El Salvador y las agresiones a la lucha antiminera
Amenazas, robos, asesinatos. Es el precio que pagan en El Salvador algunos de los manifestantes en contra de la minería metálica en el país. El 25 de junio, sobre las siete y media de la tarde, la abogada Zenayda Serrano caminaba a casa después de su jornada laboral cuando un individuo le asaltó a mano armada. Le robó varios expedientes y documentos relacionados con su trabajo, pero no el teléfono que llevaba ni otros objetos de valor.
Son los hechos denunciados por esta empleada de la Fundación de estudios para la aplicación del derecho, integrante de la Mesa nacional frente a la minería metálica -una red de organizaciones que ha mostrado repetidamente su rechazo a los proyectos de varias transnacionales que buscan la extracción de oro en el país centroamericano-.
Este es uno más de los episodios de violencia que denuncian haber padecido ambientalistas y periodistas como los de Radio Victoria, una emisora comunitaria del departamento de Cabañas. “Nos han venido a tirar anónimos debajo de la puerta. [...] Hemos tenido que mover a gente de sus casas a altas horas de la noche”, contaba el periodista Óscar Beltrán.
“Yo creo que no han logrado hacer un atentado porque hemos actuado antes de que ellos puedan hacerlo, pero de no haber actuado con esa rapidez, yo me atrevería a decir que ahora estaríamos lamentando por lo menos a unos cinco compañeros y compañeras”. El procurador salvadoreño para la defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, llegó a pedir hace tiempo protección para tres de los informadores del medio.
“Desde el año 2009 hemos sufrido persecución, amenazas, hasta finalizar con asesinatos de algunos compañeros y más recientemente he sido víctima de robo”, explicó Serrano. Se refiere a la muerte a tiros hace cuatro años de Ramiro Rivera, vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas que ya había sobrevivido a varios impactos de bala.
No fue el único crimen. En junio de ese año desapareció el maestro y ecologista Gustavo Marcelo Rivera, cuyo cuerpo encontraron en un pozo, días más tarde, con signos de tortura. Ambos se oponían a la presencia de la minera canadiense Pacific Rim. Precisamente, esta transnacional demandó recientemente 315 millones de dólares (más de 241 millones de euros) al estado salvadoreño por supuestas pérdidas ocasionadas al no haber explotado la mina El Dorado en el mencionado departamento.
La intimidación como arma
Los ataques se expresan de muchas formas. Edgardo Mira, del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) y una de las caras más conocidas de la lucha antiminera salvadoreña, aseguró que tanto la página web como varios correos electrónicos de su institución fueron hackeados en las últimas semanas, sustrayendo información relevante de sus actividades.
“Para nosotros esto tiene un propósito, que es desarticular el trabajo que realizamos y, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, entendemos que la mayor parte de los ataques se originan en la República de Guatemala”, denunció Mira y recordó que gran cantidad de su labor se lleva a cabo “en contra de la minería transfronteriza” y, particularmente, en contra de la mina Cerro Blanco, que se localiza en Guatemala, a unos 14 kilómetros de la frontera con El Salvador.
Según el Observatorio de conflictos mineros de América Latina, el proyecto abarca 235 kilómetros cuadrados y “se pretende extraer más de un millón de onzas de oro, con lo cual se necesitarían más de seis mil toneladas diarias de cianuro”. Este proceso desemboca habitualmente en la contaminación de acuíferos y otras fuentes de agua, lo que ha motivado fuertes protestas ciudadanas -en las que CEICOM ha participado- contra la actividad de la empresa Entre mares, subsidiaria de Gold Corporation Inc. Los habitantes de esta área limítrofe han expresado su intranquilidad por la consecuente polución del río Lempa, que abastece de agua a buena parte del territorio salvadoreño, y podría ocasionar graves daños para la salud.
La impunidad como norma
En un país donde la impunidad se impone, varias voces reclaman que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil no investigan estos sucesos como deberían. En el caso de Zenayda Serrano, lamentan que las instituciones no estén actuando con diligencia, aun cuando varias cámaras del circuito cerrado de vídeo de su zona residencial muestran la aparición sospechosa de quien, al parecer, asaltó a la abogada. El jurista Héctor Antonio García Berrios aseguró que “hay indicios bien fuertes donde se comprueba el seguimiento por varios días”.
A pesar de que la denuncia se interpuso al día siguiente del robo a punta de pistola, los ambientalistas anunciaron que próximamente también presentarán el caso a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. “Lo preocupante es que si pasa el tiempo, se corre peligro”, añadió García Berrios.
Para Serrano, “no es posible que tantos hechos queden en impunidad, que desde el año 2009 seamos víctimas de diferentes hechos de violencia y hasta este momento la Fiscalía General de la República no dé una respuesta, ni abra un proceso efectivo, pero sobre todo, por que se les pueda resarcir el daño a las víctimas”.
Por eso, Edgardo Mira sostiene que es fundamental dar a conocer “que de nuevo los luchadores ambientales de nuestro país están siendo amenazados, agredidos, y que desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver precisamente con la postura que hemos asumido, en tanto que ponemos en alguna medida en riesgo los intereses de estas grandes empresas transnacionales”.
