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El Banco de España contra su inspector: dos versiones sobre la quiebra de Bankia

Rato posa en 2011 junto a los presidentes de las seis entidades que conformaron Bankia.

Marcos Pinheiro

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus se sentó frente a su ordenador el 8 de abril de 2011, semanas antes de la salida a Bolsa de Bankia, para escribir un email a su jefe en el que le alertaba de que esa decisión sería un fracaso. Unos días después redactó otro email. “Buenas tardes pero muy malos resultados”, decía a modo de saludo.

Un mes después enviaba el correo más extenso con un análisis pormenorizado de por qué BFA-Bankia acabaría quebrando.

En julio, la entidad resultante de la fusión de siete cajas salía a Bolsa para ser rescatada apenas un año después con 22.4000 millones de dinero público. La Audiencia Nacional trata de averiguar qué hizo el Banco de España con esas advertencias, por qué ignoró ese pronóstico que se demostró acertado.

Es una de las derivadas del caso Bankia, que ha llevado esta semana a ocho altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Banco de España (BdE) a declarar como imputados. Los primeros han desviado la responsabilidad hacia los segundos, pero en el supervisor bancario se pierde el rastro de las advertencias según se escala en el organigrama directivo.

Quien fuera su máximo responsable, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha confirmado que no recibió los correos, pero ha dado un paso más negando la evidencia: que los correos acertaron.

La acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha intentado averiguar por qué se ignoraron las advertencias. Asume ese trabajo por dejación del juez instructor, Fernando Andreu, y el fiscal, Alejandro Luzón, que no han preguntado a ninguno de los imputados. Ambos se opusieron a esta tanda de citaciones al considerar que no se podía achacar ningún delito a los responsables de la CNMV y el BdE. Solo el abogado de la CIC, Andrés Herzog, y algún que otro abogado defensor han preguntado a los ejecutivos.

Se esperaba con especial atención lo que dijese Pedro Comín, el supervisor que recibió en su bandeja de entrada los correos de Casaus. Ante el juez ha reconocido que no reenvió esos emails a la cúpula del organismo que vigilaba las cuentas de Bankia ante el comienzo de su cotización. Tan solo discutió el contenido de las advertencias con su jefe inmediato, Pedro González. Este siguió la estela de su subordinado y declaró que trasladó lo sustancial de los temores de Casaus, no su totalidad, al subgobernador Javier Aríztegui, porque Fernández Ordóñez estaba a “otras cosas”.

Las advertencias del inspector se fueron diluyendo en la maraña de cargos intermedios y en la multitud de informes que se redactaron antes de la operación financiera, cuyo objetivo era que Bankia captase los fondos suficientes para mantenerse a flote.

Comín y González redujeron los pronósticos a una nota a pie de página en un documento que ni siquiera llegó a la cúpula. Aríztegui supo que un inspector dudaba de la salida a Bolsa, pero no le tomó en serio.

Nadie respondió a sus advertencias

Casaus nunca recibió una contestación. Nadie respondió a sus correos, ni le pidió más explicaciones sobre unas previsiones que harían tambalearse al sistema financiero español. Ningún ejecutivo del Banco de España le llamó a su despacho para que aclarase algunos puntos que no cuadraban de su análisis. Si detectaron errores, como han señalado en sus declaraciones, han esperado seis años para hacérselo saber, porque en ese momento Casaus no pasó de ser un funcionario que se separaba de la línea oficial: Bankia era solvente y vender sus acciones a inversores privados era la mejor solución para garantizar su futuro.

Durante esta semana, los directivos del Banco de España han centrado sus esfuerzos en desacreditar los correos. Todos, menos el gobernador, supieron de su contenido pero lo encuadraron en “opiniones de futuro”. Eran meras previsiones financieras fruto de la inmediatez y la espontaneidad, poco rigurosos. “No estaban suficientemente pensados”, dijo Comín. Tratan de desterrar la idea de que ignoraron las advertencias por las presiones políticas para que Bankia saliese a Bolsa.

