Burgos asegura que hay margen presupuestario para revalorizar las pensiones

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que hay margen presupuestario para revalorizar las pensiones en 2012, “pues en una sociedad que apuesta claramente por un sistema público sin fisuras siempre lo hay”.

En declaraciones a los medios tras la inauguración del seminario '25 años de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones', organizado por la Fundación Inverco, Burgos ha explicado que esa revalorización tiene margen “en la medida de que son créditos que pueden ampliarse en función de las necesidades del sistema, por lo que siempre cabe esa posibilidad”.

No obstante, el secretario de Estado cree que ése “no es el principal desafío al que se enfrenta el sistema actualmente”. En su opinión, “conviene hacer reformas para que el sistema se proteja a sí mismo de abusos y usos irregulares, ya que un sistema basado en la justicia social tiene que estar muy atento a que las pensiones respondan a criterios estrictos de necesidad”.

Burgos ha destacado que el Gobierno cree que todas las pensiones deben ser objeto de análisis y escrutinio, “porque la realidad es cambiante y las pensiones deben irse adaptando progresivamente”. El responsable de Seguridad Social ha avanzado que, en estos momentos, hay elementos de reforma “encima de la mesa” que afectan a las obligaciones anticipadas y a las parciales, “que son un objeto importante de sostenibilidad del sistema”.

Según Burgos, “mientras uno de cada dos ciudadanos deje el trabajo antes de la edad legal actual de 65 años, el sistema tendrá un problema a futuro, y ése es un elemento en el que hay que trabajar”. Para el secretario de Estado, la compatibilidad entre salario y pensión “también abre nuevos esquemas de permeabilidad entre la actividad y la jubilación”.

“Hasta ahora eran dos mundos separados, y creo que se debe avanzar claramente en esa dirección”, ha aseverado.

APUESTA POR PLANES COMPLEMENTARIOS A LAS PENSIONES.

Durante su discurso, el secretario de Estado ha “puesto en valor” la colaboración entre el sistema público de pensiones y los instrumentos de previsión complementaria. A su juicio, esa colaboración debe partir de una premisa “básica”, que la prioridad del Gobierno es reforzar el sistema público de Seguridad Social.

“El sistema público no puede con todo ni se le puede pedir lo que no puede dar, tenemos que ser conscientes de sus fortalezas y también de sus debilidades”, ha subrayado Burgos, quien considera que el sistema necesita de decisiones económicas y políticas “que lo mantengan en disposición de hacer frente a sus compromisos”.

Por ello, cree que es “perfectamente compatible” con la opción de abrir campos de colaboración con otros instrumentos de previsión y ahorro de responsabilidad colectiva y personal, “pues es bueno para los ciudadanos y es bueno para España”.

No obstante, ha resaltado que la única cautela que estableció el Pacto de Toledo en su última declaración al respecto es que las cantidades ingresadas en los fondos y planes de pensiones no podrán tener un tratamiento fiscal más favorable que la propia cuantía prevista como deducible en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades sobre cotizaciones sociales.

LA INFORMACIÓN SOBRE LA JUBILACIÓN PODRÍA TENER PERIODICIDAD ANUAL.

El responsable de Seguridad Social también se ha referido a la mejora de los instrumentos de información y sensibilización a los ciudadanos que deben tener tanto los sistemas públicos como los complementarios, “ya que ayudan a que la sociedad sea consciente de su pensión para que tome decisiones respecto a su ahorro y sus previsiones”.

En este sentido, Burgos ha avanzado que las comunicaciones sobre la previsión de pensión futura que los ciudadanos empezarían a recibir el próximo podrían tener una periodicidad anual, “pues tiene que ser lo suficientemente adecuada para que la gente tome las decisiones que les parezcan más convenientes”, aunque ha matizado que esa temporalidad debe establecerla la norma cuando se concrete.

Así, el secretario de Estado ha destacado que el sistema español tiene que optar por mejorar su capacidad de información y cercanía al ciudadano, y ha asegurado que esto no solo se debe a un mandato legal, “sino a una convicción del Gobierno y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.