Bronca en el Pacto de Toledo por las maniobras del PP sobre las pensiones

La comisión de seguimiento del Pacto de Toledo se ha reunido este miércoles en el Congreso con la resaca de las palabras de su presidenta, la “popular” Celia Villalobos, a favor de los planes privados de pensiones. La ex ministra de Sanidad, que dirige los trabajos del Pacto, también habló en televisión, sin datos que lo sustenten, de la supuesta existencia de un número importante de pensionistas que estarían más años cobrando la prestación que cotizando.

Unas palabras “frívolas” y “gravísimas” a juicio de la portavoz del PSOE en la comisión, Mercé Perea, que ha presentado una protesta oral y otra por escrito. “Es otra muestra más de la política de confrontación que realiza el PP en todos los ámbitos, como el territorial, entre ciudadanos y ahora la intergeneracional, que es lo último que un Gobierno puede hacer. No se puede demonizar a los pensionistas”, ha censurado Perea.

“Villalobos hablaba más como diputada que como presidenta de la comisión”, añade la portavoz de Unidos Podemos-En comú podem-En Marea, Aina Vidal, que también ha alzado su voz en la reunión de diputados que debe pactar recomendaciones sobre el futuro de las pensiones, celebrada a puerta cerrada. 

Ambas representantes mostraron su malestar en la reunión del Pacto por las palabras de Villalobos, pero también por las de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que a principios de esta semana daba a conocer una propuesta del PP para poder elegir el periodo de cálculo de la pensión.

En realidad, según fuentes de la comisión, lo que el grupo popular había defendido la semana pasada era ampliar a toda la vida laboral el cómputo que determina la cantidad que se cobra a la hora del retiro, y no que se eligiera voluntariamente si acogerse o no, como dijo Báñez. 

“Son recurrentes los anuncios que el Gobierno realiza en torno a medidas concretas que finalmente no terminan por concretarse de ninguna forma”, ha criticado al respecto el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Ha puesto como ejemplo el anuncio que hizo el Ejecutivo en el verano de 2015 de ampliar la financiación del sistema mediante impuestos o la sustitución de las tarifas planas y reducciones de cotizaciones por bonificaciones.

Los trabajos de la comisión avanzan lentamente

Al margen de estas polémicas, los trabajos de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo avanzan con lentitud. El portavoz de PDeCAT, Carles Campuzano, explica a eldiario.es que los temas más relevantes siguen pendientes. Un año y cuatro meses después de su constitución, la comisión, en la que están representadas todas las fuerzas políticas de la Cámara, no ha logrado llegar a un acercamiento en cuestiones como las fuentes de financiación. 

Una de las soluciones que se barajan es el pago de parte de las pensiones con impuestos. Recientemente, el PSOE ha propuesto un impuesto a la banca para financiar las pensiones. También Unidos Podemos contempla la creación de tasas específicas. En todo caso, estas formaciones insisten en que el principal acicate para las pensiones serían unos trabajos dignos que permitieran mayores cotizaciones para alimentar el sistema.

También está pendiente un acuerdo sobre adónde debe dirigirse el llamado factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019 y que introducirá un nuevo factor de cálculo de la pensión: la esperanza de vida del que se jubila, que se añadirá a los ya existentes actualmente, como son la edad de jubilación, los años cotizados y la cuantía cotizada. 

Otro frente es la revalorización anual de las pensiones, que en su día desligó del IPC y se estipuló que debe ser de un mínimo del 0,25% anual, y que podría ser superior en función de los ingresos del sistema (algo que no ha ocurrido desde que entró en vigor en 2014).

Supuestamente este mismo año (algunos portavoces hablan de trimestre, otros de semestre) el Pacto de Toledo debería intentar consensuar propuestas para que el Gobierno afronte con el mayor consenso y respaldo posible la reforma de las pensiones. En un contexto de precarización del empleo y progresivo envejecimiento de la población, la Seguridad Social cerró 2017 con un déficit por encima de los 18.000 millones y la “hucha de las pensiones” está cerca de agotarse.