El BCE pide al Gobierno español más medidas contra los desahucios

El BCE cree que el Gobierno español no está haciendo lo suficiente para reducir el número de desahucios. El guardián de la ortodoxia financiera estima que se trata de una mala solución para todos, porque la ejecución hipotecaria debería considerarse “el último recurso”. Según dictamen del banco central, los bancos deberían estar interesados en evitarla, puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si el hipotecante continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago.

La reciente ley antidesahucios impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy no es suficiente. En un documento emitido la semana pasada y firmado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi, se dice que España debería adoptar un conjunto de medidas más amplio “para abordar las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”.

“Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral”, según refleja el dictamen sobre el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ya en vigor en España tras su aprobación el 8 de mayo.

El BCE también alerta sobre el impacto de cualquiera de estas medidas en la estabilidad de los bancos y de sus cuentas. Todo cambio debería “basarse en un análisis pormenorizado de su impacto en el sistema financiero”. Recomienda a las autoridades españolas que vigilen los efectos “en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de crédito”.

De este modo, la entidad recomienda que los prestamistas garantizados adapten sus prácticas actuales de gestión de prestatarios incursos en incumplimiento a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento.

El banco central no se opone a la existencia de un fondo social de viviendas –dice que “debe aplaudirse” esa idea–, pero no parece que le entusiasme mucho. Afirma que esta iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas que permita un menor número de ejecuciones y una menor necesidad de un fondo social de viviendas.