El BPI prolonga la incertidumbre sobre su futuro con el reloj en contra

Con el nuevo aplazamiento de la votación sobre el fin del límite a los derechos de voto, el Banco Portugués de Inversión (BPI) prolongó la incertidumbre que rodea su futuro a pesar de que el reloj corre en su contra.

La asamblea general en la que los accionistas votarán esa modificación de los estatutos ya ha sido suspendida en dos ocasiones, la última este 6 de septiembre, y no será retomada hasta el próximo día 21.

Este aplazamiento deja un margen de tiempo escaso para resolver el desenlace de la opa que presentó el principal accionista de la entidad, el español Caixabank, que sólo seguirá adelante si se eliminan los límites a los derechos de voto.

La operación debe estar resuelta antes de que acabe el mes de octubre para evitar que el BPI, el quinto mayor banco de Portugal, sea penalizado por Bruselas por los activos que posee en Angola.

Bruselas exige a las entidades comunitarias reducir su exposición al país africano porque considera que Luanda no cuenta con un sistema de supervisión bancaria equivalente al europeo.

El plazo para que el BPI se desprendiese de sus activos angoleños expiró oficialmente el pasado 10 de abril sin que los accionistas de la entidad consiguieran acordar una solución.

Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) decidió no sancionar por el momento al BPI y esperar a que se resuelva la opa, ya que si la operación sale adelante el Caixabank conseguiría hacerse con el control del banco y podría desbloquear la situación de Angola.

La entidad catalana tiene actualmente en sus manos el 45,16 % del capital del banco portugués, pero los estatutos del BPI limitan a un máximo del 20 % los votos de cada accionista.

En la práctica, esta restricción otorga al Caixabank un poder de decisión similar al del segundo mayor accionista, la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos, que tiene una participación del 18,6 % del capital.

La perspectiva de que Caixabank se haga con el control del banco luso si logra el desblindaje de los derechos de voto no agrada a todos sus accionistas; de hecho, ya intentó sacar adelante una primera opa el año pasado que finalmente fue retirada porque se rechazó cambiar los estatutos.

Uno de los accionistas minoritarios, el portugués Holding Violas Ferreira, ha declarado de forma pública en varias ocasiones su oposición a cambiar los estatutos del banco y es el principal responsable de que las últimas asambleas del BPI hayan sido pospuestas.

La compañía interpuso una medida cautelar con la que pretende evitar que se vote el desblindaje de los derechos de voto, lo que llevó al Caixabank a proponer el aplazamiento de la votación hasta que llegue la resolución judicial sobre esa medida.

Según explicaron a Efe fuentes de este banco, la entidad confía en que la decisión del juez esté disponible antes de la próxima asamblea y se pueda finalmente tomar una decisión sobre los derechos de voto.

A pesar de que sólo cuenta con una participación del 2,6 %, Violas Ferreira goza en la actualidad de una gran importancia estratégica dentro del accionariado del BPI.

La compañía portuguesa está aliada con la angoleña Dos Santos y la suma de sus derechos de voto supera el 20 % del Caixabank, lo que les permite plantar cara a las decisiones del banco español.

Especulaciones aparecidas recientemente en la prensa apuntan a que Caixabank se estaría planteando retirar la opa debido a los obstáculos surgidos para votar sobre los derechos de voto, y aunque el banco no se ha pronunciado públicamente, los rumores fueron suficientes para afectar al valor del BPI en bolsa.

Las acciones del BPI cotizan actualmente en los 1,053 euros por título, por debajo del precio ofrecido por Caixabank en su opa, que es de 1,113 euros.