“Las víctimas nos sentimos utilizadas en el proceso de paz de Colombia”

Un día que marca el resto de tu vida, quién eres, cómo te presentas. “Soy la sobrina de Nydia Erika Bautista, desaparecida forzadamente el 30 de agosto de 1987”, dice Andrea Torres Bautista, activista colombiana que lucha contra las desapariciones en el país. Con nueve años varios hombres se llevaron por la fuerza a su tía y su búsqueda ha definido la suerte de la familia, amenazada en multitud de ocasiones. En un viaje por varios países europeos, Torres ha recordado que estos crímenes continúan y que existe el riesgo de que la paz en Colombia se construya sobre la impunidad.

Las víctimas, dice, ya no son tenidas en cuenta en las negociaciones de La Habana: “Nos sentimos utilizadas”.

Era el día de su Comunión, la de Andrea Torres y la de su primo, el hijo de Nydia Erika. “Tuve que ver cómo varios hombres se la llevaron por la fuerza”, contó la defensora en un acto convocado por la ONG Brigadas Internacionales de Paz en Madrid a finales de febrero. Desde ese momento, la familia se volcó en la búsqueda de su tía, a través de la Fundación Nydia Erika Bautista, y en la representación de miles de familias a las que les arrebataron a algún ser querido.

Para la familia Bautista, el camino queda retratado a través de 27 denuncias por amenazas como la que recogió en la puerta de su casa su hijo de ocho años. “Dígale a su mamá que si se sigue metiendo en problemas la vamos a matar”, rezaba el escrito.

“La desaparición forzada es un fenónemo que persiste en Colombia. En 2014, se reportaron 93 desapariciones forzadas de hombres y 33 de mujeres. Esto, en el marco de unas conversaciones de paz. Por ello, no podemos hablar de postconflicto, no es honesto”, insiste Torres.

Los diálogos de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC se iniciaron en 2012 y, aunque la activista coincide en la necesidad de poner fin a más de 50 años de conflicto en el país, considera los riesgos de ensalzar el proceso de paz y dejar por el camino la reparación real de las víctimas, la justicia. Helena Manrique, psicóloga de Brigadas Internacionales de Paz presente desde hace cuatro años en el proyecto de la ONG en Colombia, coincide: “Hay un poco la sensación de 'ya está todo hecho'. Y, al contrario, las cosas no solo no están mejorando sino que están empeorando y van a empeorar”.

Compromiso con la verdad y el paradero de las víctimas

Andrea Torres ha protagonizado una ronda de encuentros con representantes y organizaciones europeas, para denunciar que las cosas se pueden hacer mejor. En su visita a Ginebra, se reunió con las dos Secretarías del Comité de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, a las que presentó un informe alterno de cómo está cumpliendo su país con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Colombia ratificó en 2012.

Pero en la ratificación excluyó el reconocimiento del Comité, que “permite que haga una vigilancia, visitas in situ, efectúe búsquedas urgentes de personas desaparecidas y de que tome decisiones en casos individuales”. Andrea es tajante: “El Gobierno no quiso reconocer la competencia del Comité porque no le interesaba que ninguna organización internacional entre a verificar cuál es la realidad de las desapariciones forzadas en Colombia”.

Ante las Naciones Unidas, Torres presentó las dos principales propuestas que varios representantes de su fundación llevaron a la primera y Segunda delegación de las conversaciones de paz de La Habana, de las que formaron parte. “Que la Comisión de la verdad contemple una subcomisión específica para las desapariciones forzadas”, para que las partes involucradas en el conflicto aporten información del paradero de las víctimas. “Y un mecanismo de verificación para la búsqueda de estas personas y la identificación, porque existe una cantidad innumerable de víctimas en fosas comunes”.

La defensora reconoce que la participación de las víctimas en estas delegaciones en Cuba fue un “hito histórico”. Iván Cepeda, senador colombiano de Polo Democrático Alternativo y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, destacó en una entrevista con eldiario.es el espacio de las víctimas en las negociaciones: “Es la primera vez que las víctimas de un conflicto armado llegan a una mesa de diálogo para dar testimonios”.

