El juez del caso Bankia investiga si el Banco de España fabricó un informe para exculpar a Rato

La alianza que se fraguó en el aparato financiero del Estado para desacreditar el trabajo de los peritos en el caso Bankia ha fracasado en su intento de que la causa no llegue a juicio. El juez Fernando Andreu investiga ahora el origen y la intención del informe del Banco de España en el que se apoyaron la Fiscalía Anticorrupción y el FROB para rebatir otro, el realizado por los peritos, que señala a Rodrigo Rato y su equipo como responsables del maquillaje de las cuentas de la entidad con el objetivo de que pudiera salir a bolsa.

El juez Andreu dictó una providencia el pasado viernes en la que reclama una serie de documentos al Banco de España y al FROB, instrumento financiero del Estado y en este caso, principal accionista de Bankia. Al FROB le exige copia certificada del escrito que remitió al Banco de España solicitando el informe objeto de la investigación. También quiere que el Fondo de Reestructuración Bancaria le entregue el acuerdo por el que decidió solicitar ese informe. Y todo ello, “a la mayor brevedad”.

Con la misma urgencia, Andreu reclama al Banco de España lo mismo que al FROB, copia certificada de la carta que le remitió el 25 de febrero de 2015 con una consulta sobre la Circular 4/2004 del supervisor. Esta circular es la que avalaría supuestamente la conducta de Rato y su equipo porque, dependiendo de su interpretación, daría por buenas o malas las cuentas en las que se apoyó Bankia para salir a bolsa.

En el caso del Banco de España, Andreu exige también “todos los documentos técnicos elaborados para contestar a dicha consulta, tanto de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, como de la Dirección General de Supervisión”. En este punto de la providencia de Andreu aparece subrayada la palabra “todos”.

La incorporación de la citada respuesta del Banco de España a la causa se produjo a petición de la defensa de Rodrigo Rato y el juez accedió con vistas “a preparar el juicio oral”. Después de un primer requerimiento, cruce de llamadas entre el Juzgado y el Banco de España y un segundo oficio requiriendo el informe, el supervisor remitió el 10 de noviembre al magistrado el escrito de solo 4 páginas que había entregado al FROB el 3 de marzo de 2015, después de que éste le hubiera solicitado su “criterio técnico sobre determinadas cuestiones reguladas en la Circular 4/2004 de 22 de diciembre”.

El informe es un documento genérico, de gran complejidad técnica, en el que ni siquiera se menciona el caso de Bankia, y que algunos medios de comunicación interpretaron como el aval del Banco de España a la actuación de Rato. De aplicarse a Bankia la explicación técnica que contiene, el escrito podría servir para dar por bueno que la entidad tenía 2.000 millones de euros en provisiones, suficiente para salir a bolsa, siempre según las mismas interpretaciones.

Sin embargo, en su providencia del 20 de noviembre, el juez explica que toma la iniciativa de exigir informes sobre cómo y por qué se gestó el informe precisamente “a la vista de su contenido”. Una fuente de la investigación ha confirmado a eldiario.es que el informe del Banco de España no servirá para abortar la instrucción y que al juez solo le resta aclarar el papel del FROB y el supervisor para enviar el caso a juicio. En el caso están imputados Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas, Francisco Verdú, la propia Bankia y su matriz, BFA.

De este modo, será durante la vista oral cuando el tribunal determine qué documento acierta en sus conclusiones: si el de los peritos que trabajaron 17 meses a las órdenes del juez o el de 4 páginas que el Banco de España elaboró a petición del FROB y que fue incorporado a la causa ocho meses después de su elaboración y 26 días después de que así lo exigiera el juez.

La misma fuente explica que la intención del juez es conocer si el FROB y el Banco de España, dos pilares del aparato financiero del Estado, se conjuraron para entregar un informe “ad hoc” o “prefabricado”.

