Encerrados en un CIE nada más bajar de una patera y sin importar si pueden ser expulsados

Antes, Sylvie no dormía. Cada vez que lo intentaba, en una de esas escasas horas de sueño logradas, su mente repetía las escenas de dolor vividas en la embarcación en la que permaneció a la deriva durante once días. En las 71 horas sin agua ni comida, en los cuerpos sin vida de ocho de sus compañeros de viaje, en la decisión de lanzarlos al mar, en un horizonte sin señales de alivio. También aparecían los momentos de angustia vividos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) donde fue encerrada poco después de pisar suelo español.

“Que me encerraran en el CIE me hizo sentir muy triste y arrepentida. El trato de la policía era muy malo. Cuando me comenzó a tratar mal, me empujaba o me insultaba, me acabé arrepintiendo de haber venido a España y rezaba mucho a Dios”, relata Sylvie Agnes Sambou, quien ahora defiende los derechos de los migrantes en España. La senegalesa vive en el Euskadi con su hijo y está aprendiendo español con un objetivo: defender mejor los derechos humanos de la población migrante.

Sylvie estuvo encerrada en un lugar que, según el ministerio del Interior, es “imprescindible” para ejercer el control migratorio. Un espacio que existe para expulsar a quienes allí se encuentran. Pero Sylvie no fue repatriada. Ella, como la mayoría, pasó por allí para nada.

Es una de las personas que sufrió “de forma gratuita” el “dolor y angustia” de la estancia en un CIE, como ha denunciado recientemente el Servicio Jesuita de Migrantes. En su caso, la privación de libertad se produjo horas después de un episodio traumático: atravesar 207 kilómetros en un barca hinchable que acabó a la deriva.

Ocurre en todos los CIE: solo el 29% de los migrantes encerrados fue repatriado en 2016. Pero la ineficacia de los los centros de internamiento resulta más evidente en aquellos localizados en las zonas fronterizas, según los datos del Ministerio del Interior.

Los CIE como “centros de identificación”

De todas las personas que han pasado por un Centro de Internamiento en 2016, el 51,98% ha sido privado de libertad en aquellos ubicados en la frontera sur (Algeciras, Tarifa, Las Palmas o Tenerife). Según los cálculos del Servicio Jesuita de Migrantes, tres de cada cuatro migrantes confinados en ellos durante el año pasado provenían directamente de una patera.

Los centros de Algeciras y Tarifa han mantenido entre sus paredes a 3.101 migrantes. De ellos, tan solo un 15% ha sido expulsado. En los CIE de Las Palmas y Tenerife el porcentaje de casos en los que se cumple el fin del internamiento es ínfimo: 8,33% y 2,83 respectivamente. El número de personas internadas en los centros de las islas es uno de los más bajos, debido, precisamente, al descenso detectado en las llegadas de pateras a las islas Canarias.

“Los CIE se están utilizando como centros de identificación y primera acogida en la frontera sur, cuando esa no puede ser la función de un centro que priva la libertad. Los datos del Ministerio del Interior y las entrevistas mantenidas en las visitas al CIE nos lo hace afirmar de una manera rotunda”, afirma Santiago Yerga, coordinador de abogado del programa de CIE de Pueblos Unido. “La mayoría de personas encerradas en los CIE provienen directamente de las pateras”.

La “inexpulsabilidad” de muchas de las personas encerradas –debido a la falta de acuerdos bilaterales con sus países de origen– se une a la alta ocupación registrada en el CIE de Algeciras, cuyos datos incluyen los registrados en el centro de Tarifa, pues Interior lo considera una extensión del mismo.

Liberar el CIE ante la llegada de más pateras

Se trata de un círculo vicioso: los jueces de instrucción ordenan el internamiento de personas que, en su mayoría, no podrán ser expulsadas para, posteriormente, ser puestos en libertad en una media de 20 días, según los datos oficiales. Esto se realiza, según Yerga, con el objetivo de liberar las plazas del centro ante las nuevas llegadas de embarcaciones cuyos ocupantes serán, de nuevo, internados para acabar quedando en libertad.

“En los CIE de Algeciras y Tarifa hay una alta rotación para ir dejando libre espacios en los centros de fronteras”, enfatiza Yerga. “Si nos preguntamos qué ocurriría con un barco de ciudadanos europeos o estadounidenses en algún tipo de naufragio en la costa, ninguno dudamos de que estas personas recibirían asistencia sanitaria, psicológica. Pero con los migrantes, no. Ellos son obligados a redoblar el sufrimiento”.

A su vez, las condiciones de los centros de internamiento de la frontera sur acumulan las mayores críticas. La jueza de control del CIE de Algeciras y Tarifa, Belén Barranco, ha exigido en un auto reciente la aplicación de “31 medidas urgentes” como la realización de las pruebas necesarias para la identificación de enfermedades infecciosas, la supresión de rejas en las habitaciones de los internos o la instalación de servicios de ducha y retrete en las celdas de estos.