Para Andrea Torres, ese papel se queda corto: “Las víctimas no han tenido un espacio político. Por ese motivo se sienten escépticas, utilizadas, porque si bien se las invitó al principio a las conversaciones de La Habana, ahora que se están discutiendo los puntos de vista de las víctimas no están siendo tenidos en cuenta”.

La defensora señala unos mínimos que no se han cubierto por parte del Estado colombiano, como el reconocimiento de la violación de derechos por agentes del Estado. En su caso, su tía fue secuestrada por militares del Ejército: “En 1990, un sargento perteneciente a la brigada 20 del ejército confesó que esa brigada había participado en la desaparición de Nydia Erika Bautista, indicó el lugar donde se encontraban sus restos y los nombres de militares y generales que mandaron y ejecutaron su desaparición. Los restos son encontrados con evidentes signos de tortura y de violencia sexual, que nunca fueron investigados”, relata.

Aunque cree que hay que hacer concesiones, Andrea Torres considera que las fuerzas del Estado deben reconocer los delitos de los que hayan formado parte. “¿Cómo se puede dar el mismo trato a los agentes del Estado y a las fuerzas militares cuando ellos tenían una posición de garantes, un deber constitucional de proteger a la población? Pienso que el castigo debería ser ejemplarizante. No estoy hablando de penas de miles y miles de años, pero sí al menos decir la verdad. Que digan que cometieron graves vulneraciones de derechos humanos, que actuaron con complacencia con grupos paramilitares”.

Temor a una violencia oculta

Otra de las demandas de la Fundación Nydia Erika Bautista es que el Estado reconozca la existencia de grupos paramilitares. Beatriz Gil, miembro de Justicia por Colombia y participante de la XI Delegación Asturiana de Verificación del Estado de los Derechos Humanos en el país, apuntó en el acto en Madrid que en su última visita comprobaron la pervivencia de estos grupos y de sus efectos sobre las comunidades.

“Los grupos no desaparecieron con la Ley de Justicia y Paz”, denuncia Andrea Torres, cuyo temor es que se ignore su existencia y no sean incluidos en procesos de reinserción. “Seguirán haciendo lo único que saben, cometer graves violaciones de derechos humanos”.

Las intenciones del Gobierno de ampliar el fuero penal militar fue otra de las preocupaciones más mencionadas en la conferencia convocada por Brigadas Internacionales. Torres teme que, en esta reforma, los delitos de vulneración de derechos humanos y de lesa humanidad sean juzgados por instancias militares. Doce expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron en una carta abierta al Gobierno y al Congreso de Colombia a que reconsiderasen esta ampliación: “El proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial”.

La paz que se discute en Cuba no llega del todo a la población de las zonas más vulnerables de Colombia, según los activistas. Beatriz Gil reconoce que, en su recorrido por varias zonas del país, todas las partes consultadas dieron cuenta del cumplimiento del cese unilateral de los ataques por parte de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos acordó el pasado mes el cese de los bombardeos contra los campamentos de la guerrilla, excepto en casos de “amenaza” sobre la población. “Pero varios grupos paramilitares siguen operando y amenazando a la población”, dice Gil.

En su experiencia con la población amenazada, Helena Manrique aprecia el temor de la población de que nada cambie. “Se ven perdidos en el nuevo escenario en el que sus vidas siguen igual”.

La psicóloga indica que varios jefes paramilitares cumplirán sus penas en el margen de un año, “muchos temen su reorganización y las luchas de poder entre grupos”. Los activistas alertan de la posibilidad de que la paz de Colombia conlleve las mismas consecuencias que en Guatemala y El Salvador, “donde el postconflicto trajo consecuencias mucho peores para la sociedad en general por no tratarse de un proceso de paz participativo”, advierte Andrea Torres.

Andrea Torres asegura que mantendrá su campaña para visibilizar a “las vulneraciones de derechos humanos que se siguen produciendo”. “Si no se reconoce que estos crímenes continúan y se acepta el discurso de paz, nadie va a voltearse a mirar a Colombia para ver qué está pasando”.