“La Policía ha venido a buscarme a casa dos días antes del vuelo a Senegal”

Mamadou (nombre ficticio) ha decidido no salir a la calle hasta el próximo jueves. Tampoco siente su casa como un lugar seguro; se ha trasladado a la de un amigo hasta el despegue del vuelo de deportación que partirá este jueves con destino a Senegal. “La Policía de Extranjería ha venido a buscarme a mi casa. Pedían que les acompañase a comisaría para 'ver cómo me iba en España', pero no me lo creo. Me querían llevar a Madrid”, sospecha el senegalés en conversación con eldiario.es.

Él se negó, no les acompañó. Modou no ha corrido la misma 'suerte'. Tras solicitar la solicitud de arraigo social después de tener una hija hace 14 días, los agentes le citaron al día siguiente. Él creía que se trataba de un trámite más, pero fue detenido, según ha denunciado la Campaña por el Cierre de los CIE. 48 horas más tarde, será deportado.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE alertan de que no son casos aislados. Aseguran que forma parte de “una estrategia” empleada por el Ministerio del Interior para llenar vuelos de deportación: a menos de 72 horas de la partida del avión, la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional busca a personas originarias del país de destino, a los que se les había emitido previamente una orden de expulsión.

Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) dicen que, aunque no es el procedimiento habitual, “puede llevarse a cabo” cuando se aproxima una macroexpulsión. Ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de Policía dan detalles al respecto al considerar que son operaciones policiales.

“Eran dos policías. Preguntaban por mí. Yo no tengo ningún problema con ellos, pero no iba a salir con ellos si hay un avión que sale de Madrid este jueves”, prosigue Mamadou. “Les dije que esperasen un momento en la puerta, que ahora les acompañaba, pero llamé a mi abogada y me avisó del nuevo vuelo. Me recomendó que no les abriese la puerta otra vez, que no podían detenerme en mi casa”, relata el joven, que está inmerso en el proceso de renovación de su residencia legal en España tras perderla el pasado mes de julio por “cotizar sólo 400 euros”, algo que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional considera insuficiente, según su letrada.

“Me llamó asustado y le avisé de que, salvo que hubiese orden de detención, no podían detenerle en casa”, interviene la abogada, voluntaria de la ONG SOS Racismo. “Es habitual que la Policía juegue al despiste con los migrantes. Les dicen que pueden pasar y ellos no se atreven a negarles el paso, juegan con esa situación de doble vulnerabilidad de los migrantes –explica–. No saben sus derechos y confían en que, si colaboran con la Policía, no tendrán problemas”.

La letrada, especializada en asuntos de Extranjería, asegura que cada vez se encuentra más casos en los que la Policía se presenta en el domicilio del inmigrante para “notificarle la resolución definitiva y detenerle en el momento”. Según denuncia la abogada de SOS Racismo, al hacerlo con un plazo inferior a 72 horas antes del vuelo, “se vulnera el derecho al recurso, ya que en ocasiones se tarda en recopilar la documentación que podría frenar la expulsión de una persona”.

Un nuevo caso: Modou

La Campaña por el Cierre de los CIE ha alertado este miércoles de la inminente deportación de un senegalés detenido en unas circunstancias similares a las denunciadas. Modou tiene orden de expulsión emitida en 2013. Pero su situación ha cambiado desde entonces: hace 14 días ha tenido una hija con su pareja, quien cuenta con residencia legal en España, denuncia el colectivo de ONG.

“El día 17 de noviembre presentó la solicitud de arraigo social para regularizar su situación debido a estas nuevas circunstancias. El 18, este martes, fue a firmar de forma voluntaria –como le obliga las medidas cautelares derivadas de su notificación de expulsión–, y lo detuvieron”, explica su abogado, Andrés García Berrio.

“Tiene cita para el día 21 en la Subdelegación del Gobierno, pero el vuelo está programado un día antes”, continúa. Por este motivo, su letrado presentará este miércoles unas medidas cautelarísimas ante el tribunal de guardia del derecho de vida en familia, así como una petición a la Subdelegación del Gobierno en Tarragona de suspensión provisional de la expulsión.

“Su pareja vive en España en situación regular, Modou no tiene ningún tipo de antecedente penal, acaba de tener una niña... En base a estas circunstancias, su situación es diferente a la existente cuando le fue notificada su expulsión, y debería ser revisada”, dice García Berrio. “Pero, al ser detenido a dos días del vuelo de deportación, es complicado. No nos dejan prácticamente tiempo para actuar en su defensa”.

Desde el Consejo General de la Abogacía Española, sostienen que estas prácticas derivan de un “abuso manifiesto del procedimiento preferente” en vez del ordinario, aquel que ignora el plazo de 15 días para que la persona que recibe la notificación de expulsión pueda irse de forma voluntaria. “Antes sólo existía el preferente y la Policía se ha acomodado. Siempre lo aplica”, denuncia Francisco Solans, portavoz de Extranjería de la Abogacía Española. “Es un abuso continuado. Aunque debería haber más, ya se han producido algunas sentencias que anulan la expulsión por el abuso del procedimiento preferente”.

María –nombre ficticio– es otra de las posibles víctimas de este “abuso”. Ya está en Honduras. Recibió su orden de expulsión definitiva un día antes de ser deportada, según relata la abogada de SOS Racismo a eldiario.es. “Ella estaba también intentando renovar su residencia en España. En comisaría le dijeron que volviese al día siguiente, que le faltaba un documento. Cuando regresó para entregarlo, la detuvieron. Al día siguiente estaba en un avión”, denuncia. Su letrada asegura que, aunque la deportación estaba programada, la Policía le avisó a las 15 horas de un viernes, cuando los juzgados de lo Contencioso Administrativo estaban cerrados. El vuelo partió el sábado.

Según denunció la Campaña por el Cierre de los CIE en un artículo publicado en el diario.es, al menos dos de las tres personas deportadas en un vuelo fletado por Frontex en colaboración con el Ministerio del Interior el pasado 5 de agosto “relataron que fueron detenidas junto a su casa en las 48 horas previas a la salida del avión: se encontraron, al salir de su domicilio, a policías secretas que estaban en el lugar, precisamente, para detenerlas a ellas”.

Una de las actuaciones que roza “la ilegalidad”, según la Abogacía Española, es la falta de claridad a la hora de detener a inmigrantes para su inminente deportación. Los agentes dijeron a Mamadou que querían conocer “qué tal estaba en España”, según la versión del senegalés. Asegura que insistían en que le acompañase a comisaría pero sin detallar ninguna razón más. Él sospechó, pero otros muchos no lo hacen.

“Es un clásico en Extranjería: que la Policía pida a las personas a las que quieren expulsar que se acerquen a comisaría por 'un asunto de su interés'. La deportación es un asunto de interés de la Policía, no del inmigrante”, afirma Francisco Solans. “Se trata de una maniobra para impedir el ejercicio del derecho de defensa. A veces, incluso, engañan a los abogados”, denuncia.