acompañados, que aprobó el Gobierno del PP poco después de la sentencia del Supremo y que “es contrario a la jurisprudencia del Supremo sobre las pruebas de edad”, indica Reyzábal. Poco después de su aprobación eldiario.es consultó al Tribunal Supremo y fuentes del organismo apuntaron que el Ejecutivo debía modificar el protocolo. “Ahora está en la Audiencia Nacional y estamos a la espera de sentencia, pero podría significar la anulación del protocolo, que es en el que se están basando los Fiscales para dictar las pruebas de edad y no en la sentencia del Supremo”, añade Reyzábal.

Una de las exigencias que marcó el alto tribunal en sus sentencias fue la necesidad de que la Fiscalía justifique de manera razonada por qué no se consideran válida la documentación de los menores. “Es algo que no se está haciendo. Nunca. Los chavales se quedan con su documentación, con esos pasaportes, no son impugnados porque son válidos”, explica la presidenta de la Fundación Raíces.

Una de las situaciones más extremas con la que se están encontrando es con la reclusión de menores en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, para proceder a su expulsión como si fueran mayores de edad. “Hemos sacado a varios chavales en los últimos meses. El 8 de octubre, por ejemplo, sacamos a siete: seis eran de Argelia y uno de Marruecos. El juez de vigilancia del CIE los sacó cuando vio sus pasaportes porque son menores de edad. El 13 de noviembre, fuimos a por otro chaval, que tenía 16 años y se le veía muy chiquitín. Y el 19 de noviembre, sacamos a otros siete menores, en este caso eran argelinos todos”, cuenta Reyzábal, que acude al CIE ante la denuncia de otras organizaciones, porque no tienen autorizado el paso.

Mikel espera que las denuncias en los medios sirvan para que otros chavales no pasen por lo mismo que él. “Yo siempre pensaba en mi madre. Ella estaba preocupada por mí, me decía que no podía estar solo. Yo nunca le dije que estaba en una situación tan mala. Siempre le decía que estaba bien, con gente buena. La engañaba para no hacerle sufrir”.