La reforma local: una ley que (también) desmantela las políticas de desarrollo
El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (o la ley de reforma local, en términos más prosaicos), que acaba de ser aprobada en el Congreso, está orientado a la búsqueda de la estabilidad presupuestaria fijada en la reforma constitucional de agosto de 2011. Así, con esta reforma, el Gobierno pretende aumentar la eficiencia de las administraciones locales y reducir el gasto público. Este objetivo, según se refleja en el proyecto de ley, exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la administración local, así como mejorar su control económico y financiero. Según se plantea en el texto, con estas “adaptaciones” se persiguen varios objetivos básicos: evitar duplicidades, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar el control financiero o “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.
Lejos de apostar por la búsqueda de alternativas políticas, la propuesta del Gobierno español se basa en la reducción de las competencias o actuaciones que son consideradas como “ineficientes”. Algo que se traduce en la práctica en la supresión, en numerosos municipios, de buena parte de sus competencias (las más “ineficientes” desde el punto de vista económico): educación, salud o servicios sociales. En este escenario, la cooperación para el desarrollo de base local será una de las primeras excluidas en la matriz de competencias de buena parte de los municipios españoles.
Una reforma sin justificación económica ni democrática
Las administraciones locales acumulan un 4% de la deuda pública española y su déficit público alcanzó en 2012 el 0,3%. A la luz de estos datos, es al menos cuestionable la contribución real que esta reforma tendrá en la estabilidad presupuestaria estatal. Pero si es cuestionable su justificación en términos económicos, las dudas son ciertamente clamorosas en términos democráticos. Sin negar la necesidad de explorar fórmulas de gestión más eficientes y racionales no parece que vaciar de contenido y de recursos a los gobiernos que pueden contribuir a una gestión más próxima y equitativa de los servicios y políticas públicas contribuya a fortalecer la gobernanza local y con ello la democracia.
Si la lectura de lo que supone la reforma local se hace en relación a la agenda internacional de cooperación, la propuesta expresa desconocimiento e incomprensión de la naturaleza interdependiente y multidimensional de los problemas del desarrollo, como son la pobreza o la desigualdad. Los desafíos sociales, políticos y económicos que afectan al bienestar del conjunto de la humanidad ―a esa ciudadanía global que tiene un anclaje territorial local― sólo pueden ser abordados desde una perspectiva multinivel, con una participación efectiva de los gobiernos locales.
El Proyecto de Ley de Racionalización y Sosteniblidad de la Administración Local supondrá, tal y como está planteado, un serio menoscabo a la capacidad de los gobiernos locales de dar respuesta a los problemas de la ciudadanía, a los problemas del desarrollo y de contribuir a la construcción de un mundo mejor gobernado. Supondrá, en definitiva, un retroceso en la gobernanza democrática local y en las aspiraciones de construir un sistema democrático de gobernanza global.
Durante años la cooperación española ha asentado su identidad y buena parte de su especificidad en el valor diferencial que aportaba la cooperación descentralizada (la realizada desde ayuntamientos, autonomías y otros entes locales). Esta gestión descentralizada ha contribuido a fortalecer también a los gobiernos locales en los países socios y acompañar sus procesos de descentralización; ha servido como experiencia para el diseño e implementación de políticas públicas y prestación de servicios con carácter universal y vocación redistributiva, y en su gestión se ha contado con el importante apoyo al tejido asociativo local, clave para el fortalecimiento democrático y la participación social.
El trabajo de educación y movilización social en el norte, tan necesario para la transformación social y en la construcción de un mundo más equitativo y sostenible, tampoco hubiera sido posible sin la gestión pública realizada por los gobiernos más cercanos a la ciudadanía. Paradójicamente, y de un plumazo en forma de texto legal, no sólo la cooperación española parece renunciar a estas cualidades, es el propio Estado el que se ve desposeído de este bagaje democrático acumulado a lo largo de décadas.
