CGLU es el acrónimo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el nombre de “la organización mundial de gobiernos locales y regionales” que “promueve sus valores, objetivos e intereses a través de la cooperación entre los gobiernos locales y regionales y ante la vasta comunidad internacional”. CGLU asegura, sigo entrecomillando, “promover, a través de la acción de sus miembros, una sociedad justa, sostenible y solidaria, basada en la democracia local, la autonomía y la descentralización, defensora del interés general de los ciudadanos”.
CGLU es una organización poco conocida pero muy relevante -formada por más de 1000 ciudades de 140 estados- y necesaria, puesto que somos más de la mitad de la población mundial los que vivimos en ciudades y porque son los gobiernos locales los motores del cambio posible.
CGLU está celebrando esta semana en Bogotá la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales o lo que es lo mismo, pero dicho menos rimbombante, su quinto congreso mundial. Lo hace, además, como aperitivo de Habitat III, la conferencia de la ONU sobre vivienda y desarrollo sostenible de la semana que viene (y de la que hablaremos aquí). La cosa consiste en el encuentro entre alcaldes, concejales y técnicos de ayuntamientos de todo el globo; se trata de poner en común, de compartir experiencias, de, por qué no, crecer como grupo de presión. Digamos que es la gran feria profesional mundial del servicio público local.
Como en todos estos saraos, hay cosas muy interesantes, otras menos y algunas nada. Hay súper alcaldes y súper alcaldesas hablando de cosas súper. Enrique Peñalosa, de la ciudad anfitriona, como siempre, dejando huella: “Hemos perdido la oportunidad de hacer ciudades mejores. Las urbes asiáticas deberían fijarse en lo que hicieron las latinoamericanas… para no hacer lo mismo. Hemos dado las ciudades a los coches, nos hemos dejado a los peatones, a las personas, a la democracia en ese camino”. Joan Clos, ex de Barcelona y director ejecutivo de ONU-Habitat: “Es esencial garantizar el desarrollo económico de todos los ciudadanos”. Kadir Topbas, de Estambul: “La solución está en nuestras manos, en nosotros los que hemos sido elegidos como gobernantes, en los técnicos”.
Por debajo de los titulares, hay un montón de expertos y técnicos tratando en foros paralelos temas esenciales y muy complicados como la movilidad, las migraciones, la igualdad de género, la infancia. Reuniones de las que seguro salen ideas que harán ciudades mejores en muchos lugares. Y hay más. La Segunda Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales que hará el aporte a la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III. La votación para la nueva Presidencia de CGLU (la cosa está entre rusos y sudafricanos, parece).
Hay talleres, comisiones, ponencias, debates… Hay de todo menos voces ciudadanas. O hay muy pocas. Se oyen, sobre todo, en la plataforma de trabajo permanente dedicada al Derecho a la Ciudad impulsada por la comisión de inclusión de CGLU y comisariada por Bernardo Gutiérrez, activista y periodista (colaborador de esta casa). En distintas sesiones dedicadas a la ciudad sostenible, la ciudad viva o la ciudad diversa se va escuchando y se escuchará la voz de la gente. La de Nora, de la Asociación de Recicladoras de Bogotá, que habla del hecho y del derecho al trabajo informal. La de Pablo, de Occupy Wall Street, que explica cómo las redes creadas entonces ayudaron a paliar los efectos del huracán Sandy incluso coordinando a los equipos oficiales. La de Héctor, del 15M barcelonés, que cuenta cómo se organizaron las ideas y propuestas de las plazas a las instituciones. La de Lorena, de la Coalición Internacional para el Habitat, que habla de cómo la ciudad se hace desde arriba y desde ahí no se permite a los de abajo intervenir. La de los activistas que comparten, a pesar de los problemas técnicos que impiden buena parte de las conexiones, experiencias de Recife, Buenos Aires, Quito… Todos van haciendo el dibujo de una realidad incuestionable desde hace al menos cinco años: la ciudadanía sí quiere intervenir en los asuntos urbanos y cada vez lo hace más.
Pero, curiosamente, es en esa misma plataforma de trabajo sobre el derecho a la ciudad donde surge dos veces una pregunta que demuestra dónde está realmente el problema: “¿Por qué los movimientos ciudadanos no interactúan con las instituciones, no crean canales de cambio real?”, dicen dos personas con puestos institucionales.
Y digo yo, ¿y no será al revés? ¿No son las instituciones las que tienen que garantizar y plantear los canales de escucha a los ciudadanos? ¿No son los gobernantes locales los que tienen que saber constantemente lo que quieren los habitantes para los que trabajan? ¿Cómo es que todavía desde las administraciones se pide a la ciudadanía lo que lleva años haciendo de forma muy visible y sonora?
Desde la primavera árabe y el 15M, el proceso de cambio en la forma de hacer ciudad en todo el mundo es no sólo imparable, sino imposible de no percibir. Constantemente hay noticias de acciones e intervenciones populares en asuntos urbanos. La gente, mucha gente, no quiere ser espectadora de sus propios asuntos. Lo mismo que ha pasado en otros ámbitos (la industria musical, la editorial, la tecnología, la movilidad) está pasando en la política local (y en la otra, pero eso es otra historia): queremos construir el bien común en común. Pero, igual que ha pasado en esos otros ámbitos, los que se tienen que enterar no se están enterando.
La cumbre de CGLU es una iniciativa excelente que seguro que provoca cambios estupendos. Pero es una pena que en el año 2016 se celebre un evento como éste, “defensor del interés general de los ciudadanos”, con tan poca presencia de ciudadanos. Por mucho que diga el alcalde de Estambul, la solución no está en manos de los que gobiernan, las soluciones, que son muchas y diversas, están en manos de todos.
