Los obstáculos con los que se chocan los refugiados para alquilar un piso en España

Samira no es demasiado exigente. Busca un piso de alquiler sencillo, de dos habitaciones, en un barrio cualquiera de Málaga. Pero no hay forma. Desde hace tres meses repasa a diario las páginas de anuncios, apunta números de teléfono, llama, pero la respuesta se repite como en el día de la marmota. No hay sitio para ella, ni para su marido, ni para sus hijas de tres y seis años. Su situación, tal cual, ya sería un problema para cualquier familia, pero resulta que Samira es refugiada y no tiene ningún otro sitio a dónde ir.

Es otra zancadilla a la que se enfrentan las personas que buscan asilo en España. Después de superar todo tipo de obstáculos para llegar hasta aquí, ahora se chocan con las trabas del mercado inmobiliario. Faltan viviendas, son demasiado caras y los requisitos son directamente imposibles de cumplir. “Me piden contrato de trabajo, nóminas, aval. No se dan cuenta de que somos refugiados. No podemos demostrar todo eso”, explica Samira. Ella y su familia llegaron a Málaga en 2015 después de abandonar a la fuerza su casa en Siria.

El proceso de recepción de solicitantes de asilo se divide en tres fases. En la primera –que dura unos seis meses- se les ayuda a cubrir sus necesidades básicas, se ofrecen clases de español y se proporciona alojamiento, bien en un centro de acogida o en un piso tutelado por una ONG. La segunda fase, de otros seis meses, corresponde a la integración. Los solicitantes reciben una autorización para trabajar y deben alquilar una vivienda propia donde empezar de nuevo. A cambio reciben una ayuda para el pago de la renta que oscila entre 380 euros por persona y 700 para unidades familiares. La tercera y última fase es la de autonomía, donde ya solo perciben algún apoyo económico puntual.

Se supone que una persona refugiada debería poder integrarse en la sociedad española en un plazo máximo de 18 a 24 meses. Pero no es tan fácil, el proceso se estanca al pasar de la fase una a la dos. Justo en el momento en el que estas familias deben enfrentarse a un mercado del alquiler exigente y precario que no tiene en cuenta su situación desigual y vulnerable.

“Nos preocupan mucho las dificultades que están encontrando estas personas para conseguir alojamiento cuando salen de los centros de acogida. La mayoría no puede demostrar una solvencia económica a medio o largo plazo, por eso el mercado los rechaza”, aseguran desde el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Las ONG como CEAR proporcionan a los solicitantes de asilo un documento en el que se acredita que estos reciben una ayuda económica para el pago del alquiler, sin embargo para los propietarios y agencias inmobiliarias (que hoy gestionan el 50% de los arrendamientos) no es suficiente.

“Se trata de un documento oficial, pero los propietarios no se fían. Casi siempre tenemos que llamar nosotros a los caseros y a las agencias inmobiliarias para convencerles y ni por esas. Muchas veces tenemos que prorrogar la estancia de estas personas en los centros de acogida porque no hay vivienda disponible”, advierten también desde la organización ACCEM.

Es el caso de Samira y su familia que hoy continúan viviendo con otras treinta personas en el convento de Santa Eufemia en Antequera, a pesar de que hace dos meses tenían que haberse marchado. “Tuvimos que quedarnos más tiempo porque no encontrábamos nada. Aquí nos tratan muy bien, pero necesitamos alquilar ya una casa, sobre todo por mis hijas. Necesitan una estabilidad”. Ahora Samira acaba de pedir una segunda prórroga de otros dos meses. Y esta ya es la última, si no consiguen una vivienda en 60 días no tendrán ninguna opción.

“Cuelgan el teléfono cuando notan un acento distinto”

No solo es cuestión de solvencia económica. Muchas veces quienes rechazan alquilar su vivienda a personas refugiadas lo hacen por prejuicios, denuncian algunas organizaciones. “Hay situaciones claras de discriminación racial o xenófoba. Algunos propietarios piensan que la gente extranjera no paga bien, que van a meter a muchas personas en casa. Algunas veces hasta les cuelgan el teléfono cuando notan un acento distinto o les convencen de que el piso ya ha sido alquilado”, alertan en CEAR.

Desde la asociación Provivienda, en Madrid, también aseguran vivir situaciones similares. “Encontramos muchos prejuicios y miedo a lo desconocido. La situación de los refugiados nos despierta empatía pero luego, a la hora de la acción, es más difícil que la gente reaccione”.

El problema es que la vivienda no solo es un techo, para estas personas tener un lugar al que llamar hogar es el paso imprescindible para normalizar sus vidas. Por eso, como critican desde ACCEM, “todas estas dificultades para conseguir un alquiler perjudican su integración y autonomía. Les genera mucha ansiedad”.

