Los campesinos ecuatorianos que expulsaron a dos multinacionales mineras

Si algún color predomina en el valle de Íntag, ese es el verde. A la exuberante vegetación que puebla las montañas de esta región del noroeste de Ecuador le acompaña el tétrico verde metálico que contamina algunos de sus ríos. La explotación minera en este valle, conocido en América Latina por el ejemplo de resistencia de sus habitantes contra la minería a gran escala, busca extraer el cobre que se esconde bajo las entrañas de la tierra. Situado en una de las áreas más biodiversas del planeta, Íntag es uno de los muchos conflictos mineros que salpican la geografía latinoamericana, una región que provee el 45% del cobre que se consume a nivel global.

Isabel Anangonó, originaria de Íntag, denuncia que “nos tratan como terroristas por estar contra la minería, pero los terroristas son los que dividen a una sociedad que antes, hermanados, hemos vivido aquí”. Esta enérgica mujer afroecuatoriana exclama que “el presidente siempre dice que nosotros los ecologistas no queremos desarrollo. Pero ¿desde cuándo ha habido aquí desarrollo? El desarrollo no es para el pueblo, sino para los ricos”, indica en un acto organizado por el Día Mundial en contra de la Minería, el pasado 22 de julio.

En la Reserva Comunitaria de Junín, constituida por la población de Íntag para destacar el valor ecológico del valle y evitar la explotación minera, ya son visibles los efectos de las actividades de exploración del proyecto Llumiragua que desde 2014 lleva a cabo la Empresa Nacional Minera de Ecuador (ENAMI) en asociación con la chilena Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). Aunque los trabajos se encuentran en la fase de exploración inicial, en los ríos y cascadas que nutren de agua a las comunidades se observan fácilmente los residuos generados por la minería. El agua que una vez fue cristalina, hoy tiene un tinte verde metálico que contamina lo que encuentra a su paso.

En una carta dirigida al presidente ecuatoriano en 2014, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina mostró su preocupación porque “el proyecto minero en Llurimagua, que utilizará grandes cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la destrucción de sus nacientes, es sin duda un enorme riesgo para los ecosistemas y comunidades de Íntag”.

La resistencia en este valle se enmarca en un contexto latinoamericano donde los conflictos relacionados con la minería se extienden desde México hasta Chile. Los proyectos de extracción de minerales llevados a cabo por empresas transnacionales en conjunción con los diferentes gobiernos de la región plantean el dilema entre la defensa de la naturaleza y de los modos de vida tradicionales de los campesinos, por un lado, y las aspiraciones de desarrollo económico y fuentes de empleo en áreas remotas con altos índices de exclusión, por otro.

Minería “irresponsable” con la naturaleza

Como Íntag, la provincia argentina de Catamarca también es conocida por la presencia de iniciativas mineras que extraen oro y cobre. Según Horacio Machado, investigador y profesor universitario argentino especializado en conflictos mineros (y originario de esta zona), “en Catamarca la empresa minera procesa 180.000 toneladas de tierra al día, consume diez mil kilos de explosivos y usa un millón de litros de agua diarios. Los minerales deseados apenas suponen un 2% de lo procesado, mientras el 98% se convierte en escombros”.

Machado destaca las consecuencias negativas de las actividades extractivas: “El principal impacto ambiental de este tipo de minería es la contaminación del agua y del aire producida por los minerales pesados desechados, como el plomo o el mercurio”. A ello habría que añadir “la deforestación masiva” que provocaría la explotación a gran escala, como reconoció el informe de impacto ambiental sobre el caso de Íntag elaborado por la Agencia Japonesa para la Cooperación Internacional en 1998.

Julio Barea, de Greenpeace España, considera que “la minería lógicamente es necesaria, pero con todos los condicionantes ambientales y humanos controlados”. Según Barea, en América Latina y otras regiones periféricas no existen los mismos controles a los impactos ecológicos de la minería que existen en Europa: “Allí nadie se entera de nada, solo la gente que vive allí, que es la gente que termina padeciendo los efectos”.

Militarización para frenar a los activistas

“La de Íntag es una lucha emblemática porque fue el primer territorio de resistencia popular y local que durante mucho tiempo impidió la realización de un proyecto”, afirma Horacio Machado.