En la construcción de ese relato habían trazado un cortafuegos ante Fernández Ordóñez. Nunca le llegaron los correos ni las advertencias, a pesar de ser el máximo responsable del supervisor. Su defensa estaba clara: podía argumentar que nunca supo nada. El reproche podría ser ético, por no haber prestado suficiente atención a una operación de esas características, pero no penal. Sin embargo, el exgobernador ha decidido ir más allá y sumarse al descrédito de los correos con un ataque complicado de sostener. Dijo que nadie le reenvió los correos porque estaban equivocados.

Según explicó al juez, sus subordinados hicieron bien en no hacerle partícipe de los temores de Casaus porque estos estaban errados. Cuando un abogado presente en la declaración le pidió que fuese más específico, Fernández Ordóñez se fue por las ramas. No entró a detallar en qué se habían equivocado unas previsiones que alertaron de que Bankia tendría que ser rescatada con 15.000 millones de euros de dinero público, y que tan solo se quedaron cortas en esa cantidad.

Fernández Ordóñez, como también apuntó Aríztegui, dijo que Bankia había quebrado en tan solo un año debido a la segunda recesión que vivió España en 2011. En nada había influido el estado de sus cuentas, de las que los exdirectivos han dicho que nadie dudaba. Un terremoto financiero inesperado y un sistema regulatorio deficiente habían tumbado a una entidad que salía al mercado con unos números revisados y aprobados por el Banco de España.

Bankia era el banco malo, BFA el muy malo

José Antonio Casaus fue el último en declarar, en su caso como testigo. Su descripción de los hechos difiere totalmente de la de sus superiores y retrata un Banco de España plenamente consciente de los riesgos de que Bankia empezase a cotizar. Lo resumió en una frase que apuntó el abogado Andrés Herzog en su libreta: “Nadie me discutía que el grupo (BFA-Bankia) estaba muerto”. Según su versión, los supervisores de la entidad sabían que la entidad no sobreviviría a la operación.

El ambiente que ha descrito Casaus ante el juez apunta a que la insolvencia de Bankia era un tema que se trataba a diario. A modo de anécdota, contó al juez que durante una conversación, un compañero le pidió que dejase de referirse a la matriz de la entidad dirigida por Rodrigo Rato -BFA- como un “banco malo”. Su respuesta fue que tenía razón, que Bankia era el malo y BFA el “muy malo”.

Ha insistido en que el Banco de España supo que las cosas no iban bien antes de que Bankia se vendiese a los inversores. Sus resultados del primer trimestre de 2011 hacían pensar lo peor, pero nadie levantó la voz de alarma, salvo él. Los altos cargos le han reprochado que solo alertase por correo, y no por los cauces oficiales, pero él asegura que también plasmó sus miedos en los informes de seguimiento. El resto de inspectores también estaba al tanto de que la entidad no sobreviviría al mercado, así que Casaus propuso a sus jefes varias alternativas que no fueron atendidas, como la venta a un banco extranjero. De fondo, de nuevo, resonaba el eco de las supuestas presiones para que Bankia saliese a Bolsa.

Tanto el exgobernador como su mano derecha han negado la existencia de esas prácticas. Fernández Ordóñez añade que él no presionó a inversores para que comprasen acciones, porque sería impensable, dijo, que intercediese a favor de un banco supervisado. Aríztegui descartó presiones del poder político, y dijo que estas solo se producían a través de los reales decretos que promulgaba el Gobierno, como el de 2009, que impulsaba la fusión de las cajas.

Aún está pendiente la declaración de los peritos Víctor Sánchez y Antonio Busquets, cuyo informe sirve de base para la causa. Su versión de los hechos está más próxima a la de Casaus, en cuanto a que aseguran que las cuentas de Bankia no estaban saneadas, como afirma el Banco de España.

Tras su testimonio, el juez Andreu tendrá que decidir qué hace con el caso, en función de qué versión considere válida: la de los antiguos ejecutivos del Banco de España –“los políticos”, como les ha definido un letrado del caso–, o la de los técnicos, que apuntan a que el supervisor dio vía libre a la botadura de Bankia conscientes de que tenía una vía de agua.

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