El Ayuntamiento de Madrid lleva dilapidados 247 millones en productos financieros tóxicos contratados por Gallardón

247 millones. Es lo que le está costando al Ayuntamiento de Madrid un polémico producto financiero llamado swap, según cálculos internos a los que ha tenido acceso este diario. ¿Para qué sirve? Para asegurar un tipo de interés fijo en los pagos de los préstamos municipales sujetos a interés variable. Es decir, que si el interés variable se dispara, el Ayuntamiento paga el interés fijo. Pero si el interés variable se desploma, que es lo que ha pasado en el último lustro, el Ayuntamiento de Madrid paga muy por encima de lo que le tocaría. En total: 247.605.736 euros de costes extra fruto de los contratos firmados por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón para financiar la construcción de la M-30. La suma es el resultado de lo pagado por la corporación municipal hasta el 31 de agosto de 2015, según los documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es pero los contratos vencen en su mayoría dentro de una década.

Operaciones de cobertura y gestión del riesgo de tipo de interés

Los préstamos del Ayuntamiento de Madrid adscritos a los swaps ascienden a 1.983 millones de euros, y se han firmado con BBVA, Crédit Agricóle, Societé Genérale –entidad en la que trabajó el exconsejero de Esperanza Aguirre Francisco Granados–, Belfius y Bankia –entonces Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa–. El principal “agente” que negoció los contratos fue Dexia (rescatada y rebautizada como Belfius). La financiación de estos contratos se destinó a financiar la M-30 y el grueso de estas coberturas de riesgo se firmaron en junio de 2011, cuando los créditos de la sociedad pública Calle 30 pasaron al ayuntamiento. “Ese día se traspasaron deudas y swaps de los préstamos que tenían empresas públicas y mixtas ante la certeza de que Eurostat ya no tragaba”, afirman fuentes municipales.

Sólo en 2014, el Ayuntamiento ha pagado 66 millones de euros por este concepto. El estratosférico gasto tiene una penalización por su cancelación a la altura: 402 millones de euros lo que haría aún peor el remedio que la enfermedad, aseguran las fuentes.

“Es un sobrecoste”, explican fuentes municipales: “Además de los intereses que hemos abonado por los préstamos, los swaps nos han supuesto pagar 247 millones de euros más. Eso en referencia al Ayuntamiento. Empresas públicas como Madrid Destino o Madrid Calle 30 tienen importes adicionales antes de que su deuda fuera asumida por el Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento firmó estos contratos entidad por entidad con diferentes condiciones pero indéntico resultado: pagar por unos tipos de interés hasta cuatro puntos por encima de lo que hubiera pagado con el variable que había contratado inicialmente. Los variables contratados originalmente (Euribor a tres meses y Euribor a seis meses) cotizan actualmente al 0% (y en algunos casos han entrado incluso en terreno negativo) y será muy difícil ver al indicador por encima del 4% a una década vista, justo cuando vencen estos créditos. Aunque en 2006, fecha a la que se remontan las operaciones financieras para costear la M-30, la evolución de los tipos era más incierta, desde que el Ayuntamiento ha tenido que asumir estos contratos en 2011 nunca se ha llegado ni a sobrepasar el 1,5% en el tipo de interés variable pactado inicialmente.

“Es una apuesta de casino”, se asombra uno de los expertos financieros consultados. La fuente, que prefiere no revelar su identidad por participar en algunos de estos procesos, entiende que los ayuntamientos deben intentar cubrirse del riesgo de los productos que contratan pero no a esos importes. “Están jugando con dinero público”, concluye.

Juan Bravo, concejal de Hacienda de Madrid entre 2003 y 2011, cuya firma aparece en varios de estos contratos, no ha querido explicar los motivos que llevaron a su corporación muncipal a suscribir estos productos financieros: “Tengo una norma: el pasado, pasado está. No quiero entrar en esta dinámica ni responder. Aquí hay una intencionalidad y no es un juego en el que vaya a entrar. Todo está explicado en los plenos y si alguien ha sido transparente ha sido el Ayuntamiento de Madrid”.

“No existen informes que justifiquen esas contrataciones desde el punto de vista financiero”, relatan fuentes municipales: “Estamos analizando las posibles acciones legales para actuar ante estos lesivos contratos. No vamos a ir amistosamente a renegociar porque nos hemos dirigido a cada uno y nos ha puesto la 'factura' delante. Nuestros servicios jurídicos buscarán la opción de anular esos contratos y si existe una vía, la utilizaremos”.

La banca siempre gana en estos productos

Jordi Ruiz de Villa, abogado de Jausas Legal que trabaja con varios casos de swaps, asegura que el uso de estos productos “es un engaño masivo, al mismo nivel que las preferentes”. “Se han dado muy malas prácticas con estos productos”, lamenta Ruiz que también entiende la necesidad de estas coberturas de riesgo pero dentro de unos límites. “Hay un seguro simple que no se le ofrece nunca al cliente. Una cobertura de póliza en el que se paga una prima razonable para cubrirse de estas posibles subidas. Pero los bancos ofrecen productos mucho más complejos que los clientes aceptan sin entender, son alternativas tóxicas”, explica Ruiz de Villa.

