Los problemas y lagunas que ha creado el Gobierno al quitar la sanidad a los inmigrantes irregulares

El Consejo Interterritorial de Salud era una de las citas más esperadas para las plataformas en contra de la reforma del Gobierno del 2012, que quitó la tarjeta sanitaria a unas 870.000 personas de un día para otro. A finales de marzo, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que el Gobierno devolvería la Atención Primaria a los inmigrantes sin permiso de residencia y emplazó el acuerdo con las comunidades autónomas a su próxima reunión. En ella, cuatro meses después, ni siquiera ha incluido el tema en el orden del día y aunque ha informado de algunos puntos de su propuesta, la negociación final con las comunidades autónomas se ha pospuesto hasta después del verano.

Estas son algunas claves para entender los principales problemas e incertidumbres sobre de la atención sanitaria a los colectivos excluidos:

El origen de todo: el real decreto 16/2012

En abril de 2012, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la reforma sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que nacía con la premisa de ahorrar. Así lo reflejaba el título del real decreto 16/2012, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. El ahorro vendría, según el Gobierno, de la reestructuración del sistema de salud, entre otras vías.

Este nuevo modelo dividió a las personas en aseguradas o beneficiarias del sistema público de salud y excluyó en su día a un total de unas 800.000 personas, que perdieron su tarjeta sanitaria cuando entró en vigor la norma y con ella, su derecho a un médico de cabecera, al seguimiento sanitario. El Ministerio de Sanidad no informa del número de las personas excluidas del sistema en la actualidad y tampoco de la repercusión económica de haber retirado las tarjetas sanitarias a miles de ciudadanos. Este jueves, fuentes del Ministerio de Sanidad han afirmado a eldiario.es que el decreto “no era para ahorrar sino para acabar con el turismo sanitario” y apuntan que no hay un cálculo de cómo ha afectado la medida a las arcas públicas en estos casi tres años de decreto.

Varias regiones y plataformas de la sociedad civil acudían a este último Consejo con la petición de derogar el real decreto 16/2012, pero el Gobierno ha vuelto a respaldar la norma. Aunque el Ejecutivo se sirvió de una nueva legislación para regular la atención sanitaria –competencia de las Comunidades Autónomas– ahora considera que no es necesario tumbar la norma para cambiar los criterios que estableció.

Excluidos de la atención normalizada

La norma dibujaba un nuevo esquema del derecho a la sanidad pública, del que desaparecieron los inmigrantes sin permiso de residencia. Este colectivo vio reducido su acceso a las urgencias, en todo caso a los menores y embarazadas. Más tarde se incluyó a también como excepciones a las víctimas de trata, los solicitantes de asilo y aquellas personas con enfermedades contagiosas.

Según la información del Ministerio de Sanidad, “España gasta 244 millones de euros en atender a los 'sin papeles' [sic]”, afirman fuentes de la cartera dirigida por Alfonso Alonso a eldiario.es. El Gobierno afirma que “185.000 inmigrantes” se acogen en la actualidad a las excepciones que garantizan la misma atención que la de las personas con tarjeta sanitaria.

Aunque el debate se ha centrado muchas veces en los inmigrantes en situación irregular, no son los únicos excluidos. La reforma del Gobierno también excluyó a los españoles que residen fuera de España más de 90 días —que pueden recuperar su tarjeta a su regreso–, así como a otros supuestos más específicos que se han detectado una vez se aplicó la ley. Según entiende el Ejecutivo, el entramado del decreto excluyó también a los ancianos con papeles que llegan mediante la reagrupación familiar de ascendientes y a los que niegan la tarjeta sanitaria por no haber cotizado nunca en España. Estas personas no tienen acceso a la sanidad pública pero tampoco a la privada, ya que las aseguradoras no los aceptan como clientes debido a su alta edad y a las patologías que suelen arrastrar.

Por ello, las plataformas ciudadanas a favor de la sanidad universal no se contentan con una medida que devuelva parte de la atención a los inmigrantes sin papeles. En su opinión, el decreto ha tocado de fondo el sistema de salud público y solo sería un parche que no acabaría con la exclusión y las confusiones generadas por la norma.

Un mapa de desigualdad de derechos

La exclusión sanitaria no afectó a todos los ciudadanos por igual. La aplicación de la norma abrió un cisma entre las diferentes comunidades autónomas. Mientras algunas como País Vasco, Navarra, Andalucía, Asturas, Canarias y Cataluña se proclamaban insumisas a la norma, otras como la Comunidad Valencia y Galicia (gobernadas entonces por el PP) elaboraron con el tiempo “programas sociales” para inmigrantes en situación irregular sin recursos, a los que solo ha accedido una mínima parte de la población excluida. Castilla-La Mancha fue, bajo el mandato de Mª Dolores de Cospedal, la región que aplicó la norma de manera más contundente.

