Las vulneraciones de derechos humanos en los CIE que niega Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz lo llamó “leyenda negra”. Se refería así a las numerosas denuncias existentes alrededor de las condiciones de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE). El ministro del Interior en funciones defendía que en su interior se cumplen “claramente” los derechos humanos.

Las ONG especializadas en migración han criticado estas palabras y recuerdan que llevan años documentando vulneraciones de derechos humanos ocurridas en los CIE. Hacemos un repaso de las principales denuncias tras años de visitas a los centros españoles y recordamos algunos de los casos publicados en eldiario.es.

Asistencia médica insuficiente

Internos expulsados con fiebre, falta de ropa de abrigo y enfermos esparcidos por el suelo sin ningún tipo de atención médica, al no estar concertada en este horario. Es el escenario que, según SOS Racismo, se vivió la pasada semana en las instalaciones del CIE de Aluche, pocos días antes de que estallara la última protesta pacífica.

En los CIE de Tarifa, Algeciras, Fuerteventura, Tenerife, Las Palmas, Murcia, Valencia y Barcelona los internos solo pueden acudir a los servicios sanitarios por la mañana, según un informe de la ONG Pueblos Unidos. En el de Madrid no hay ningún médico durante las noches de lunes a viernes y, durante el fin de semana, solo están presentes por la mañana. “El ibuprofeno es la solución para todo. No puedes ponerte malo por las noches, no te hacen caso”, decía un interno a la organización.

Muertes

Cinco años antes, entre esas mismas paredes, a Samba Martine la ignoraron. La joven pasaba sus últimas horas de vida en el CIE, justo antes de que la trasladaran al hospital, donde finalmente murió. Durante los días que estuvo encerrada no recibió el tratamiento médico adecuado, pese a que las autoridades del centro de Aluche tenían constancia de su enfermedad.

Según ha reconocido la Audiencia Provincial, su muerte podría haberse evitado. Pero no se hizo. Como tampoco se evitó la de Aramis Manukyan, ni la de Idrissa Diallo, ni la de Mohamed Abagui.

Desde entonces han pasado varios años, pero las organizaciones humanitarias denuncian que la situación sigue siendo la misma y que el Gobierno no ha aplicado las mejoras recogidas el reglamento para los CIE que se aprobó en 2014.

Embarazadas en el CIE

Vanesa (nombre ficticio) se enteró de que estaba embarazada dentro del CIE, casi a la vez que los agentes. “Me llevaron al hospital como si fuese una delincuente. Casi me hacen los análisis con grilletes”, recuerda. Tras conocer su embarazo de riesgo la Policía intentó deportarla, aunque finalmente, su abogado consiguió suspender su expulsión.

Antes, el Gobierno había asegurado que “cuando se tiene constancia de que una mujer está embarazada se opta por otra de las medidas cautelares previstas por la Ley Orgánica 4/2000, diferente a la de su internamiento en el CIE”.

Pero no siempre ocurre así. Al caso de Vanesa se suma el de otras mujeres en estado de gestación, como Adriana, que también pasó 18 días en el CIE de Alcuhe cuando estaba embarazada de seis meses. La brasileña aseguró a este medio que tanto la jueza que ordenó su internamiento, como los agentes de policía, los médicos y el director del centro, conocían su estado. “Tenía un tripón”, relató.

Menores encerrrados

En los CIE no puede haber menores. “Pero los hay”, según denuncian las ONG. El Servicio Jesuita a Migrantes asegura en su último informe que en 2015, al menos 19 internos en seis de los siete CIE españoles no habían cumplido los 18 años.

En algunos casos, pese a que estos chicos portan documentación de sus países de origen que prueban su minoría de edad –como el pasaporte o el certificado de nacimiento–, las autoridades españolas les someten a pruebas médicas de determinación de edad.

En 2014, el Tribunal Supremo prohibió estas prácticas al zanjar en la sentencia que “un inmigrante de cuyo pasaporte se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado”,pero se sigue incumpliendo. “Hemos sacado a varios chavales del centro. Un primer grupo de siete que el juez de vigilancia del CIE sacó cuando vio sus pasaportes, otro chaval de 16 que se veía muy chiquitín…”, aseguraba en febrero Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces.

Deportados sin previo aviso de 12 horas

Viven con incertidumbre, deseando que ese papel nunca llegue. Pero muchas de las veces que llega, lo hace tarde y sin respetar las 12 horas de antelación reglamentarias que les permitan al menos asimilar que se tienen que ir, según han constatado en diferentes ocasiones los jueces de control del CIE de Madrid.

