La planificación estatal del racismo

El pasado 14 de enero el Gobierno español publicó el anuncio de la nueva licitación del contrato relativo a los vuelos de deportación de migrantes. El título escogido fue sumamente eufemístico: “Servicios de transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre diversos puntos del territorio nacional y desde éstos a otros países”. Tras estas asépticas palabras, que bien podrían corresponder a viajes de placer financiados por el Estado, trata de pasar desapercibido un gasto público y un negocio de casi 12 millones de euros –11.985.600 exactamente– para la realización de vuelos exclusivamente dedicados a la deportación forzosa de miles de personas.

Para llevarlos a cabo se pone en funcionamiento una amplia maquinaria policial destinada a capturar a migrantes mediante criterios “raciales” y a escoltarles a través de dispositivos en los que se ejerce una sistemática y planificada violencia.

Esta violencia está respaldada por un Protocolo para las deportaciones que permite a los cuerpos policiales una actuación tan impune que el propio Ministerio del Interior, autor de este documento en la época de Rubalcaba, se vio en la necesidad de recordar en el mismo que los escoltas no deben poner en riesgo las constantes vitales de los deportados. Quizás el documento incluía estas palabras porque cuarenta días antes Osamuyi Aikpitanyi había muerto asfixiado en el avión después de que sus escoltas le amordazaran.

Tanto el contrato anterior como el que ahora se licita incluyen, además de los vuelos directamente organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, aquellos coordinados por España bajo el paraguas de la Agencia de la UE para el control de las fronteras, FRONTEX. La licitación permite competir por el contrato a empresas de la Unión Europea y también facilita a las empresas la posibilidad de concurrir de forma coordinada a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Air Europa y Swift Air concurrieron de este modo para llevarse el contrato anterior, mediante el que han realizado aproximadamente –no hay datos oficiales– unos 300 vuelos de deportación desde marzo de 2013 hasta el presente, los cuales han podido alcanzar una facturación de unos 24 millones de euros.

Hasta el momento, Swift Air se dedica en exclusiva a los vuelos internos (ya que se incluyen también traslados entre Centros de Internamiento de Extranjeros) y a los vuelos a Marruecos, mientras que Air Europa fleta los grandes vuelos a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia. A Marruecos hay varios vuelos semanales; el próximo conocido fletado por Air Europa será a Nigeria (quizás con alguna otra escala africana) el 5 de febrero, por lo que la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE tiene activada una alerta contra las redadas policiales racistas dirigidas a personas de nacionalidad nigeriana.

Las empresas que se presenten al nuevo concurso tienen hasta el 23 de febrero para presentar sus propuestas; el 12 de marzo se abrirán los sobres y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior tendrá un máximo de dos meses para resolver, aunque probablemente no lo agote, pues el 1 de mayo está previsto el inicio de la ejecución del contrato. Hace dos años, la UTE de Air Europa y Swift Air obtuvo el contrato sin rebajar un euro los precios que servían de punto de partida para competir por el mismo.

No consta que se presentaran otras empresas. En la nueva convocatoria, llama la atención el importante incremento de la cuantía por hora de vuelo respecto al contrato adjudicado hace dos años. Así, por ejemplo, el precio por hora de vuelo (sin IVA) para aviones de más de 200 plazas sube de 20.000 a 22.000 euros, un generoso incremento del 10%. En el caso de los aviones de 121 a 200 plazas, la hora sube de 15.000 a 17.000 euros (13,33% de incremento).

Para los aviones más pequeños, de 120 plazas o menos, antes había un único precio –8.500 euros la hora. En la licitación de este año se diferencia entre aviones de menos de 75 plazas, con un precio por hora de 9.000 euros; y aeronaves de 76 a 120 plazas –10.500 euros–, es decir, un aumento en este último caso del 23,52%. No sería de extrañar que Swift Air y Air Europa vuelvan a “competir” en solitario por este contrato y que este aumento de los precios sea una forma de regalarles plusvalías aún más jugosas.

En el año 2013, el grupo empresarial Globalia, del que forma parte Air Europa, no sólo logró el contrato de las deportaciones, sino también un suculento contrato de 30 millones de euros con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas cifras son migajas si las comparamos con el contrato que Halcón Viajes, del mismo grupo Globalia, acaba de obtener: más de 200 millones de euros para gestionar los desplazamientos y reservas hoteleras de la Administración pública española durante los próximos tres años.

Efectivamente, Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia, y Abel Matutes, exministro del gobierno Aznar y dueño de una porción del conglomerado empresarial, no dejan de recibir buenas noticias –y grandes plusvalías– del Gobierno español.

La Mesa de Contratación que decidirá sobre este macabro concurso estará presidida por el Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior. Una vez resuelto, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras realizará al principio de cada trimestre una previsión con la estimación de vuelos a realizar, indicando itinerarios, número de personas a transportar y fechas estimativas.

El Ministerio del Interior exige a las empresas que compitan por este contrato una cláusula de confidencialidad expresada en los siguientes términos: “Todos los tripulantes de la aeronave, tanto la tripulación técnica como la auxiliar (…), serán previa y adecuadamente instruidos (…) en el sentido de que deben observar en todo momento la adecuada reserva y confidencialidad en todo cuanto se refiere a los servicios objeto del mismo, como fechas, horas, aeropuertos, número de personas que se transportan, equipaje de las personas y en general cualquier dato o información que pueda ser relevante tanto para la misión policial como para su seguridad y la de la aeronave y las personas a bordo.”

Por lo visto, los mandos políticos y policiales planificadores de estos vuelos son conscientes de su carácter escandaloso y atroz, y por tanto se preocupan de garantizar que los mismos se realicen sin luz ni taquígrafos.

Por eso hay una sala especial en Barajas para conducir a quienes van a ser deportadas. Por eso los aviones despegan desde lugares alejados de las terminales. No conviene que haya gente que pueda ver cacheos en el aeropuerto mediante desnudos integrales, decenas de personas esposadas, escoltas policiales que doblan en número a las personas deportadas, palizas camino del avión, inyecciones con sedantes para aplacar a quien se resista. Por eso, a veces, las palizas, las amenazas y las humillaciones se realizan antes, en salas habilitadas en los CIE para tratar de garantizar la sumisión y el miedo de quienes van a ser trasladadas al aeropuerto.

La empresa que gane el concurso deberá expedir una factura por cada uno de los vuelos que realiza, que desglosará los miles de euros vinculados a las horas de vuelo, las características del avión, etc., junto a una lista de nombres y apellidos de todas las personas deportadas, su nacionalidad y el aeropuerto de destino. Obscenos documentos administrativos que, como los propios documentos de la licitación, son el rastro que la burocracia estatal deja para la Historia, las evidencias de que, aquí y ahora, el Estado español y la UE cazaron, internaron, listaron y expulsaron a miles de personas.

¿Recogerá la Historia el relato de la lucha social que puso fin a estos vuelos?