Afectados por preferentes piden asesores nombrados por organismos oficiales

Los representantes de algunas plataformas de afectados por la venta de participaciones preferentes de Bankia han pedido hoy ante miembros del Defensor del Pueblo que los organismos oficiales designen a expertos en esta materia para que puedan asesorar a las personas perjudicadas.

Así lo ha explicado en declaraciones a Efe un representante de los afectados, que ha anunciado que enviarán sus quejas por esta “estafa” a Europa, a varios organismos entre los que se encuentra el Banco Central Europeo (BCE).

Y ello después de que en España ya las hayan presentado ante el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España, el Ministerio de Economía o la propia Bankia.

Además, los afectados por la comercialización de este producto también presentaron sus quejas ante el Defensor del Pueblo, un organismo, que según han explicado, les ha anunciado hoy que prepara un nuevo informe sobre este asunto.

El Defensor del Pueblo ya publicó un estudio sobre la comercialización de participaciones preferentes en el que consideraba que la CNMV no controló la venta de este producto y pedía al Ministerio de Economía que crease un mecanismo de reclamación extrajudicial “efectivo” para solucionar los conflictos entre la banca y los afectados.

En concreto, el organismo que dirige Soledad Becerril abrió una investigación de oficio en febrero del año pasado tras recibir más de 400 quejas por estos productos.

Durante la citada reunión celebrada hoy, los afectados también han trasladado a los representantes del organismo que el canje de preferentes por acciones les perjudica, en tanto que tampoco están de acuerdo con el procedimiento de arbitraje acordado.

Así, ellos proponen varias alternativas para recuperar su dinero, como el canje de las participaciones preferentes pero por productos que tengan la garantía del Estado, como la deuda pública.

El pasado 21 de febrero, los afectados se reunieron con miembros de la Fiscalía General del Estado para trasladarles su situación y solicitar ayuda para recuperar su dinero, un problema que también han explicado a los grupos parlamentarios del PP o del PSOE, entre otros.