Laurent recibió la notificación de su expulsión a las 23:30 del día anterior a la salida del vuelo, que despegaba por la mañana. Como a Remigus, o a Donald, a quienes se la dieron sólo seis horas antes.

La ONG Karibú recoge sus historias en el último informe sobre el CIE de Aluche, en el que también alerta de que los internos suelen recibir las notificaciones de deportación con falta de datos e información, lo que dificulta que puedan organizar su regreso e informar a sus familiares.

Vulneraciones del derecho al asilo

Christopher tuvo que volver al lugar donde Boko Haram asesinó a su padre, según denuncia Karibu. Tras huir de su Nigeria natal con apenas 20 años, llegó a España en busca de una protección que nunca encontró. Le deportaron. El joven asegura que antes había rellenado en el CIE la fotocopia para pedir asilo, pero el papel habría quedado en el fondo del buzón del director del centro, junto con otras solicitudes que tampoco se tramitarían nunca.

El procedimiento único y habitual en el CIE de Aluche para que los internos puedan pedir asilo implica depositar la fotocopia en ese buzón y no entregarla en mano, por lo que los internos ni reciben una copia de la misma que les permita dejar constancia del trámite, ni pueden saber si solicitud se ha recibido correctamente.

El pasado 3 de octubre un juez se pronunció al respecto e instaba al centro a establecer un “un horario, lugar y personal suficiente para que los internos puedan entregar su solicitud de asilo en mano”, así como a que se les entregue un duplicado sellado de la misma.

El auto respondía a las denuncias de asociaciones como SOS Racismo, que aseguraban haber detectado ejemplos como el de Christopher “en numerosas ocasiones”: “Muchas personas han sido deportadas a países donde su vida corre peligro sin siquiera haber sido escuchadas, vulnerándose así el principio de no devolución”, afirma la ONG.

Personas con enfermedades mentales

“La salud mental es la gran olvidada en estos centros”, según Médicos del Mundo. La organización asegura que el estrés y la ansiedad son dos constantes entre los internos, que a menudo no comprenden por qué están privados de libertad sin haber cometido ningún delito. Además, las ONG siguen documentando entre los internos casos de personas con enfermedades mentales graves y, por lo tanto, a las que consideran pertenecientes a un “perfil vulnerable”. Como Fabien, que apenas pudo responder a las preguntas que le hacía una voluntaria. Días antes, cuando saltó la valla de Melilla, sufrió heridas en la cabeza que le provocaron una crisis de amnesia. No fue puesto en libertad hasta 10 días después.

A Ablaye, senegalés de 39, llegaron a entregarle la orden de expulsión. No tuvieron en cuenta que estaba diagnosticado y medicado por esquizofrenia, ni tampoco su ingreso en hospital hacía apenas unos días. Casi por azar, le salvó el clima. Su vuelo de deportación no pudo aterrizar en Dakar debido a las condiciones meteorológicas y le devolvieron al CIE, donde tuvo que pasar otros 58 días hasta que finalmente le liberaron con un informe médico completo.

Ignorando el arraigo

Baydi Kane se perdió los primeros días de vida de su hija recién nacida. Cuando el joven senegalés fue encerrado en el CIE al poco de nacer el bebé, la jueza instructora del caso rechazó la autorización para que pudiera salir al Registro Civil a reconocerla como su hija.

Vivió su tiempo en el centro con el miedo a no volver a verla, a ser deportado y a tener que dejar por obligación el país en el que llevaba viviendo más de once años. Pese a conocer su situación, la Jefatura de Policía había solicitado la ampliación de su internamiento para “materializar su expulsión” a los pocos días. “Voy a hacer cualquier cosa. Todo lo que pueda, hasta el último segundo, para quedarme con mi hija”, decía desde el CIE a eldiario.es.

Y lo hizo. Tras pasar 46 días en el centro, varias resoluciones judiciales y su petición de asilo frenaron la deportación del senegalés. Cuando por fin pudo abrazar al bebé, la edad de la pequeña superaba en solo dos días la duración de su encierro en el CIE.

Como ocurrió con Baydi, el 33% de los internos a los que visitó SOS Racismo durante 2015, llevaba más de 6 años en nuestro país, según datos del último informe de la ONG.

“La mayoría de estas personas tenía familiares en España y presentaba fuertes indicios de arraigo, lo que evidencia un fallo en las políticas de inclusión y revela el papel de los CIE como mecanismo para la segregación y la ruptura de la vida de las personas”, concluye la organización.