“Las condenas de Gdeim Izik son un castigo político contra todo el pueblo saharaui”
La madrugada del 19 de julio fue larga para quienes esperaban el veredicto del juicio a 24 saharauis acusados del asesinato de 11 gendarmes marroquíes el 8 de noviembre, durante el desmantelamiento en 2010 del campamento Gdeim Izik, conocido también como 'Campamento de la Dignidad', a 14 kilómetros de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. En él, miles de manifestantes pedían el fin de la ocupación, y además de los agentes marroquíes, murieron dos civiles saharauis.
El escenario de la noche del martes no parecía favorable para los detenidos, confesó desde la puerta del Tribunal uno de los defensores de derechos humanos a eldiario.es. El despliegue policial en los barrios donde residen los activistas saharauis de El Aaiún, la falta de luz en el Tribunal de Apelación de Salé mientras los observadores internacionales esperaban en la calle el resultado, y el aumento de agentes secretos en Salé “hacían esperar sentencias duras”.
Y se cumplieron los pronósticos. Después de 20 horas de deliberación, el Tribunal de Apelación de Salé dictó penas similares a las ya impuestas por el Tribunal Militar de Rabat en 2013. Castigos desde la cadena perpetua para siete saharauis, hasta lo más livianos, 20 años de cárcel para otras tres personas. En esta ocasión, dos presos quedaron en libertad por haber cumplido la condena durante los siete años que han estado en prisión.
Diech Daf, condenado a seis años y medio, y Bakay Arabi a cuatro años y cinco meses, quedaron en libertad y llegaron haciendo la señal de la victoria a las viviendas que los saharauis alquilan en Salé para visitar a sus familiares en la cárcel. “No tengo expresión, nuestra alegría es incompleta mientras que nuestros compañeros estén en la cárcel. No vamos a sentarnos, vamos a estar de pie para liberar a todos los saharauis en las prisiones”, confesaba Diech a la televisión Smara News.
“Nadie se deja engañar”
Los condenados “están en plena forma”, ha asegurado Claude Magin, la esposa de Naama Asfari, considerado el cerebro del campamento, que ha sido sentenciado a una pena de 30 años. Esta profesora francesa, varias veces expulsada de Marruecos, denunció telefónicamente que “han sido condenados sin pruebas, y nadie se deja engañar. La ONU tiene todo lo necesario para condenar a Marruecos. Todo está escrito y lo recibirán”.
El presidente de la Coordinadora de las familias y amigos de las víctimas marroquíes, Ahmed Atertour, ha afirmado en declaraciones a la prensa que las penas son “equitativas para las dos partes” al no haberse dictado “pena de muerte” para ningún acusado. También agradeció a las asociaciones de la sociedad civil y a los abogados, marroquíes y extranjeros, el apoyo a los familiares de los gendarmes fallecidos.
Aminatou Haidar, defensora saharaui de los derechos humanos y una militante en favor del derecho a la libertad y al autodeterminación del Sáhara Occidental considera que estas sentencias “son un castigo político contra todo el pueblo saharaui, contra su resistencia pacífica y contra la comunidad internacional”, según explicó a eldiario.es. Es crítica con Marruecos porque, dice, “por desgracia, el aparato judicial marroquí no es absolutamente independiente y esta directamente dirigido por el Palacio Real Marroquí”.
Un juicio para “maquillar” el proceso militar
En 2013 el Tribunal Militar de Rabat dictó sentencia contra los 24 saharauis con condenas de los 20 años a la cadena perpetua. Después de tres años el Tribunal de Casación de Rabat la anuló. Marruecos decidió emprender un nuevo juicio tras la decisión del Comité de la ONU contra la Tortura de noviembre de 2016 que consideró que el país había vulnerado la Convención contra la Tortura en relación al acusado Naama Asfari. Entonces se inició de nuevo el juicio ante un tribunal civil “para demostrar que en Marruecos no se tortura”, asegura Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco.
Para este experto en Derecho internacional, que participó como observador internacional en ambos procesos, el objetivo era “maquillar” un juicio militar que “había sido irregular desde todos los puntos de vista”. “El Tribunal de Casación estableció que no existían pruebas, y que no existían vínculos entre las personas procesadas y los fallecidos, de quienes no había autopsia”, recuerda.
Sin embargo, la prensa marroquí achacó la anulación del tribunal militar a “no tener competencia”. La Constitución de 2011 contemplaba que un tribunal militar no tenía competencia para procesar a civiles pero “no había un desarrollo de la ley”, detalla Soroeta.
Solo dos días antes del veredicto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch enviaron un comunicado advirtiendo de que las autoridades judiciales marroquíes debían asegurarse de que las sentencias que se dictaran en “un juicio masivo no se basan en confesiones o declaraciones que involucren a otros acusados y obtenidas mediante tortura u otros malos tratos durante los interrogatorios policiales”.
El campamento Gdeim Izik se creó el 10 de octubre para exigir derechos sociales, políticos y económicos. Comenzó con 9 personas, y llegaron a reunirse hasta 20.000 ciudadanos acampados en jaimas, las tiendas de campaña de los pueblos nómadas. A los 21 días del asentamiento, las leyes internacionales hubieran permitido que fuese declarado campamento de refugiados. Pero para eso era necesaria la intervención de la MINURSO, la misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Una posibilidad que no se dio porque este organismo se mantuvo al margen.
Entre los observadores, llegó el martes Mans Andersen, ex relator especial de la ONU, que calificó la detención de “arbitraria”. Algo que se toma como una señal de que las instituciones internacionales reaccionarán y “se verán obligados a negociar con el Frente Polisario”, piensa Claude Magin.