FROB: la acusación que exculpa

Como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno creó por decreto ley en 2009 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En el caso Bankia, el FROB está personado como acusación, en su faceta de perjudicado por la quiebra de la entidad. En febrero de 2015, la causa cumplió dos años y medio de instrucción sin que el FROB hubiera solicitado una sola diligencia. Pero entonces, un letrado particular –y no un abogado del Estado- presentó en su nombre un informe de 77 páginas en el que habían colaborado, sin que el juez lo pidiera, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ese documento del FROB, elaborado con la consulta previa realizada al Banco de España, es un contrainforme en toda regla al que habían elaborado los peritos judiciales, dos funcionarios del Banco de España que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez. Las conclusiones de los peritos judiciales abocan al banquillo a Rodrigo Rato y sus máximos colaboradores al frente de Bankia. En el citado contrainforme, sin embargo, el FROB dice que esos dos funcionarios que señalan a Rato han utilizado “una metodología discutible” y que sus conclusiones plantean “debilidades”, cuando no directamente “errores”. Con el informe, el Banco de España contradice a sus empleados y crea un cisma en la institución.

Pero el informe del FROB servía para destapar una alianza que había lanzado su primera andanada una semana antes, con la Fiscalía como protagonista. Alejandro Luzón, entonces fiscal Anticorrupción y hoy ascendido a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General, había presentado días antes un recurso a la fianza impuesta impuesta por Andreu a Rato y los demás imputados tras escuchar la ratificación de los peritos a su informe en sede judicial.

En el recurso del fiscal aparecían frases textuales del informe del FROB, a pesar de que éste no había sido presentado aún en el Juzgado. En su escrito, Luzón se apuntaba además la tesis expuesta por el presidente del BBVA en su declaración como testigo ante el juez del caso Bankia y que según la cual, la contabilidad de los bancos “es un chicle”.

¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué órganos dependientes del Gobierno como el FROB, el Banco de España y la Fiscalía, con organización jerárquica ésta última y a cuyo máximo responsable nombra el Ejecutivo, se empeñaban en tumbar el caso Bankia?

Las acusaciones explican que una sentencia condenatoria a Rato y el resto abocaría a Bankia a desembolsar los 3.092 millones de euros que captó de mayoristas y minoristas para la salida a bolsa, devolviendo a la entidad a una situación muy delicada y eliminando las aspiraciones del Estado de recuperar parte de su inversión. El subgobernador del Banco de España y presidente de la comisión rectora del FROB son la misma persona: Fernando Restoy, el mismo hombre que era el segundo de a bordo en la CNMV cuando Bankia saltó a bolsa.

Pero hay más: el juez Andreu ha optado hasta ahora por ser cauteloso ante las peticiones de las acusaciones de que impute al Banco de España por su papel en la quiebra de Bankia, toda vez que se trata del máximo órgano supervisor. Con el informe que ahora investiga el juez, el supervisor no solo exculpa a Rato, sino a sí mismo, que no detectó ni denunció lo que estaría ocurriendo en el seno de la entidad. El equipo de Rato presentó un beneficio de 309 millones de euros. Para el equipo que le sucedió al frente de Bankia, en realidad se trataba de pérdidas por valor de 2.979 millones.

La acusación popular, ejercida por UPyD, había pedido la imputación del Banco de España por no haber ejercido sus funciones y haber sido supuestamente cómplice en el desastre de Bankia. Tras el informe del FROB, UPyD y el resto de acusaciones solicitaron conjuntamente que el organismo público fuera expulsado del caso. El partido de Andrés Herzog acusa al Fondo de Reestructuración de imitar el papel del PP en el caso Bárcenas, donde estaba personado como acusación pero terminó expulsado por el juez Pablo Ruz, acusado de haber hecho las veces de abogado defensor del principal imputado.

El juez optó por rechazar dicha medida a la que se opusieron la Fiscalía y la defensa de Rodrigo Rato. Para el exvicepresidente del Gobierno, los seis delitos que se le imputan en la pieza principal del caso Bankia se unen a otros dos por auspiciar, fomentar y utilizar las tarjetas black, así como las tres tipologías que se le atribuyen indiciariamente por sus negocios particulares, en este caso en un juzgado de Madrid.

En otra providencia, también fechada el pasado viernes, el juez da traslado a los dos peritos del caso del informe encargado por Rodrigo Rato a tres catedráticos que, a sueldo del exvicepresidente del Gobierno, avalan las cuentas de Bankia y su salida a bolsa. El juez lo hace por si los peritos judiciales consideran que procede “ampliación, modificación, aclaración o corrección” del informe que emitieron en su día y que muestra a Rato el camino del banquillo.