Blanqueo de capitales: España, en apuros para aprobar el examen internacional
Han pasado más de tres años desde que se aprobó la Ley de prevención de blanqueo de capitales, el 28 de abril de 2010, y todavía está sin aprobar el reglamento necesario para ponerla en marcha. Pero no sólo el reglamento está en pañales (en vía de consulta). La propia ley se ha quedado obsoleta y necesita cambios urgentes si España quiere aprobar el examen al que será sometida la próxima primavera por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo encargado de evitar el blanqueo de capitales a nivel mundial.
El Gobierno es más que consciente de estas debilidades y la preocupación por el daño que una mala nota podría acarrear al sistema financiero español es palpable. Consciente de ese riesgo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya movió ficha en mayo al sustituir al entonces director del Sepblac (la comisión para la prevención del blanqueo de capitales), Manuel Caro, por un hombre de confianza del ministro, Juan Manuel Vega.
Vega es identificado por el sector como “el hombre del Gafi” en España, ya que ha representado al país en este organismo internacional en los últimos años. Y parece ser el interlocutor ideal con los hombres del GAFI, que ya desembarcaron hace unas semanas en España para evaluar la situación y dar “consejos”, pese a que la cita para el examen público está concertada para la próxima primavera.
“De momento, están evaluando las instituciones públicas. Aunque no es descartable que más adelante investiguen a los sujetos obligados (entidades financieras, aseguradoras, abogados...)”, adviriteron fuentes del Ministerio de Economía ante un nutrido grupo de expertos en prevención de blanqueo de capitales que se dio cita la semana pasada en una jornada dirigida por el profesor Pedro Morón y organizada por la Universidad Autónoma de Madrid.
La presión internacional ha puesto en guardia al Ministerio y al Sepblac. Y ha alertado también a todas las entidades y organismos obligados a denunciar información sospechosa en base a unos requerimientos normativos y prácticos que no siempre se están cumpliendo al pie de la letra. La llegada de los hombres de GAFI no sólo ha dado un impulso al reglamento que debe desarrollar la ley de blanqueo. Es más, todo apunta a que están modificando la ley original.
Vega está intentando calmar los ánimos de todos aquellos profesionales que deben informar al Gobierno si encuentran indicios de delito de blanqueo. Personal de bancos, de aseguradoras, abogados, notarios, joyeros, marchantes de arte..., que andan muy alterados tras las “recomendaciones fantasma de abril de 2013” emitidas por el anterior responsable del Sepblac, Manuel Caro. “Se trata de un conjunto de normas que pretendían hacer las veces del reglamento, que no existía, y que lo que hizo fue provocar caos y descontrol. Porque nadie sabía lo que tenía que hacer y si eso era o no legal”, se quejan varios responsables de los departamentos de prevención de entidades financieras.
Fuera los políticos
Desde el punto de vista normativo, uno de los primeros puntos que España tiene que modificar es el que se refiere al tratamiento de las “personas con responsabilidad pública”. A pesar de que cuando se aprobó la ley se anunciaron “medidas especiales” de control para este colectivo, la realidad en que esas personas con responsabilidad pública a las que se refería la norma española eran sólo “aquellas que hubieran tenido cargos internacionales”. Es decir, se dejaba fuera de ese control especial a todos los políticos españoles.
Después de lo que se ha visto en los casos Bárcenas, Malaya, etc., la medida no parece muy coherente. “La presión internacional ya ha obligado a que esto se corrija ya en el borrador de reglamento”, reconocían los asistentes. Aunque con la redacción actual, todavía los políticos españoles tienen cierto trato de favor, ya que mientras los internacionales deben ser identificados sin excusa alguna (es lo que la ley define como medidas adecuadas), para los políticos nacionales solo se exigen “medidas razonables”. Es decir, un escalón menos de control que da margen para que alguno pueda escaparse.
Tampoco gusta nada a los expertos internacionales la falta de control que hasta ahora existe en la legislación española para las pequeñas empresas de sectores tradicionalmente utilizados para el blanqueo. Esto es, joyeros, anticuarios, marchantes de arte... Mientras, las grandes firmas de intermediación en estos sectores como la española Durán o las internacionales Sotheby's o Christie's están obligadas a llevar un exhaustivo control de identificación y pagos que, en ningún caso, se admiten en efectivo. A las pequeñas apenas se les exige un registro de clientes cuya identidad ni siquiera tienen que identificar.
Desde las grandes firmas aseguran que todo el que tiene interés en blanquear no tiene ningún problema en hacerlo a través de los pequeños negocios. “Si esto se aprueba en el reglamento, se pueden crear de la noche a la mañana entre 300 y 400 empresas sólo con el objetivo de esquivar el control de capitales”, advierte Juan Carlos Galindo, presidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (INBLAC).
Supervisión escasa
Supervisión escasaEn el apartado operativo se necesitan cambios en numerosos flancos: la rebaja de los umbrales a partir de los cuales hay que identificar a los sospechosos o seguir su rastro; el incremento de las medidas de control. Hasta tal punto que en ocasiones los directores de las sucursales bancarias deban personarse en los negocios desde donde salen las operaciones sospechosas; mayores exigencias burocráticas para movilizar grandes sumas de dinero, etc. Estas son sólo algunas de las que ya han tenido que incluirse en el borrador del reglamento. Un texto que en el Ministerio ya reconocen que no podrá estar operativo antes de final de año, como se esperaba, sino que no verá la luz hasta poco antes de la fecha final del examen del GAFI, que será en marzo o abril de 2014.
Más allá de las medidas concretas, los expertos del sector reconocen que hasta ahora la supervisión no ha sido muy exhaustiva. “El Sepblac se ha centrado mucho en las empresas remesadoras, pero la verdad es que a los demás no nos han investigado mucho. Y al comercio sensible y a los negocios no financieros ni les ha tocado”, aseguraron varios abogados presentes en el evento que solicitan no ser identificados.
Este colectivo hace autocrítica. Aseguran que son de los que menos están colaborando con la obligación de identificar a sujetos sospechosos. “No tenemos un órgano que nos obligue y nos represente a todos, como les sucede a los notarios, pues el porcentaje de abogados que está dado de alta en el registro de sujetos obligados a reportar información es mínimo (ver gráfico de la memoria del Sepblac)”, explica un abogado especializado en prevención de blanqueo. Y advierte: “Los del GAFI no van a tardar en darse cuenta de que apenas se ha investigado a los abogados, y eso no va a gustar nada”.
