Arturo Fernández debía al menos 3,6 millones de euros a Hacienda en 2012
La Agencia Tributaria le pidió al Congreso de los Diputados que embargara los pagos a la empresa de Arturo Fernández, adjudicataria del servicio de cafetería del hemiciclo, al deber 3,62 millones de euros al fisco. La reclamación de Hacienda tuvo lugar en febrero de 2012 y no pudo ser satisfecha por los administradores de los contratos del hemiciclo ya que el cif de la sociedad deudora no coincidía con el que presta el servicio a los diputados.
Según un informe realizado por la mesa del Congreso al que ha tenido acceso eldiario.es, el 13 de febrero de 2012 la Agencia Tributaria remitió una orden de embargo contra “Arturo Grupo Cantoblanco” con CIF B-81100026 para intentar recuperar los 3,6 millones de euros que debe al fisco. Sin embargo, tras realizar las comprobaciones oportunas, el Congreso tuvo que decir a la Agencia Tributaria que la empresa que había ganado la adjudicación en 2010 no tenía ese CIF (que es como el dni de las empresas).
El informe explica que el CIF moroso con el Estado coincide con el de la sociedad de Fernández que gestionaba la cafetería en 1996, 2001 2005 y 2006. Sin embargo, en el concurso de 2010, la empresa cambió su CIF por otro (B-8202730). Así las cosas, el Congreso no pudo activar los mecanismos de embargo dispuestos por la Agencia.
Esta deuda de 3,6 millones de euros con Hacienda se une a la de 3 millones de euros que tiene la misma empresa (en este caso sí coincide el dni) con Turespaña. Como informó este medio el pasado viernes, la Fiscalía vio en 2012 indicios de posible falsedad documental en las cuentas de Fernández para no pagar a la sociedad pública que le reclama la deuda. El 13 de febrero un juez ha reabierto el caso. Además, la empresa del grupo que presta el servicio a la cafetería de la Asamblea de Madrid, tenía en noviembre del año pasado una deuda de 400.000 euros con la Seguridad Social.
De la información que se desprende del informe del Congreso no se puede saber si Fernández abonó posteriormente la deuda con la Agencia Tributaria desde la otra empresa. La sociedad coincidente con el cif deudor también tenía en diciembre de 2012 una deuda de 44.000 euros conla Seguridad Social, según consta en la información del registro mercantil. La deuda con la Agencia Tributaria no aparece en las cuentas de 2011, las últimas que ha publicado la empresa.
En su informe, el Congreso dice que no puede rescindir el contrato con la empresa adjudicataria actual, ya que no es la que incumple las condiciones del pliego de licitación. Sin embargo, el informe reconoce que “a lo largo de estos años, el Congres de los Diputados ha tenido conocimiento de algunas incidencias en la vida empresarial del concesionario que, aunque pudieron generar inquietud o incluso suscitar rechazo, no permitieron, por la forma en que se desarrollaron, que la Cámara adoptase medidas distintas a las que, efectivamente, se tomaron”.
En el informe del Congreso sí se reconoce que en mayo de 2009 tuvo conocimiento del conflicto entre empresa y trabajadores sobre pagos en negro de horas extra, pero que no pudo intervenir ya que el personal contratado depende exclusivamente de la contrata de Arturo. También dice que se le pidieron las oportunas comprobaciones de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y en Hacienda y que la última sociedad adjudicataria las presentó.