Sanidad condiciona la atención primaria a que los inmigrantes irregulares lleven un año empadronados
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se ha celebrado este miércoles no ha incluido finalmente en el orden del día el tema de la sanidad universal, un requerimiento que la oposición reclama al Gobierno. El Ejecutivo se comprometió en marzo a devolver la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular, aunque no la tarjeta sanitaria. Pese a que anunció esta medida a finales de marzo, el Gobierno apenas la ha explicado: hoy ha propuesto a las regiones que los inmigrantes irregulares puedan acceder a la atención primaria a través de un documento y para adquirirlo tienen que estar empadronados en ese territorio con una antigüedad mínima de un año.
Preguntado por los plazos, el ministerio Sanidad, que dirige Alfonso Alonso, emplazó a este Consejo Interterritorial el tratamiento del tema. En ese momento justificó que había que esperar a la primera reunión de las comunidades y el Ministerio. Sin embargo, esa cita ha llegado y ni siquiera se ha incluido en el orden del día ni en su nota de prensa, y se ha abordado en la parte final de ruegos y preguntas a petición de los propios consejeros autonómicos.
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud ha informado de la propuesta del Gobierno, que fue planteada a las autonomías el pasado 14 de julio cuando aún no habían tomado posesión todos los consejeros tras las elecciones autonómicas y municipales celebradas el pasado 24 de mayo.
En esa reunión, según Moreno, el Ministerio planteó que además de al menos un año de empadronamiento, los inmigrantes en situación irregular tuvieran el pasaporte en vigor y hubieran presentado la solicitud para recibir la asistencia en un centro de atención primaria, condiciones que aceptaron entonces los representantes de las autonomías asistentes.
El documento permitiría a los beneficiarios tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista, ha explicado Moreno, quien ha precisado que deberían pagar el 40% de los medicamentos en la farmacia.
El documento no daría derecho a que estas personas recibieran asistencia sanitaria en otra comunidad y en el caso de que así fuera sería la autonomía en la que está empadronado la que asumiría los costes. Tampoco les reconocería el derecho a la sanidad en otro país a cargo de la cobertura española.
La intención de Sanidad es seguir negociando con los nuevos responsables autonómicos de Sanidad con el fin de que se apruebe en un próximo Consejo Interterritorial de Salud.
Los nuevos gobiernos de Valencia y Baleares ya han devuelto la atención integral a los inmigrantes sin permiso de residencia, uniéndose así a Asturias, Andalucía, País Vasco y Navarra, comunidades que no cumplieron el real decreto promulgado por el gobierno de la exministra de Sanidad Ana Mato, que establecía la retirada de la atención sanitaria a este colectivo.
Un documento, pero no una tarjeta
Al respecto de este tema, el secretario el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, explicó que recibirán un documento, no una tarjeta sanitaria, que solo les dará derecho a ser atendidos en la comunidad donde residan, y tendrá validez por un año, aunque será renovable. Según aclaró, el objetivo de la iniciativa es que los inmigrantes ahora excluidos tengan derecho a la asignación de médicos de atención primaria y reciban diagnósticos, prevención y tratamiento.
Durate el transcurso del Consejo, la consejera de Salud de Baleares, Patricia Gómez, ha asegurado que el Govern ha devuelto ya la atención sanitaria a 193 inmigrantes irregulares y se ha mostrado “orgullosa” y “contenta” de haber revertido una situación “cruel” e “injusta”.
Algunos consejeros, como el andaluz, han pedido que la justicia “vuelva a ser universal” y se devuelva este derecho a los inmigrantes.
Varias organizaciones sociales han reclamado este mismo miércoles frente al Ministerio de Sanidad, donde se celebra el Consejo Interterritorial de Salud, la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Una veintena de personas pertenecientes a plataformas ciudadanas y ONG –entre ellas Yo Sí, Sanidad Universal, Médicos del Mundo, Red Acoge– y afectados por la hepatitis C, han mostrado su rechazo a la reforma sanitaria y han pedido una sanidad universal y gratuita para todos, porque “no es un privilegio, es un derecho”.
