Del sueño a la explotación

“Mi situación en Nigeria era crítica, tenía una hija y el padre nos abandonó. Esta gente me prometió ayudarme, pagaron todas mis facturas del hospital, me dijeron que me traerían a Europa para encontrar un trabajo. Entonces, yo accedí”. El complejo laberinto de la trata suele empezar así, como recuerda esta mujer que elige llamarse Ruth. Expectativas de mejorar las condiciones de vida unidas a una promesa que nunca se cumple. “Me dijeron que tenía que ejercer la prostitución para devolverles el dinero. Me exigían 50.000 dólares. Si me negaba, me amenazaban con matar a mi hija. Comencé a prostituirme y a pagar el dinero”.

Blanca vino de Colombia pensando que su trabajo consistiría en tomar copas por las noches con los clientes de un club de alterne y que, durante el día, encontraría otra ocupación en Madrid para poder enviar dinero a su familia. “Cuando llegué, me llevaron a un club de carretera en mitad del campo, a las afueras de un pueblo de donde no me podía mover y me obligaron a prostituirme”. A Yoana la forzaron a vivir en un piso con otras mujeres y miembros de la red. “Tenía que ejercer la prostitución en la calle llevando solo un sujetador y un tanga a pesar del frío. Me exigían que ganara al día al menos 600 euros, y si no, me pegaban golpes en la cabeza y me amenazaban con un cuchillo”, relata esta joven rumana.

Ruth, Blanca y Yoana (nombres ficticios) son tres de las 770 mujeres que han pasado por Proyecto Esperanza en los últimos 15 años. Sus testimonios, recogidos por esta organización especializada en el apoyo integral a víctimas de trata, reflejan la realidad de un fenómeno que vulnera de forma radical los derechos humanos, conectado a procesos de feminización de la pobreza, desigualdades sociales y de género. Pero también extremadamente lucrativo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa los beneficios de la trata de personas en los 32.000 millones de dólares al año. Solo los supera el tráfico de drogas.

Dos terceras partes de las víctimas de trata en el mundo son mujeres. Ocho de cada diez, cuando la explotación se desarrolla en el ámbito sexual. La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) calcula que unas 140.000 mujeres se encuentran en situación de trata con fines de explotación sexual en Europa. Las redes obtienen unos 3.000 millones de dólares anuales. Paradójicamente, el PIB europeo sube un 3,7% tras la inclusión en su cálculo de las drogas, las armas y la prostitución. El investigador de la UNODC, Fabrizio Sarrica, lanza una pregunta incómoda: “¿Acaso somos países más ricos si tenemos a más criminales haciendo negocios ilegales?”.

Ilegales y ocultos. La invisibilidad de las personas atrapadas en esta forma de esclavitud es uno de sus rasgos definitorios. Solo se identifica a una de cada 20 víctimas, advierte la UNODC. “Nuestra gran preocupación es que muchas víctimas no están siendo detectadas”, apunta Ane Azkunaga, coordinadora del Programa de Lucha contra la Trata de ACCEM, una de las organizaciones de la Red Española contra la Trata de Personas. Solo vemos la punta del iceberg.

La trata con fines de explotación sexual en España suele ir asociada a la prostitución pero son dos realidades diferenciadas. La prostitución es una actividad alegal, no regulada ni prohibida; la trata está tipificada como delito, puede tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad y supone, en palabras de Lorena Garrido, investigadora del Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona, “una forma de violencia que anula los grandes derechos”. El Estado, por tanto, debe asumir una serie de obligaciones: prevención, persecución del crimen, así como la protección y reparación de las víctimas.

¿Cómo se ha articulado la lucha contra la trata a nivel institucional? Pese a su carácter relativamente reciente, los expertos resaltan el enfoque criminalístico y migratorio y reclaman una ley integral. Prima la persecución del crimen y de la inmigración en situación administrativa irregular, una perspectiva que, según los casos, puede conducir a la revictimización y procesos de re-trata.

'Marie' lo deja entrever. “Por culpa de los ”papeles“ a veces volvemos a hacer cosas que no queremos”, explica esta camerunesa que llegó a España tras un viaje en el que ya padeció todo tipo de violencias. Del centenar de personas que la acompañaban, dice, solo llegaron 21. “Los demás murieron en el mar”.

Grietas en el sistema de identificación y protección

Mujer, de nacionalidad rumana, de 23 a 27 años. Este es el perfil de la víctima de trata en España según el último balance sobre la prevención y lucha contra la trata con fines de explotación sexual, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), organismo dependiente del Ministerio de Interior.