Además, la organización Women’s Link Worldwide denunció recientemente la vulneración a la no discriminación por razón de sexo en el CIE de Algeciras, dado que solo permanece abierto el módulo de mujeres desde que hace dos años se desocupara el de hombres, debido al deficiente estado del edificio. Más de la mitad de las mujeres internadas en los CIE en 2016 han sido encerradas en CIE fronterizos, mientras que su porcentaje de expulsión no supera el 1%. De las 237 mujeres internadas en Algeciras, fueron expulsadas 14, un 0,63%.

Desde el Servicio Jesuita de Migrantes, defienden la construcción de “otro tipo de espacios” abiertos, como los Centros de Estancia Temporal existentes en Ceuta y Melilla pero “con mejores condiciones” porque, recuerdan, la finalidad de los CIE es la expulsión, no la identificación o primera acogida de migrantes.

La Defensoría del Pueblo pide protocolos humanitarios

Nada más pisar suelo español, los migrantes son derivados a comisaría por la Policía Nacional, donde pasan a disposición judicial para proceder o no a su internamiento. La ONG Caminando Fronteras lleva años reclamando la activación de un procedimiento humanitario para recibir a los supervivientes de naufragios en alta mar. En la actualidad, existe un protocolo para los accidentes de víctimas múltiples que, sin embargo, no se aplica cuando los afectados son migrantes en situación irregular, recuerdan desde la organización.

En su último informe anual, la Defensora del Pueblo ha exigido al Gobierno “adoptar medidas especiales y valorar la posibilidad de derivar a estas personas a recursos asistenciales”, por lo que recomendó al Ejecutivo “la elaboración de un protocolo de actuación para los supervivientes de naufragios de pateras que hayan sido rescatados” que incluye se “una asistencia psicológica especializada”.

El Gobierno ha rechazado la recomendación. “Considera que es suficiente con el contenido del convenio suscrito entre el Ministerio de Empleo y Cruz Roja para la realización del programa de atención a inmigrantes llegados a las costas españolas”, que suele limitarse a la atención sanitaria a pie de costa.

Piden mayor formación sobre CIE en los juzgados

Sin embargo, la última palabra sobre la orden de internamiento en un CIE la tiene el juzgado de instrucción de turno. En este sentido, las organizaciones de derechos humanos piden una “mayor formación sobre CIE a los jueces y las juezas de instrucción”, como también han solicitado en repetidas ocasiones algunos de los magistrados encargados del control del respeto de los derechos fundamentales en estos centros, como Ramiro García de Dios (CIE de Aluche) y Victoria Rosell (CIE de Barranco Seco).

“El problema está en la base: los juzgados de instrucción tienen que adoptar una medida cautelar para una decisión definitiva que no está en sus manos, pues pasa al Contencioso Administrativo”, critica la jueza de control del CIE de Barranco Seco (Las Palmas). Rosell pide más formación por parte del Consejo General del Poder Judicial: “Se ha explicado bien poco y muchos jueces lo toman como una medida policial. Todo contribuye a criminalizar a estas personas sin que sea justo”.

Incumplida la circular policial sobre CIE

Según la magistrada, “ha habido muy poco esfuerzo del CGPJ a la hora de hablar de este problema, de las órdenes de internamiento en los casos donde no está asegurada la expulsión”.

La Dirección General de la Policía emitió en 2014 una circular que detalla los criterios a tener en cuenta a la hora de solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en CIE con el objetivo de asegurar la repatriación de quienes son encerrados. Algunos de los aspectos destacados por la Policía son el arraigo, los vínculos familiares, si tiene hijos a su cargo, la edad, el estado de salud, si ha padecido algún tipo de violencia, si es una mujer embarazada, si es originario de un país que tenga o no representación consular, etc.

Sin embargo, según Rosell, esta circular no se aplica ni en el ámbito policial ni en el judicial. “Muchos jueces de instrucción no la conocen, ni la propia Policía la aplica. Hay una falta de información total. Solo hay que ver las caras de sorpresa cuando hacemos cursos sobre CIE y les informas sobre cómo son realmente los lugares donde están internando a estas personas”.

La magistrada considera que “debería otorgarse un periodo de restablecimiento desde que se produce el desembarco hasta que son puestas a disposición judicial” dado que, añade, “vienen de un episodio traumático, muchas son víctimas de trata y estas personas son incapaces a contar lo que han pasado”

“Yo he preguntado a gente: ¿tú eres consciente de haber pasado por una autoridad judicial? Y ninguno es consciente”, describe la titular del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas.

Sylvie también recuerda de forma difusa las horas pasadas en comisaría poco después de esas 71 horas sin agua ni comida, de ver los cuerpos sin vida de ocho de sus compañeros de viaje y de encontrar una señal en el horizonte que no supuso el alivio imaginado.

Antes, Sylvie no dormía. Ahora, sí. Lo ha conseguido después de haber recibido la atención psicológica negada en el CIE. “Creo que si la hubiese tenido, me habría recuperado antes. Cruz Roja me ofreció ayuda psicológica en Bilbao, y ahora estoy mucho mejor”, dice la senegalesa.