Bruselas presenta en Davos el tribunal de arbitraje que quiere para futuros tratados comerciales
La Comisión Europea ha dado este viernes un paso más en su ofensiva diplomática para intentar implantar un tribunal multilateral de arbitraje permanente que resuelva las disputas entre Estados e inversores en los acuerdos comerciales. Una iniciativa que ha ideado junto al Gobierno de Canadá y que la Comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, se ha encargado de presentar en el Foro Económico de Davos.
El sistema está inspirado en el tribunal que Bruselas y Ottawa han acordado para el CETA y que se ha instaurado también en el acuerdo comercial que los veintiocho firmaron el pasado verano con Vietnam. La intención no es copiarlo “palabra por palabra”, explican fuentes europeas, pero sí recoge las ideas principales: crear una corte con ese carácter permanente, al margen de la justicia ordinaria; con posibilidad de apelación y formada por jueces dedicados exclusivamente al tribunal, para evitar conflictos de intereses.
La gran diferencia radica en su multilateralidad. Si el proyecto sale adelante, ya no habría que negociar un sistema de arbitraje en cada uno de los tratados comerciales que la UE firme en el futuro con terceros países. El objetivo, además, es que este tribunal substituya a los mecanismos de resolución de conflictos que Bruselas ha pactado en los más de 3.000 acuerdos de libre comercio.
Ganar adeptos
La idea de crear un sistema con estas características ya surgió en 2014, cuando la UE y Canadá negociaban el CETA. Alemania, Francia, Holanda y España son los máximos partidarios y Bruselas ha empezado ahora a presentar la propuesta en foros y reuniones internacionales para ganar adeptos.
En diciembre, la expuso en Ginebra por primera vez ante representantes de 60 países y la idea se acogió con interés, aunque aún existen muchas dudas al respecto. Aquella fue una reunión de carácter meramente técnico, mientras que en Davos se invitado a veintiocho ministros de Comercio de países extracomunitarios.
Entre los mayores detractores en la UE está el Reino Unido, apuntan las fuentes consultadas. El ex primer ministro David Cameron lo criticó, sobre todo, por el coste de los juicios. El Ejecutivo comunitario calcula que el tribunal podría tener unos costes anuales de entre 7 y 10 millones de euros, similar al de otras cortes internacionales similares, como la de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Este es uno de los temas que habría que negociar si la idea sale adelante. Un proceso largo que podría durar, como mínimo, cinco años, entre la negociación y la ratificación y no exento de dificultades. Entre otras, saber cómo la recibirá el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
También habrá que decidir si el tribunal formará parte de instituciones ya existentes (como la OMC) o es mejor dotarlo de una estructura propia. Esta última es, a priori, la idea por la que se decantan Bruselas y Canadá.
La creación del mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados ha sido una de las mayores críticas que se han hecho contra el CETA y el TTIP, el acuerdo comercial que la UE negociaba Estados Unidos, hoy paralizado, primero por el poco interés de Alemania y Francia y luego, por la irrupción de Trump. Este tipo de tribunal fue el principal caballo de batalla de la región belga de Valonia, que a punto estuvo de impedir la firma del tratado con Canadá. La propuesta actual sigue sin convencer a los detractores.
Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, cree que “la Comisión Europea pretende volver a legitimar un sistema contrario al Estado de Derecho y peligroso para la democracia”, que “da privilegios a inversores extranjeros, frente a pymes y ciudadanos”. Aunque reconoce que “puede mejorar” los tribunales de arbitraje implantados hasta ahora, sigue teniendo “severas dudas sobre la independencia” del procedimiento de arbitraje y los litigios que tengan que dirimir los jueces, porque en el proceso “no se puede escuchar a terceras partes implicadas, como sindicatos o comunidades afectadas”.
Estos tribunales también han sido criticados por el experto de la ONU en derechos humanos Alfred Zayas, para quien “ha llegado el momento de abolirlos”. “La ideología del libre mercado tiene que dar paso al sentido común y al compromiso de respetar los derechos humanos, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y atajar los retos urgentes del cambio climático”.
