Una niña nigeriana víctima de trata tendría muy difícil ser protegida en España
El secuestro de al menos 234 niñas nigerianas por parte del grupo armado fundamentalista Boko Haram ha colmado las redes sociales de mensajes y fotos de denuncia en las que se pide la liberación de las jóvenes, que la organización pretende vender como esclavas. Ante los comentarios de solidaridad de algunos políticos, tanto españoles como internacionales, las ONG advierten de que el caso puede no ser solo una cuestión nigeriana sino que las niñas son potenciales víctimas de trata que, incluso, podrían acabar en España, un país receptor y de paso para las personas que caen en este tipo de redes y donde “no existe una protección efectiva” para ellas.
La organización Women's Link conoce bien el viaje de muchas mujeres nigerianas atrapadas por las redes de trata de personas que, en su viaje hacia Europa, hacen una parada en España. En su informe La trata de mujeres y niñas nigerianas: esclavitud entre fronteras y prejuicios, que presentaron en abril, sitúan nuestro país como territorio de paso en las principales rutas de las mafias. “La mayoría llegan en patera”, afirma Gema Fernández, coordinadora del estudio, “aunque también hay casos menos numerosos de entradas por tierra y a través de Barajas”.
En el discurso del portavoz de Boko Haram en el que atribuye el secuestro de las niñas al grupo armado, se deja ver la posibilidad de la trata: “Yo he secuestrado a vuestras niñas. Hay un mercado para vender seres humanos. Alá me dice que las venda. Venderé a las mujeres”
El informe de Women's Link arroja entre sus conclusiones la falta de protección de estas víctimas en nuestro país. “A pesar de los cambios normativos para regular la actuación española en este tema, se ha quedado más en el plano formal. No existe una protección efectiva de las mujeres”, indica Fernández. Además, nuestro país carece por el momento de una Ley Integral contra la Trata de Personas, una de las medidas del Convenio del Consejo de Europa al respecto que firmó España.
Fernandez critica la voluntad de las autoridades: “No hay un interés real de protegerlas. Principalmente por dos motivos: les da miedo que sea una vía de entrada para la inmigración irregular, y también que las propias mafias sean las que se aprovechen de la situación regular de las víctimas, una vez protegidas por el Estado, para seguir aprovechándose de ellas”. En su opinión, una postura “poco realista y propia de conocer poco el tema”.
La posibilidad de actuar a través de las vías establecidas ha sido una de las críticas que han seguido a la publicación de mensajes solidarios de algunos responsables políticos. #BringBackOurGirls, sostiene en una hoja María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular y presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha. La estampa ha sido repetida por Esteban González Pons, vicesecretario General del PP y número dos del partido en el Gobierno para las elecciones europeas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores también ha mostrado su preocupación por el secuestro e instado a la liberación de las jóvenes, a través de un comunicado y en su cuenta en Twitter.
La identificación como víctima: el primer obstáculo
La ONG Accem trabajó activamente para que España concediese el estatus de refugiada a Paloma, una mujer mexicana que cayó en una mafia en su país y fue obligada a prostituirse. Su caso es el segundo en una víctima de trata que logra el asilo en nuestro país, cuando la posibilidad está recogida en la ley desde 2009. La primera ocasión tuvo lugar en octubre, a una mujer nigeriana que llegó a España cruzando el Estrecho en una embarcación neumática y, con el apoyo de Cruz Roja, denunció a la red de explotación sexual que la había captado en su país de origen.
María Teresa de Gasperis, experta en trata de personas de Accem, afirma que “hay mejoras a tener en cuenta”, pero aún son muchos los aspectos que mejorar. “Uno de los principales problemas, y el primero de ellos, es la dificultad para identificar a estas mujeres como víctimas de trata”, dice. Gema Fernández alerta sobre la gravedad del problema: “Si no se identifica a una víctima como tal, todas las vías de proteccion previstas son inútiles para ella”.
La Defensora del Pueblo incidió en esta tarea pendiente en su informe Trata de seres humanos en España: víctimas invisibles de 2012. Desde la institución recomendaban la inclusión de las ONG especializadas en el tema en las labores de identificación, para ayudar a los cuerpos policiales (que son los encargados de esa función). Sin embargo, esta recomendación fue rechazada por el Gobierno, según expuso la Defensora en su informe anual de 2013.
Gema Fernández y María Teresa de Gasperis coinciden en la conveniencia de la colaboración entre las organizaciones y la Policía. “Se da la situación de que los encargados de las identificaciones son los mismos cuerpos policiales que también deben garantizar la protección de las fronteras españolas. Por lo tanto, observamos errores en el foco de las autoridades, que afrontan el problema como un asunto de inmigración”, apunta Fernández. En la identificación, no es obligatoria la presencia de un abogado ni tampoco el asesoramiento de ninguna ONG.
Las vías de protección disponibles
Las víctimas de trata encuentran principalmente dos vías de protección en nuestro país. “Por un lado, el artículo 59 bis de la Ley de extranjería y, por otro, la Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria”, expone de Gasperis. En el primer caso, la víctima puede solicitar protección en caso de “colaboración con la policía para perseguir a los tratantes o dependiendo de la gravedad de la situación personal del afectado”.
Este caso presenta dos debilidades, según las expertas. En el caso de Gasperis, opina que la redacción deja un margen muy amplio de interpretación en el caso de “la situación personal” de la víctima, que es aplicada de manera muy distinta. Gema Fernández apunta que la motivación de la protección no es la adecuada: “No se debería auxiliar a la víctima poniendo una condición de colaboración”.
Además, el especial miedo y el silencio de las víctimas nigerianas fueron algunos de los motivos que llevaron a Women's Link a centrar su investigación en el colectivo y que ponen en riesgo esta opción para muchas mujeres. “Es muy difícil que hablen y nos cuenten qué están sufriendo. Cuando llegan a España, cuentan casi siempre la misma historia, inventada”, relata Fernández. Una de las peculiaridades de estas víctimas es su miedo al vudú y a creencias religiosas como el juju, con las que les amenazan las mafias.
La segunda vía es la petición de asilo, que no ha encontrado ningún éxito hasta el año pasado. “Hasta entonces, los responsables de las solicitudes consideraban que la vía de protección de las víctimas de trata era el artículo 59 de la ley de extranjería, y las peticiones no prosperaban”, dice de Gasperis.
Sin embargo, ambas especialistas consideran que hay muchos casos, en víctimas nigerianas (pero también de otras nacionalidades), que la opción del asilo es viable, mediante el criterio de “riesgo de persecución en el país de origen”. “En ocasiones sus familiares están amenazados o incluso las mismas mafias pueden volver a reclamarles la deuda que contraen por el viaje a Europa, de unos 40.000 o 50.000 euros”, dice de Gasperis.
“La vulnerabilidad de las mujeres es muy elevada”, coincide Fernández. “Hemos viajado en dos ocasiones al país y, aunque tienen un sistema para asistir a las víctimas, no tienen la capacidad real para hacerlo. Hay casos en los que las mujeres son repatriadas a sus países y las personas que las esperan en Nigeria son las propias mafias”.
La niñas nigerianas retenidas en su país y en otros territorios, por desgracia, no son solo 234, sino un número mucho mayor. Historias de explotación y violaciones de los derechos humanos que, en ocasiones, han pasado por territorio español. La recomendación de las especialistas para que España pueda garantizar una mejor protección a estas personas pasa por la colaboración con las organizaciones que conocen el problema, una mayor formación de las autoridades sobre las especificidades de la trata de personas y la aplicación real de las leyes y convenios internacionales.
