La dirección de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), una de las principales universidades públicas catalanas, se plantea presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para resolver su delicada situación económica. Así lo aseguran algunos de los asistentes a la última sesión ordinaria del Claustro Universitario, celebrada el pasado viernes, donde el rector, Antoni Giró, admitió ante las preguntas del propio claustro que estaba estudiando la posibilidad de llevar a cabo un ERE para reducir el gasto de personal. Sobre los detalles del posible expediente, el catedrático Albert Corominas, uno de los asistentes en la reunión, afirma que el rector fue “poco preciso”, pero que dio a entender que la medida afectaría, en un principio, “al Personal Docente e Investigador” con contrato laboral.
Ante la previsible inquietud del profesorado, la universidad ha difundido un breve comunicado donde remarca que la dirección “no ha anunciado la aplicación de ningún ERE”, pero que sí es cierto que “se está planteando reducir el personal laboral por esta vía”. La Generalitat de Catalunya hace tiempo que pide a la UPC que disminuya la partida destinada al Capítulo 1 –el de personal laboral–, y ahora el centro lo tiene más fácil que nunca. La nueva legislación sobre expedientes de regulación de empleo en administraciones públicas permite la presentación de EREs siempre que el presupuesto de los organismos en cuestión se hayan reducido, como mínimo, en un 10% en el último año. Es el caso de la UPC –y el de la mayoría de las universidades catalanas–, que este curso ha visto como disminuía su presupuesto en más de un 18%, sin contar que el año anterior ya se rebajó a su vez alrededor de un 5%.
La UPC es la universidad catalana que padece, con diferencia, la situación económica más complicada. Con un déficit acumulado de 98 millones, este campus hace dos años que no cubre las jubilaciones ni las bajas de los profesores asociados. En el caso de estos últimos, al ser un segmento del profesorado muy dinámico –combinan la docencia con el trabajo fuera de la universidad–, se estima que el no cubrimiento de sus bajas equivaldría a haber despedido alrededor de 200 profesores de jornada completa. A este panorama, pues, habría que añadir el ERE, si al final el rector acaba considerándolo.
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