La Plataforma de Afectados por los recortes sanitarios, Attac, la Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Dempeus per la Salut Pública y CATAC-CTS-IAC han presentado una querella criminal contra el conseller y tres altos cargos del departamento de Salud de la Generalitat. Los querellantes consideran que Boi Ruiz y su equipo del departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya podrían haber cometido diversos delitos tipificados en el Código Penal. En el texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya denuncian la privación del derecho a la protección de la salud, basándose en el artículo 542 del Código Penal que prevé la inhabilitación de cargo público entre uno y cuatro años en el caso que “el funcionario público impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes”.
Otros de los delitos que recogen en la querella son el impedimento del ejercicio de derechos cívicos, la omisión del deber de socorro, el tráfico de influencias y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. En la querella, que consta de 80 páginas y más de 300 anexos, se pone en valor el artículo 43 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la protección de la salud. “Los límites los pone la ley y el conseller y su equipo los han rebasado a sabiendas”, explican los firmantes de la querella.
La querella no se dirige solo al conseller de Salud, Boi Ruiz, si no que implica a tres altos cargos del departamento: Roser Fernández, secretaria general de Salud; Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (CatSalut); y Josep Prat, presidente del consejo de administración del Institut Català de la Salut (ICS). Este último ya dimitió de sus funciones el pasado mes de junio por un presunto escándalo de corrupción y se encuentra imputado por malversación de fondos públicos.
El texto de la querella, que ha sido presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sostiene que “el peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio”. Los firmantes de la querella critican las decisiones de los altos cargos políticos denunciados y lo justifican con exhaustivos datos que provienen de más de 140 documentos. Uno de los datos clave que utilizan en su argumentación son las listas de espera: el ordenamiento jurídico marca un tiempo máximo de seis meses de espera en determinados procedimientos sanitarios y, según los querellantes, “este derecho ha sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decision”s de los altos cargos de la Generalitat con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración“. Los datos recogidas en el texto presentado ante el Tribunal Superior de Justicia calculan que un mínimo de un 22% de los pacientes en las listas de espera catalanas están más de seis meses.
Además, en la querella se acusa al gobierno catalán de esconder e incluso manipular datos oficiales sobre las listas de espera para minimizar el impacto en la opinión pública: “Hay indicios de que no están cumpliendo la ley al elaborar la información pública sobre listas de espera, hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para ocultar datos oficiales a la ciudadanía”. La querella, elaborada con la colaboración de diversos juristas, también carga contra el cierre de centros sanitarios, el trato de favor al sector privado y contrataciones sospechas.
Con la presentación de la querella criminal, los firmantes del texto buscan acabar con “el sentimiento de impunidad” de los responsables políticos e invitan a la ciudadanía a cooperar aportando información a través de las páginas web de las entidades para recabar más datos que puedan tener consecuencias penales.
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