Tras las elecciones regionales de mayo y el cambio de algunos gobiernos autonómicos, la balanza cada vez se inclina más hacia las comunidades que rechazan la exclusión sanitaria. Valencia y Baleares han regulado para devolver la sanidad a los inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, las soluciones de las que se oponen al decreto no son siempre las mismas ni garantizan los mismos derechos: Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno que derogue el decreto 16/2012 –a lo que el Ejecutivo se niega– y, de momento, no ha ofrecido una sistema como el de las comunidades insumisas, que proporcione sanidad al margen de lo que marca la ley estatal.

La propuesta del Gobierno mantiene la exclusión

Alfonso Alonso apuntó a finales de marzo que el Gobierno devolvería la sanidad a los inmigrantes en situación irregular, aunque no la tarjeta sanitaria. El ministro de Sanidad defendió esta decisión por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para “no saturar las urgencias”, dijo. La propuesta del Ejecutivo comunicada este miércoles, cuatro meses después, se basa en un documento que garantice la atención primaria a los inmigrantes irregulares que lleven al menos un año empadronados. Todas las personas que no estén empadrondas y que lleven menos de ese plazo en una región no podrán obtener el documento.

En Galicia, por ejemplo, donde también gobierna el Partido Popular, el plazo de empadronamiento mínimo para poder entrar en el Programa Gallego de Protección a la Salud es de seis meses, por lo que si se adaptaran a las directrices del Gobierno Central podrían expulsar a población a la que antes atendían. La cobertura, además, podría quedarse solo en la atención primaria ya que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha afirmado que la decisión recaerá en los médicos de familia.

Yo Sí, Sanidad Universal y Médicos del Mundo ya han denunciado la excesiva responsabilidad que el Gobierno deposita sobre los profesionales médicos, por ejemplo a la hora de determinar qué es una urgencia y atender (o no) a los pacientes sin tarjeta sanitaria. Ante un posible error, son ellos los que asumen las consecuencias.

La justicia ha desmontado algunas de las “ventajas” del decreto

La reforma sanitaria fue denunciada ante el Tribunal Constitucional por varias regiones que entendían que el Gobierno invadía sus competencias o vulneraba derechos fundamentales. Aunque el alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre estos casos sí lo ha hecho en los recursos interpuestos por el Gobierno contra las regulaciones que aprobaron Navarra y País Vasco para garantizar la sanidad universal en sus territorios. El Constitucional ha desmontado una de las principales defensas del decreto: consideró que el Ejecutivo no había demostrado suficientemente “el impacto económico” de la aplicación de la norma navarra, que el Gobierno consideraba como un “perjuicio económico”. Es decir, no ha probado el ahorro de aplicar su reforma sanitaria.

El auto iba más allá y apuntaba que el derecho a la salud “no puede verse desvirtuado por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

En los casos de los ancianos reagrupados a los que la Seguridad Social niega la tarjeta sanitaria, exigiéndoles un seguro médico privado (que no les demandaron para darles los papeles), la justicia ha fallado a favor de las familias. Sin embargo, estos casos no han llegado al Supremo y, por tanto, no han sentado jurisprudencia, y la Administración sigue negando la tarjeta a estas personas. Ahora ha comenzado a tramitar la extinción de tarjetas de residencia de estas personas, como ha publicado eldiario.es, por no tener cobertura sanitaria.

“Errores puntuales” y otras consecuencias de la reforma

Los colectivos que trabajan con población excluida han repetido en numerosas ocasiones que el real decreto ha creado confusión: eldiario.es ha publicado muchas historias de personas que con la actual ley deberían haber recibido atención y que se encontraron con negativas en diferentes centros médicos. Como la de Milagros, que tuvo un aborto después de haber sido rechazada en urgencias; y la de Óscar, al que exigieron un compromiso de pago de 390 euros para verle en urgencias en un hospital público madrileño.

Lo que las autoridades han llamado “errores puntuales” es para las plataformas sociales la consecuencia de una norma que con las diferencias y un entramado de normativas da lugar a confusión. En estos casi tres años, tres personas sin acceso normalizado a la sanidad han fallecido por enfermedades tratables en España: Alpha Pam, Soledad Torrico y Jeanneth Beltrán.