Este abogado explica el procedimiento que ha visto de cerca en algunos de sus clientes. Cuando toca reestructurar o refinanciar un crédito (como fue el caso del Ayuntamiento de Madrid), el banco le dice que hay un riesgo de que los tipos suban y la carga financiera se vuelva inasumible. En eso momento les ofrecen este producto (se contrata de forma separada al crédito y por una duración que puede ser también diferente) que no es un simple seguro. En algunos casos les dicen que se pueden asegurar entre un tipo alto (techo) y uno bajo (suelo). En algunos casos, techo y suelo coinciden y al final lo que se paga es un tipo fijo. La estructuración puede ser mucho más compleja y estar referencia a la evolución de divisas o a ecuaciones matemáticas.

El carácter institucional de un Ayuntamiento no es razón suficiente, según los abogados consultados, para presuponer que entienden lo que firman en este tipo de contratos. “El banco se dedica a vender riesgo, es su negocio, calcular probabilidades. Lo hacen con sofisticados programas que valen cientos de miles de euros y no están a disposición de clientes privados pero tampoco de administraciones públicas”, zanja Ruiz de Villa. “El banco siempre juega con ventaja, te pide que apuestes a un cálculo de probabilidades que tiene muy depurado”, matiza. Murex es una empresa tecnológica que contratan los grandes bancos y fondos de riesgo para hacer los cálculos de probabilidades, una posibilidad solo al alcance de unos pocos y, desde luego, no de las Administraciones Públicas.

Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Financiero y personado en causas contra las preferentes, Bankia o Valores Santander, recuerda que las administraciones públicas no deberían “especular” con dinero público. “Una cosa es protegerse y otra aceptar productos especulativos”, asegura. En este sentido, Zunzunegui recuerda que la nueva protección para el inversor (conocida por sus siglas Mifid2), descarta que los ayuntamientos sean “inversores elegibles” para este tipo de productos complejos. Así, ya no se presupone que las corporaciones municipales tengan conocimientos suficients para aceptar este tipo de contratos. Eso sí, por tamaño Madrid sí podría quedarse dentro de estos criterios ya que los créditos concecidos superan los límites de la protección para el pequeño inversor.

Otras grandes ciudades europeas también reclaman

En opinión de ambos juristas, esto puede ser la punta del iceberg ya que en otros países el “engaño” masivo de los swap ha sido objeto de polémicas al mismo nivel que las preferentes en España. En Italia el escándalo se destapó a raíz de la colocación de estos derivados al Ayuntamiento de Milán, que demandó a cuatro bancos (JPMorgan, Deutsche Bank, UBS e HypoRealState) por malas prácticas en un caso muy similar al de Madrid. Milán contrató estos swap en 2005 para rebajar el peso de su deuda y terminó sobrepagando millones de euros. A su demanda siguieron las de otros ayuntamientos y el ministro de Economía cifró que en el país los ayuntamientos tenían 35.500 millones de euros ligados a estos productos financieros y el país fue un clamor contra estos productos. Entre las ciudades litigadoras destaca el triunfo de Prato, la segunda ciudad por tamaño de Toscana que venció a Dexia en los tribunales este mismo verano y no les pagará casi 7 millones de euros que le exigía el banco. El caso es un precedente para otras diez ciudades y regiones italianas que siguen con las disputas legales abiertas en estos momentos.

El escándalo también desató una ola de noticias en Portugal, donde hace apenas tres días una sociedad pública de Oporto ha demandado al Banco Santander por un swap colocado para cubrir la financiación del metro de la ciudad. En este caso, el litigio tiene más complicaciones ya que la empresa pública aceptó hacer el contrato bajo la legislación inglesa. La titularidad de la sociedad es estatal y municipal y el producto contratado era el tipo “bola de nieve” que ha provocado que la empresa lusa deba 1.600 millones euros a Santander. Pero el escándalo en Portugal estalló en abril de 2013 cuando se descubrió que Metro de Lisboa, Metro de Oporto, Carris (los tranvías) y Aguas de Portugal habían firmado estos contratos para cubrir al menos 3.000 millones de euros. Entre los que dimitieron por el caso destaca el secretario de Estado del Tesoro, Joaquim Pais Jorge, y la directora general del tesoro, Elsa Roncon Santos.

Pero en el norte de Europa también han sufrido esta intoxicación. La empresa de aguas de Leipzig (Alemania) también ha sufrido el mismo abuso con este producto financiero que le expuso a unas pérdidas potenciales de 300 millones de euros y por las que UBS le reclamaba aún otros 140 millones de euros. La justicia le dio la razón a la entidad y afeó la conducta del banco suizo.