Las ONG insisten en la importancia de que las personas refugiadas tengan un espacio de pertenencia, de unidad familiar, de intimidad, para abandonar de una vez por todas la situación de tránsito. “La vivienda es el paso previo para el acceso al resto de medios integradores. Es complicado buscar trabajo si no tienes dónde ir a dormir. En el caso de que haya menores, es un derecho básico para su protección. Muchas de estas personas, si no consiguen casa ni trabajo, pueden acabar en situación de calle”, apuntan en CEAR.

“Es un tema de responsabilidad pública”

Este problema de acceso a la vivienda ya fue denunciado por la Defensora del Pueblo en el informe de octubre de 2016 sobre “Acogida e Integración de refugiados en España”. Entonces se advertía sobre las “reticencias de los arrendadores en el mercado libre”. Este mismo documento también criticaba la falta de coordinación entre el Gobierno (administración competente en materia de asilo) y las administraciones autonómicas y locales. Según la Defensora del Pueblo, esto ha provocado “una infrautilización de los recursos de vivienda”.

“Es un tema de responsabilidad pública”, defienden en CEAR, “deberían ser las administraciones quienes busquen soluciones para evitar todos los problemas que se están dando en el mercado privado, evitar la discriminación y el difícil acceso de las personas refugiadas al alquiler”. Las organizaciones piden que se hagan campañas para sensibilizar a los propietarios e inmobiliarias, pero también que se ponga más vivienda pública a disposición de estos colectivos.

Ante la lentitud de respuesta del Gobierno, algunos ayuntamientos han puesto en marcha sus propias iniciativas. Es el caso de Barcelona, donde se ha creado el primer programa municipal de acogida, Nausica. El plan proporciona vivienda y apoyo social para los casos más extremos. Eso sí, vuelve a ser una solución temporal. Unos seis meses.

“Hay un problema de fondo y es la necesidad de que los poderes públicos garanticen de una vez y para todos los colectivos vulnerables, el derecho a una vivienda digna y estable”, reivindican las responsables de Provivienda.

A pesar de la queja unánime de las organizaciones sociales, la patronal de la gestión inmobiliaria asegura no saber nada de este asunto.

¿Cómo ofrecer una habitación a un refugiado?

A María no le importó que Dima fuera una persona refugiada, tampoco le preocupó que hubiera venido de Ucrania, ni mucho menos se fijó en si tenía trabajo estable o ahorros en el banco. María simplemente le alquiló a Dima la habitación que tenía libre en casa, sin plantearse nada más. Ahora estos compañeros de piso acaban de cumplir su primer mes de convivencia.

“No es nada del otro mundo, es convivir. La gente no debe tener estereotipos ni miedo. Al final todos somos parecidos”, cuenta María.

Ambos se conocieron gracias a la plataforma ciudadana “Refugiados Bienvenidos” creada para poner en contacto a personas que quieren alquilar una habitación con solicitantes de asilo que necesitan una.

“No es simplemente una solución de vivienda, tiene que haber ganas de intercambio, de compartir. En general es una experiencia muy enriquecedora para las dos partes”, explica Pablo Suarez, uno de los promotores de este proyecto cuya idea original nació en Alemania.

El sistema funciona a través de un formulario online en el que cada parte, propietarios e inquilinos, especifican sus datos y necesidades. Luego los miembros de la plataforma se entrevistan con los solicitantes para encontrarle la vivienda más idónea a su perfil.

“Son los responsables de atención social los que se ponen en contacto con el casero para facilitar el encuentro. Siempre hay un intermediario que llamamos vínculo local”, explica Suarez. Esa persona seguirá de cerca la convivencia, les acompañará en todo el proceso y les ayudará a solventar posibles diferencias interculturales.

Cada propietario establece el precio del alquiler que considere oportuno aunque siempre se trata de buscar una renta social. La estancia mínima es de tres meses. Desde su creación a finales de 2015 han facilitado quince convivencias de las que siete siguen hoy en activo.

La de María (44 años) y Dima (29) es una de las más recientes. “Quería convivir con españoles para aprender mejor el idioma. Lo necesito porque me gustaría trabajar en hostelería”, comenta Dima que, además, ahora también aprovecha para practicar inglés con la hija menor de María. “Cuando vivía en el centro de acogida siempre pensaba en problemas. Aquí me puedo relajar, me siento más tranquilo”.

Desde Refugiados Bienvenidos hacen ahora un llamamiento, necesitan más caseros comprometidos. “Cuando empezamos en septiembre de 2015 tuvimos unos 700 registros en la web durante ese mes, ahora apenas llegamos a 60”, indica Pablo Suarez. No es casualidad, el 2 de septiembre de 2015 fue el día que se publicó la foto de Aylan Kurdi. La avalancha solidaria de entonces fue lo que ellos denominan el “efecto rescate”. Lo difícil es mantener ese mismo espíritu después.