La lucha contra la minería en Íntag comenzó en la década de los 90, cuando la empresa japonesa Bishimetals consiguió la concesión de una parte del el territorio del valle. La resistencia de sus habitantes logró expulsar a la empresa asiática en 1997, pero en 2004 el estado ecuatoriano volvió a permitir la entrada de otra transnacional: la canadiense Ascendant Copper. La población de las 76 comunidades inteñas, con Junín a la cabeza como una de las más afectadas, se organizó y consiguió expulsar a la compañía norteamericana en 2006, después de que esta recurriera incluso al reclutamiento de fuerzas paramilitares para intentar doblegar las aspiraciones de los campesinos del valle.

Finalmente, el gobierno dirigido por Rafael Correa reactivó el interés por extraer el cobre de Íntag y comenzó el proyecto Llurimagua con la chilena CODELCO y la ecuatoriana ENAMI. “El gobierno ya conocía la fuerza de la resistencia de Intag, por lo que ideó nuevas estrategias, como la detención de Javier Ramírez”, relata Julio Espinosa, habitante inteño y miembro de la organización Defensa y Conservación Ecológica de Íntag.

Javier Ramírez, campesino de 35 años dedicado al cultivo del café, acabó en la cárcel. “La estrategia del gobierno ha consistido en perseguir a los líderes. Yo mismo fui detenido y encarcelado durante diez meses”, relata el expresidente de la comunidad de Junín. Fue acusado de rebelión en 2014, por agredir a trabajadores de la ENAMI pese a presentar pruebas que mostraban que no estuvo en el lugar de los hechos. “Cuando llevaba un mes en prisión, la policía entró por la fuerza en la comunidad, atropellando a la gente que seguía defendiendo el territorio”.

Espinosa considera que la detención de Ramírez fue “un pretexto para militarizar Íntag. Y entonces mandaron a 200 policías y tomaron la comunidad”. Corría mayo de 2014 cuando la división comenzó a fracturar a la comunidad de Junín.

Promesas de desarrollo a cambio de minas

A Ramírez, ya en libertad, lo que más le duele es comprobar la división que se ha propagado entre los habitantes de Junín. Si se lleva a cabo la explotación, el gobierno ha prometido construir una escuela, varios centros de salud y redes de agua potable y electricidad para lo que se invertirán más de cinco millones de dólares. Estas promesas y el empleo han convencido a algunos habitantes. Polivio Pérez, habitante de Junín, duda: “No se ha cumplido ninguna promesa, sólo son engaños”.

Horacio Machado explica que “las empresas mineras entran en las comunidades con una doble estrategia: prometen empleo y propician la militarización del territorio”, pero recuerda que “la minería es un modelo de corto plazo que dura máximo veinte años y que genera muy pocos puestos de trabajo locales”.

La división de la comunidad provoca importantes daños psicológicos e intrafamiliares en los habitantes. Julio Espinosa cuenta que tres de sus diez hijos trabajan para la empresa minera. “A uno lo enfermaron, trabajó hasta que pudo y cuando se enfermó lo despidieron. A otro lo convencieron para que no luchara junto a su padre. Mis hijos ahora ganan dinero, pero se han vuelto prepotentes”.

Por el Día Mundial contra la Minería, en Junín se llevó cabo el pasado fin de semana un festival comunitario para reivindicar que existen 'Alternativas Vivas'. Así, la población de Íntag ha puesto en marcha iniciativas de ecoturismo y de cultivo de café para comercio justo. Asimismo, existe el proyecto comunitario HidroIntag, que pretende construir pequeñas centrales hidroelécticas para financiar microempresas y apoyar la ganadería y la agricultura.

Para Horacio Machado, “hay muchas alternativas que están ya en los territorios, como la producción de cacao, café, chocolates o frutas. Para que haya alternativas lo primero es decir no a la minería, porque si entra la minería supone la destrucción de las alternativas posibles”.

En opinión de Julio Barea, otras opciones pasan por reutilizar los minerales presentes en los aparatos que se arrojan a la basura. “Habría que hacer minería en los residuos, en los electrodomésticos, en todo lo que estamos tirando, porque este cobre que tiramos se podría utilizar para hacer bienes de consumo. Pero es más rentable autorizar nuevas explotaciones a reutilizar lo ya creado”, indica el miembro de Greenpeace, una ONG que ha denunciado la contaminación producida por las explotaciones mineras desde Colombia hasta China.

En la comunidad de Junín, enclavada entre las montañas de bosque nuboso que rodean el valle de Íntag, Javier Ramírez tiene claro el objetivo de su lucha: “Hemos tomado conciencia de que la tierra vale más que el oro y que el cobre. Nuestra agua no la cambiamos por ningún mineral”.