España se libra de la multa por déficit, pero tendrá que recortar 10.000 millones

Bruselas ha dado una de cal y una de arena. La Comisión Europea ha anulado la multa económica a España por no haber tomado medidas para controlar el desvío del déficit, pero ha fijado una nueva senda fiscal que le obligará a recortar 10.000 millones de euros hasta 2018. Bruselas espera que el déficit nominal se sitúe en el 4,6% del PIB en 2016 y pide que se reduzca al 3,1% en 2017 y que se lleve al 2,2% en 2018. El ajuste estructural será del 0,5% del PIB en 2017 y de otro 0,5% en 2018, lo que supone un recorte de 10.000 millones de euros en los tres próximos años que caerán sobre las espaldas del nuevo gobierno.

La Comisión ha dado un espaldarazo al Gobierno al ahorrarle el escarnio político de la multa económica y el estigma de convertirse en el primer país, junto con Portugal, castigado por el déficit. Los dos años de oxígeno para corregirlo, sin embargo, están lejos de ser gratis.

“Concedemos dos años, pero si España no quiere ser el último país en salir del proceso de déficit excesivo tiene que acelerar los esfuerzos cuanto antes si se forma un gobierno”, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien ha recalcado que la Comisión confía en que así sea.

“Si se forma un gobierno en las próximas semanas es posible que España no se aleje mucho del 3% el año próximo”, ha señalado. La Comisión ha insistido en que los objetivos para España son “realistas”.

Bruselas ha hecho suyo el peor escenario pronosticado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que preveía que el déficit de 2016 podía elevarse incluso al 4,7%, muy por encima de lo vaticinado por el Gobierno y por la propia Comisión en primavera, cuando esperaba que se situase en el 3,9% este año. En 2015 el déficit quedó en el 5,1%, muy por encima del 4,2% pactado, algo que la Comisión atribuye a las rebajas de impuestos y aumentos del gasto en el año electoral.

Bruselas da ahora por perdido 2016 y deja los ajustes en manos del futuro gobierno, que tendrá que empezar a plasmarlos ya en los presupuestos para 2017. Además estrechará la vigilancia sobre el Gobierno.

Moscovici ha defendido que haber dado solo un año de prórroga habría requerido ajustes estructurales masivos hasta finales de año y en 2017, que hubiesen sido “muy costosos en términos de crecimiento y bastante inciertos a falta de una mayoría parlamentaria estable”. Han querido evitar, ha señalado, un nuevo incumplimiento que hubiese llevado a una multa automática del 0,5% del PIB.

En 2012, cuando concedió la primera prórroga al gobierno de Rajoy, Bruselas recomendó un aumento del IVA y cambios en el mercado laboral, que se saldaron con una reforma que flexibilizó el despido y elevó la edad de jubilación. Con la segunda, en 2013, pidieron medidas fiscales equivalentes al 4,5% del PIB hasta 2016.

La multa, cancelada

En plenas negociaciones para formar gobierno, la Comisión Europea ha dado una tregua al Ejecutivo de Rajoy, que lleva meses asegurando por boca del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que la multa se anularía. El organismo ha tenido en cuenta que Madrid y Lisboa han hecho “esfuerzos presupuestarios masivos y reformas estructurales importantes” y que aún tienen problemas sociales por resolver, especialmente el alto desempleo. También han pesado los “compromisos firmes” que el Gobierno ha hecho en su recurso, especialmente la reforma del impuesto de sociedades con la que el Gobierno prevé recaudar 6.000 millones de euros, según Moscovici.

El titular de asuntos económicos de la UE ha insistido en que la decisión se ajusta a las normas, pero no ha escondido su carácter político. “Una población que ha hecho tantos sacrificios no lo habría entendido (las sanciones). Pensamos que el enfoque punitivo no es el mejor en este momento”, ha explicado Moscovici, quien ha asegurado que en sus consultas con el Consejo han encontrado consenso para esta decisión.

“Sobre la mesa del colegio de comisarios había hoy tres opciones: la multa máxima, de 2.100 millones de euros y por la que nadie tenía apetito, una sanción simbólica y la cancelación. Aunque al final ha habido consenso, el debate ha sido intenso y el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ha jugado un rol decisivo a la hora de decantar la balanza”, según fuentes comunitarias.

Y es que la sanción ha divido a los 28 entre quienes creen que el indulto a España y Portugal alienta los incumplimientos y mina la credibilidad comunitaria –principalmente los nórdicos y los del centro de Europa– y quienes creen, como Francia o Italia, que las multas son contraproducentes en el momento actual. En Europa la recuperación solo es incipiente, el crecimiento se ralentiza, la salida de Reino Unido siembra incertidumbre y el descontento ciudadano con las instituciones no deja de crecer.

El Consejo de ministros de Economía de los 28 tiene ahora diez días para dar luz verde a esta multa, lo que previsiblemente harán sin fisuras y por procedimiento escrito.

La otra parte de la sanción, la congelación de los fondos estructurales para España, no se decidirá hasta después del verano, ya que la Comisión tiene que esperar a conocer la opinión del Parlamento Europeo aunque esta no sea vinculante.

Bruselas podría bloquear hasta la mitad de la financiación comunitaria o un máximo del 0,5 % del PIB (unos 5.000 millones de euros) que le corresponde a España en 2017, mermando el sustento de 78 programas destinados a las Comunidades Autónomas. La suspensión, sin embargo, puede cancelarse si España cumple con las condiciones que fijará la Comisión.