Hablar de perfiles es reduccionista. “Son de lo más variado”, sostiene José Nieto, uno de los máximos responsables de la lucha policial contra la trata. “Van cambiando dependiendo de la situación y las posibilidades de movimiento para las mafias”, especifica el inspector jefe de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración ilegal y Falsedades documentales). Los tópicos relativos al perfil impactan particularmente sobre las víctimas de trata cuando se trasladan al ámbito institucional. “Las autoridades tienen en su imaginario un ideal y a quien no encaja no le creen”, indica Gema Fernández, abogada de Women's Link.

“No me creían”

A Ruth no la creyeron. “Cuando fui a denunciar me dijeron que no me creían, intenté hacerles ver que era verdad, que no tenía más información porque esa gente no permitía que supiéramos mucho sobre ellos, lo poco que sabía lo dije”.

En España, la identificación de víctimas de trata recae exclusivamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien, existen acuerdos de colaboración con organizaciones como Proyecto Esperanza o APRAMP. Una de las batallas de las ONG especializadas es lograr un reconocimiento formal en las entrevistas de identificación, algo que sí se da en otros países europeos como Italia.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2013 se realizaron 2.555 inspecciones administrativas en lugares donde se ejercía la prostitución detectándose más de 13.000 personas en situación de riesgo. Del total, el número de víctimas identificadas fue de 1.180, tan solo 264 por trata. Cuando la policía está ante una persona extranjera en situación irregular que presenta indicios de ser víctima de trata se ofrece el periodo de reflexión de al menos 30 días previsto en la Ley de Extranjería. Durante este tiempo, no se le podrá incoar un expediente de expulsión y deberá decidir si coopera con las autoridades en la investigación.

La mujer es, en primer lugar, una posible fuente de información. Si decide colaborar, se le podrá conceder un permiso de residencia, pero no es automático. “Ha habido casos en los que las mujeres han colaborado y, aún así, las han dejado sin protección al considerar que no aportaban información relevante. Se les ofrece tan poco y ellas arriesgan tanto…”, lamenta Gema Fernández.

Son muy pocas las mujeres que se acogen al periodo de reflexión. El informe sobre trata de la Defensora del Pueblo sitúa en un 89% el total de víctimas que lo rechaza. “Yo pensé en denunciar desde el principio, pero era una alternativa que veía lejos, pensaba que la policía era corrupta como en mi país. Al principio tenía mucho miedo de la policía”, cuenta Yoana. Este miedo es una barrera habitual. “A ellas les meten en la cabeza que somos unos corruptos, que somos los dueños, que manejamos el dinero. Nosotros siempre somos los malos”, dice Nieto.

La trata ante el control de fronteras y los CIE

Es en contextos como los CIE y la Frontera Sur donde se dan las situaciones de mayor vulnerabilidad y donde pueden darse casos de revictimización si la condición de víctima de trata pasa desapercibida. “Este es el gran desafío. Si no tenemos una persectiva adecuada, un enfoque de derechos humanos, a la hora de abordar los flujos migratorios y el control de fronteras podemos estar rechazando, devolviendo o abriendo un expedinete de expulsión a personas a las que el Estado tiene la obligación de proteger”, advierte Marta González, coordinadora de Proyecto Esperanza.

Personas como 'Naomi', una joven nigeriana que llegó a España pensando que trabajaría en servicio doméstico. Contrajo un deuda de 20.000 euros y fue obligada durante tres años a ejercer la prostitución en contra de su voluntad para saldarla. Amenazada de muerte y forzada a no emplear medios de protección porque así tendría más clientes. En febrero de 2010 fue detenida, sin documentación, sin permiso de residencia, le abrieron un expediente de expulsión y la trasladaron al CIE de Aluche, embarazada de 11 semanas, donde siguió recibiendo amenazas. Dos organizaciones verificaron su condición de víctima de trata. Naomi pidió asilo por persecución religiosa y ACNUR emitió un informe favorable pero le fue denegado.

El caso de Naomi es uno de los recogidos en una investigación de Women's Link sobre mujeres en los CIE. Según Gema Fernández, es aquí cuando ante la desesperación o porque tienen acceso a la información muchas víctimas de trata se deciden a denunciar, aunque es precisamente en los CIE donde más se cuestiona su credibilidad.

Hasta la fecha, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) ha concedido únicamente tres estatutos de refugiado a víctimas de trata. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, los califica de excepcionales y aboga por “un reconocimiento expreso de la trata como motivo abierto y formal de persecución por razones de género”. Pero matiza: “Esto no significa que todas las víctimas de trata sean refugiadas, hay que valorar muy bien el temor y el riesgo al que se enfrentarían en caso de ser devueltas a su país de origen”.

Tras cerrarse la vía del asilo, Naomi solicitó acogerse al periodo de reflexión. El 17 de marzo de 2010, sin previo aviso, fue deportada a Nigeria. Un día después llegaba la resolución del periodo de reflexión. Denegado.