Álvarez y Toxo defienden el jueves en el Congreso la ILP de la Renta Mínima

Los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, defenderán este jueves en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta mínima de 426 euros para 1,8 millones de hogares sin ingresos o que viven en el umbral de la pobreza.

Toxo y Álvarez acudirán a la Comisión de Empleo del Congreso después de recoger durante más de un año cerca de 700.000 firmas que abogan por una ley que garantice unos ingresos mínimos a las familias más pobres y que está vinculada a la búsqueda de un empleo.

De hecho, la ILP ha superado las 500.000 firmas necesarias para que pueda ser tramitada como una proposición de Ley en las Cortes Generales y deberá ser tomada en consideración en el pleno antes de finales de marzo.

La prestación que plantean los sindicatos se dirige a más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales y su cuantía estaría en el 80 % del Iprem, es decir unos 426 euros, que a la vez se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

El presupuesto anual necesario para poder llevarla a efecto es de unos 11.000 millones de euros, el 1 % del PIB.

Se trataría de una renta universal, no condicionada a las disponibilidades presupuestarias e incompatible con otras prestaciones del propio sistema de seguridad social, tanto del nivel contributivo como del no contributivo, aunque sí se podría percibir si se cobran prestaciones derivadas de la atención a personas en situación de dependencia o en favor de la infancia.

Respecto al requisito de carencia de rentas, el umbral se sitúa en el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento, con exclusión de las pagas extraordinarias, en cómputo anual.

Condición necesaria es ser demandante de empleo al menos, durante los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación y para mantenerla hay que demostrar anualmente los ingresos y rentas.

“El objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar no pueden hacerlo, por lo que carecen de recursos que les permitan vivir con dignidad”, afirma el texto de la iniciativa, que ve la luz tras ser reclamo de los sindicatos desde principios de 2015.

PSOE, Unidos Podemos, ERC y PDcat, entre otras formaciones, han señalado que apoyarán la iniciativa de los sindicatos en su debate de toma en consideración.

El portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, ha confiado en que el PP también se sume a esta tramitación porque lo “razonable” es llegar a un acuerdo y ha señalado a EFE que su formación está dispuesta a “mejorar y avanzar en la propuesta en cuanto a su condición, cuantía y alcance”.

En este sentido, ha recordado que el grupo socialista ya había registrado una proposición no de Ley para instaurar un ingreso mínimo vital que afectaría a unas 700.000 familias que no tienen ingresos ni reciben subsidios.

También el presidente de la Comisión de Empleo y portavoz de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha indicado que ante la precariedad en el mercado de trabajo es necesario garantizar una “vida digna” con esta prestación.

“Existe un 10 % de trabajadores pobres”, ha puntualizado tras reclamar una mejor distribución de rentas y un “suelo mínimo” de ingresos.

Unidos Podemos llevaba en su programa electoral una renta garantizada de 500 euros durante la primera mitad de la legislatura, que alcanzaría los 600 euros en la segunda mitad, por ello Montero aboga por “profundizar” en la cuantía durante el trámite de enmiendas.

Y es que en caso de que la proposición de Ley fuera aprobada sería la segunda ILP desde 1977 que ser convierte en Ley, ya que de las 12 que han sido admitidas con 500.000 firmas, sólo una relativa a la reclamación de deudas hipotecarias y que supuso una modificación de la ley de propiedad horizontal tuvo rango legal.